Se discuten en Argentina dos proyectos de Ley para resarcir económicamente a las personas trans mayores de 40 años que por su situación generacional hayan sufrido los peores tratos que un Estado puede dar a sus ciudadanos: detenciones arbitrarias, discriminación social, educativa o sanitaria. En días anteriores
Estos proyectos han generado una encendida polémica y una campaña moralizante de amplios sectores de la población, que incluyen amenazas y ataques de todo tipo hacia el colectivo LGTBI.
Antecedentes
El 9 de mayo de mayo de 2012 el Senado de la Argentina aprobó por unanimidad la Ley de Identidad de Género, otorgando el derecho al reconocimiento de su identidad de género a miles de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales.
Hasta entonces, la criminalización de la diversidad sexual y particularmente de las personas trans, durante mucho tiempo estuvo escrita en otras leyes: los edictos policiales, que respaldaron políticas de persecución social orientadas al control y la normalización de grupos sociales considerados desviados por el poder estatal. Entre estos grupos figuraban los homosexuales y las personas trans, que forjaron su resistencia a pesar de la oscuridad represiva y policial que permitía la aplicación de los edictos y la Ley de Averiguación de antecedentes.
Los proyectos de Ley
La legisladora porteña María Rachid del Frente para la Victoria promueve uno de esos proyectos, que fue presentado en la Legislatura Porteña el año pasado.
Rachid es activista lesbiana, fundadora de la organización de lesbianas y mujeres bisexuales La Fulana y ex presidenta de la Federación Argentina LGBT, una de las referentes en la Argentina en la lucha por los derechos LGTBI. Su proyecto tiene por objeto la creación de un subsidio mensual para personas trans mayores de cuarenta años con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hayan realizado su cambio registral conforme la Ley de Identidad de Género.
Esta propuesta ha desatado una dura polémica. Varios medios de comunicación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -en manos de partidos de derecha- salieron a decir que el monto estimado era de $8.000 (aproximadamente U$S 900) cuando en realidad la cantidad solicitada es de $ 2.400 (aproximadamente U$S 300), como aclaró la Legisladora. Aunque si la iniciativa se aprobara “habría que ajustar el valor”.
El otro proyecto de Ley 8194 fue presentado en octubre en la Cámara de Diputados de la Nación, por la Diputada Nacional Diana Conti (también del Frente para la Victoria), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que avaló con su firma la propuesta colectiva impulsada por Abogad*s por los Derechos Sexuales (Abosex), Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual (Alitt), Futuro transgenérico y Movimiento Antidiscriminación de Liberación (MAL) y que se sustenta en una idea de Marlene Wayar (Directora de El Teje y de Futuro transgenérico).
Como señaláramos en un artículo anterior, esta ley tiene como finalidad establecer una pensión para aquellas personas que hubieran sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las Fuerzas de Seguridad federales y/o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal. Serían beneficiarias, las personas a las que se les haya aplicado los incisos (f) exhibirse vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario; (h) incitar u ofrecerse públicamente al acto carnal, sin distinción de sexos o (i) encontrarse un sujeto conocido como pervertido en compañía de un menor de 18 años del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina.
Las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el Código Penal, o alguno de los delitos contra la integridad sexual, tendrán un incremento de 30 por ciento.
Esta pensión sería de carácter independiente de cualquier otra reparación y será compatible con toda prestación de cualquier jurisdicción que estuviera percibiendo el/a solicitante.
Ataques, burlas y amenazas
La Legisladora Rachid y su proyecto han sido blanco de las más duras críticas desde distintos sectores de la población, fundamentalmente opositores al gobierno nacional de Cristina Kirchner.
Las burlas y las amenazas, los insultos lesbofóbicos y transfóbicos y las amenazas de todo tipo, dan cuenta del odio y el rencor que anida en muchos sectores de la sociedad argentina, sobre todo contra los derechos del colectivo de la diversidad sexual.
El proyecto de Rachid, como fue aclarado en distintos medios, tendría llegada a menos de cien personas. El proyecto de Diana Conti tendría que articular con las distintas provincias y ver que los censos poblaciones pudieran dar el marco adecuado para la llegada más justa.
Ambos proyectos intentan reparar de alguna manera una parte de la ausencia del Estado en relación a la protección de los derechos más fundamentales del colectivo trans, y a resarcir el dolor de un grupo de personas que sufrió prisiones y arrestos arbitrarios, muerte, destierro, humillaciones, discriminación y un largo etcétera mientras la población en general miraba para otro lado.
El colectivo trans fue quien más sufrió en cuerpo y alma la ausencia de un Estado que fue quien le infringió todo ese sufrimiento. Hoy ese Estado intenta reparar de alguna manera esa herida abierta.
Oponerse a esto es mucho más que una canallada.
Argentina 
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