Por Jairo Ordoñez.
“Se trata de algo único. Informes de este tipo son pioneros y no son la regla a la hora de contar los hechos violentos de los conflictos armados”, dijo Iris Marín Ortiz, subdirectora general de la Unidad para la Atención y Reparación Íntegra a las Víctimas.
En el mismo sentido, se expresó Marcela Sánchez, activista y directora ejecutiva de la ONG Colombia Diversa: “Nosotros hemos venido trabajando mucho en el marco jurídico, pero desde hace más de 11 años nos estábamos preguntando, ¿qué pasa con los LGBT en el conflicto armado?. Esta investigación es la respuesta”.
El informe tiene información novedosa en el sentido que habla de un colectivo de víctimas histórica y socialmente muy excluido y por ello invisibilizado a la hora de contar el conflicto armado.
De acuerdo a Nancy Prada, coordinadora de la investigación, la mayoría de las víctimas fueron personas de escasos recursos económicos y sin mayor o ninguna influencia política o ideológica. Se trató de “un proyecto moral de ultraderecha, no se trataba de ganar dinero, tierras o recursos, se trataba de imponer una forma de ser, de mantener un orden patriarcal, hegemónico, heterosexual”.
El informe muestra, en sus más de 400 páginas, cómo además de los actores armados, miles de personas LGBT también debieron enfrentarse a sus propias familias, quienes en muchos casos los expulsaban de sus hogares a sabiendas de que podrían ser víctimas de paramilitares, guerrilleros o las fuerzas militares.
Y esto se debe a que la guerra lo que hizo fue “exacerbar una violencia estructural que ya existía y sigue existiendo”, enfatizó Nancy Prada.
Valga recordar que hasta mediados de los 80s, la homosexualidad, que para esa época englobaba a cualquier persona LGBT, era penalizada en Colombia y se le asociaba con delincuencia, inmoralidad, robos y pedofilia, entre otros imaginarios que incluso hoy perviven y que contribuyeron enormemente a validar y a justificar la violencia cometida contra este grupo social. Si bien los que cometían las atrocidades eran los actores armados, en muchas ocasiones estas acciones contaron con la aprobación o complicidad de la sociedad civil y del mismo Estado.
El libro contiene duros relatos de torturas, asesinatos, violaciones sistemáticas a mujeres lesbianas (las mal llamadas “violaciones correctivas”), el desplazamiento forzoso, la persecución a los que viven con VIH, las maternidades obligadas, las limpiezas sociales (matanzas de personas que se consideran moralmente detestables), y una larga serie de barbaries cometidas a lo largo de décadas, en muchos casos con total impunidad y teniendo claro de que hay un gran sub-registro de víctimas a causa de la misma violencia y del estigma social.
El libro también rinde homenaje a los y las que resistieron, a quienes hicieron respetar sus derechos, a los que han encontrado en el activismo o en el arte una manera de narrar y superar sus experiencias.
Como lo dijo durante el lanzamiento una mujer trans: “Tengo sentimientos confundidos, por un lado tristeza por las personas que murieron, como mi compañera de apartamento que fue asesinada; de otro lado, alegría de poder estar aquí y ver que hay tanta gente interesada en conocer nuestra historia”.
Y de eso se trata, de hacer memoria para reparar y evitar que la historia de horror se repita. Aunque como reconoce Iris Marín Ortiz: “Apenas estamos comenzando, para el Estado es un tema nuevo del que todavía falta mucho por investigar y por conocer, este es apenas un primer paso en un largo proceso”.
El reto ahora es que, independientemente de si se firma la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se consideren a todos los colombianos, independientemente de su género u orientación sexual, como ciudadanos con plenos derechos y se eliminen las causas de tanta violencia, para poder decir: Viva la diferencia!
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