Modesta Solano, 31 años. Darling Espinoza, 26 años. Mujer no identificada, 60 años. C.P.G., 12 años. De cualquier edad, ciudad, origen o credo; son algunas de las 800 mujeres nicaragüenses que en menos de una década fueron víctimas no sólo de la violencia de hombres sino también de la pasividad de los vecinos, de la sociedad, de la indiferencia del Estado y de la vigencia del sistema patriarcal.
Este 8 de marzo, mujeres y activistas feministas nicaragüenses conmemoran la esperanza de que las flores no sean llevadas a un sepelio ni entregadas en un ramo efímero como celebración, sino que se cumpla y promueva la Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, aprobada el 25 de enero de 2012.
«La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación», indica el capítulo I de la Ley.
Vanessa Cortéz, directora de la revista feminista La Boletina, expresó: “Esta es una ley que saca la violencia de lo privado y la lleva al contexto público, sobre todo para dejar en evidencia a los violentos y al sistema. Reconozcamos que todas/os somos responsables de disminuir la violencia, no sólo esa mujer que lo vive.”
«Se acabó el refrán que dice ‘los trapos sucios se lavan en la casa'», afirma Cortéz, y nos comparte los principales aspectos a relevar en la Ley, aclarando que no aborda solamente la violencia en la pareja sino también la violencia ejercida contra mujeres de todas las edades y en todos los contextos (calle, barrio, centro de trabajo, instituciones públicas):
Se penaliza el femicidio: La Ley describe las circunstancias por las que se nombra el feminicidio. «Es un gran avance -continúa Vanessa Cortéz- pues se reconoce el derecho intrínseco y bien protegido que es la vida de las mujeres.» «Quien cometa el delito de femicidio enfrentará una pena de entre 15 y 20 años de prisión, pero podría llegar a una sanción máxima de 30 años», cita el artículo 9.
Violencia patrimonial: El artículo 12 refiere a «Quien sustraiga, destruya, desaparezca bienes de la mujer será penado de 2 a 5 años de cárcel» y además «Quien impida, obligue a abandonar un trabajo remunerado será sancionado entre 1 a 3 años.»
Entre los otros nuevos delitos que contempla la ley están: La violencia física y psicológica, intimidación o amenaza contra la mujer, sustracción de hijos o hijas, violencia laboral, violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer y la omisión de denunciar, entre otros.
Este 8 de marzo las diferentes organizaciones feministas tienen preparadas diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. En Nicaragua se realizará una marcha nacional en la capital Managua para unificar esfuerzos en pro de la reivindicación de los derechos de las mujeres, restitución del aborto terapéutico y celebración de la aprobación de la ley 779. Además habrá otras actividades en las diferentes ciudades del país, como conversatorios, conciertos, vigilias y diálogos feministas.
En una entrevista publicada en La Boletina, Sandra Ramos López, coordinadora del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas «María Elena Cuadra», expresa: “Las verdaderas protagonistas de esta lucha ya no están, porque sus vidas fueron arrebatas por el simple hecho de ser mujer.” Y afirma que en su memoria y en nombre de las sobrevivientes que piden justicia, las mujeres organizadas velarán por el cumplimiento de la ley.
La contradicción es que si bien se aprobó la Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que es un paso significativo, sin embargo desde hace 6 años en Nicaragua, por ley, las mujeres estamos obligadas a continuar con embarazos que ponen en peligro no sólo nuestra salud, sino la vida, embarazos forzados productos de la violencia sexual y la violencia socialmente aceptada hacia nosotras. Ojalá nos den una respuesta pronto a esta situación y las mujeres en Nicaragua no sigan muriendo por no tener acceso a un aborto terapéutico, negación que violenta un derecho básico como es el de decidir vivir.