«Ley de promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el VIH y el sida, para su prevención y atención»; tal es el nombre de la nueva ley de VIH en Nicaragua. De acuerdo con su primer artículo, se espera que esta ley garantice la defensa y cumplimiento de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, con énfasis en la atención integral de la salud.
Son 34 artículos con 8 capítulos los que trae la nueva ley, que generó muchas idas y venidas en los movimientos sociales y en el Ministerio de Salud (MINSA). Todo comenzó hace dos años, cuando se presentaron dos anteproyectos por separado. Recién el 18 de diciembre de 2012 se publicó el texto de la ley en La Gaceta, diario oficial del Estado, pero aún muy pocas personas fuera del sector saben de su existencia.
Las organizaciones no gubernamentales invirtieron muchos recursos humanos y económicos para promocionar la ley anterior; sin embargo, aún existe la percepción de que la sociedad nicaragüense no logró apropiarse de la nueva ley y conocerla a fondo.
El Dr. Miguel Orozco, director del Centro de Investigación de la Salud (CIES), expresó: «Considero a esta ley como un nuevo paso ante la respuesta. Representa y logra enunciar el aprendizaje de 20 años de respuesta que ha tenido Nicaragua a través de las diferentes modalidades de intervención, tanto de las organizaciones, institutos, cooperantes como Ministerios.»
Antes de la aprobación hubo revuelo pues el artículo 27 penalizaba la transmisión del VIH y obligaba a las personas a comunicar a los demás su situación con respecto al VIH. “Los miembros de la mesa de la diversidad sexual nos reunimos con carácter de urgencia e hicimos una revisión exhaustiva; además, los diputados extendieron un poco más de tiempo para revisar mejor ese caso. Se hicieron más consultas sobre ese artículo en específico y otras organizaciones como ANICP +VIDA y ASONVIHSIDA también expusieron sus apreciaciones”, expresó Alberto Mayorga, activista joven por los derechos humanos de la diversidad sexual. Hubo tanta confusión que incluso organizaciones de la sociedad civil y de personas con VIH se pronunciaban a favor de la penalización (ver artículo).
Se logró derogar esa propuesta y solamente quedaron las excepciones por las cuales la prueba será obligatoria: casos de violación, abuso sexual, explotación sexual, embarazadas, donantes de órganos o semen, y cuando una persona se encuentre en grave estado en un hospital. Este último fue un tema expresado por los médicos porque hay personas que llegan graves pero no dicen su situación por temor; sin embargo, en todos los casos se debe mantener el principio de confidencialidad y respeto de los derechos humanos.
Samira Montiel, Procuradora de la Diversidad Sexual pero además integrante del Comité de Consulta y Gestión para la aprobación de la ley, explicó que esta norma ha sido sumamente consultada: “La mayoría de las organizaciones fueron convocadas pero participaron las que quisieron; por ejemplo, en el foro que se realizó en Managua se contó con la presencia de casi 30 organizaciones. Y así hicimos muchos foros de consulta en todo el país. Las organizaciones lésbicas fueron convocadas pero ninguna llegó, así como las de otros sectores vulnerables.”
Sin embargo, Ana María Pizarro, activista feminista e integrante de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas (RSMLAC), manifestó que las organizaciones por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres han expresado su descontento por estar excluidas, aún antes de que el Fondo Mundial limitara su acceso a recursos financieros. Manifestó que incluso dentro de la CONISIDA no hay ninguna organización del movimiento de mujeres. En estos meses harán una sesión de análisis para expresar su posicionamiento.
“En el caso de la diversidad sexual, nos convocaron a todas las organizaciones, movimientos o asociaciones. Nosotros manifestamos que no había ningún artículo que mencionara la necesidad de las personas de la diversidad sexual. Gracias a esta consulta pudimos evidenciar la discriminación que vivimos en el sistema de salud en cada región, por ejemplo en las consultas supimos que a compañeras trans de algunos departamentos no las atendían si llegaban vestidas de mujer. También resaltamos la atención de poca calidad y a destiempo”, señaló Mayorga.
Un avance de esta ley se expresa en su artículo 20, donde dice que el tratamiento para las personas con VIH debe ser siempre accesible incluso en situaciones de emergencia nacional, siendo Nicaragua un país vulnerable a terremotos y huracanes. Samira Montiel se refirió a este punto en particular: “Hemos hablado con el Sistema Nacional para la Prevención de Desastres (Sinapred), que debe contar con un kit de antirretrovirales de emergencias. El problema es que nos quedó fuera la situación de las patentes porque seguimos amarrados a comprar a las transnacionales; la ley debería haber declarado los antirretrovirales como una necesidad nacional, para que el Estado asuma y compre genéricos más accesibles a Brasil e India, tomando en cuenta que pronto tendremos una reducción de donaciones por parte de los organismos financiadores.”
Expectativas ante la nueva ley
«Esperamos el buen manejo de la ley y que se haga la promoción debida, ya que esa fue la debilidad de la ley anterior, la gente no se apropió de ella. CONISIDA ahora tiene el arduo trabajo de promocionar esta ley», señaló Mayorga.
Cabe señalar que la CONISIDA tendrá seis comités especiales y aproximadamente 20 delegados representando los sectores considerados claves. Samira Montiel manifestó que: “Primero conformaremos la nueva CONISIDA, que es más grande que antes pero tenemos la esperanza de que haya mayor involucramiento de las organizaciones. Hay un asiento para cada población. El punto es que las organizaciones en su diversidad misma sean beligerantes en elegir a sus representantes dentro de CONISIDA.”
Es importante no pensar que esto solo compete al sector salud, pues se necesita la confluencia de los demás sectores (mujeres, juventud, gobierno local, empresa privada, Ministerio de Educación, entre otros) y enmarcarlo en el desarrollo del país. De no tomarse esto en cuenta se puede convertir en una gran debilidad de la ley.
“Nos queda el reto de su aplicación. ¿De dónde saldrán los recursos? La ley marca un referente legal y social pero aún falta expresarla en una política nacional, programas y recursos que respondan a esta política”, finalizó el Dr. Orozco.
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