La criminalización de la población civil, así como de las organizaciones humanitarias que prestan ayuda (o lo intentan) en Venezuela se ha agudizado en los últimos 50 días tras la proliferación de leyes, providencias administrativas, decretos y resoluciones contra el “terrorismo”, que se constituyen y se instauran como instrumentos jurídicos de inmediata ejecución.
Bajo una falsa legalidad, el país caribeño criminaliza la labor de defensores y defensoras de derechos humanos a través del uso indebido del Derecho Penal y la manipulación del poder punitivo del Estado. El 12 de enero, en el estado de Zulia, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (SIPEZ) allanaron la sede de la organización de la ONG Azul Positivo en Maracaibo, incautaron documentos, decomisaron tres computadoras, 12 tarjetas de beneficio de programa humanitario, el banco de datos de los beneficiarios y cinco celulares. Ese mismo día detuvieron a empleados de la organización, entre ellos Joan León, director general de la organización y se conoció que cinco serían procesados ante la jurisdicción militar.
El régimen venezolano persigue a quienes desean ayudar, los encarcelan y se atreve a presentarlos ante tribunales militares, como sucedió con los trabajadores de Azul Positivo. Para criminalizar la asistencia humanitaria de esta ONG, han considerado que apoya a bandas que “causan terror”.
Según denunció la Comisión de Derechos Humanos del Zulia (CODHEZ) en medios locales, “la incursión fue para realizar un procedimiento administrativo relacionado con su programa humanitario, la misma se extendió por más de seis horas”.
En horas de la tarde, CODHEZ aseguró que la detención de los integrantes de Azul Positivo “representa riesgos para la vida de las personas con VIH que atienden en el Zulia”, esto porque se deja sin protección a las familias en inseguridad alimentaria, y a las comunidades beneficiarias de sus programas.
Esta detención arbitraria también vulnera los principios y garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, consagradas en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ese mismo día, el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida en Venezuela, ONUSIDA VENEZUELA se pronunció vía Twitter y se sumó a la petición de libertad de los integrantes de Azul Positivo. «@AzulPositivo es una ONG con años de trabajo efectivo y responsable en pro de la respuesta del VIH en el Estado Zulia. ONUSIDA hace un llamado para que se aclaren los hechos ocurridos en el día de hoy (martes) y se respete la integridad y derechos de sus miembros», tuiteó.
Segundo día de Detención
El 13 enero, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, en contacto con Noticiero Digital (ND) dijo que trascurridas más de 24 horas desconocen información sobre la detención de los miembros de la ONG Azul Positivo en Maracaibo, ya que casi todos sus miembros fueron detenidos por la DGCIM. En el contacto telefónico, Daniels condenó la detención: «Todos los que podían declarar están detenidos, prácticamente se llevaron a la ONG completa, han detenido al núcleo básico completo. No hay quien pueda hablar, al chófer lo liberaron, pero se llevaron a todos los demás. También advirtió: «Todo es muy confuso y nos han dicho que es posible que los pasen a tribunales militares».
Reacciones Internacionales
Desde el día del allanamiento, las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en sida de América Latina, expresaron su rechazo a este hostigamiento a través de sus redes sociales.
Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró, el jueves 14 de enero, su preocupación por los «constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela», y pidió a las autoridades de ese país que pongan fin al acoso.
«Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a financiación recibida del exterior», señaló en un comunicado la portavoz de la oficina, Marta Hurtado.
Cuatro días antes, al menos tres medios de comunicación fueron objeto de ataques, en los que supuestos funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal. «Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo», añadió Hurtado.
La portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet agregó que este tipo de ataques van a menudo acompañados de declaraciones de funcionarios públicos que «exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal», así como de algunos medios.
Hurtado instó a las autoridades venezolanas a que «dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación». «Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida», concluyó.
Tribunal dicta prisión preventiva para cinco activistas
El 14 de enero, en horas de la mañana, se conoció que el Tribunal Militar 18 declinó su competencia para conocer del caso de los 5 miembros de Azul Positivo y lo remitió a la jurisdicción ordinaria. De igual manera, se supo que la jueza, Yesiré Rincón, del Tribunal Cuarto de Control de la Circunscripción Judicial de esa entidad, estaría a cargo de la causa penal en contra de Johan León Reyes, director general de la ONG, Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social.
La Fiscalía 77 del Ministerio Público presentó los cargos por delitos contra la legitimación de capitales, delitos económicos y fronterizos. La noche del mismo jueves, se dictó la medida privativa de libertad contra los cinco trabajadores y se ordenó su reclusión en la sede de la Dgcim en Maracaibo.
Solidaridad nacional e internacional contra el hostigamiento
Las organizaciones no gubernamentales han continuado pronunciándose a través de las redes sociales para exigir respeto y la liberación de los detenidos. PROVEA dijo a través de Twitter: «Exigimos cese al hostigamiento y criminalización del trabajo humanitario en Venezuela» y destacó que Azul Positivo «atendió a más de 9000 personas en el Zulia en 2020. Desde el 2015 han atendido a más de 43.000».
Por su parte, CIVILIS DD. HH. Señaló que «Es obligación del Estado garantizar un espacio humanitario seguro para asegurar la protección y el socorro de las personas que más lo necesitan».
El Centro para los Defensores y la Justicia también condenó el hostigamiento.
Nos faltan cinco
Desde el 17 de enero inició una campaña en redes sociales en la que organizaciones civiles exigen la inmediata libertad de los cinco trabajadores de Azul Positivo bajo el hashtag de #NosFaltan5.
Con videos o imágenes, organizaciones venezolanas e internacionales muestran su rechazo al hostigamiento y la criminalización de la labor humanitaria.
Todos podemos unirnos a la campaña en nuestras redes sociales compartiendo una foto, una imagen o un video con el hashtag #NosFaltan5.
Más percusión y hostigamiento a la sociedad civil en Venezuela
No es la primera ONG hostigada desde el gobierno. En febrero de 2019 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron la sede de la Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID) en el estado Carabobo. Los efectivos alegaron haber recibido denuncias por entrega de medicamentos vencidos.
A principios de 2020, en enero, la fundación Prepara Familia también recibió la visita de la policía y allanaron suministros y donaciones que distribuyen a pacientes del J. M. de los Ríos.
En septiembre, miembros de la ONG Acción Solidaria fueron detenidos, alegaron que vendían y distribuían medicamentos vencidos. La organización lucha contra el VIH y trabaja con el programa de acción humanitaria en Venezuela.
En noviembre de 2020, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive fueron víctimas de hostigamiento. La fundación, que tiene comedores en comunidades, fue allanada y sus cuentas bancarias fueron bloqueadas.
En diciembre, funcionarios policiales allanaron la sede en Caracas de la Asociación Civil Convite, organización que trabaja por la garantía y exigibilidad de los derechos sociales, y se llevaron detenidos durante dos horas a miembros del equipo.
¡Basta ya!
Venezuela 
Añadir comentario