Con la entrada del año 2017, el sistema de salud tambalea nuevamente ante una crisis que se arrastra desde hace varios años: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tiene una nómina alta de recurso humano bajo contrato, que incluye al personal de la Unidades Atención Integral del país, a cargo de la atención en VIH; los empleados bajo esta condición deben pasar un proceso burocrático para formalizar su contratación que puede durar de 2 a 9 meses, lo que implica que el empleado no percibe ningún honorario hasta terminar el proceso. Este año, algunos establecimientos de salud han dispuesto la suspensión de los trabajos hasta que las contrataciones se regularicen.
Para la Clínica Familiar Luis Ángel García, que se encuentra dentro del Hospital San Juan de Dios, en la ciudad de Guatemala, esta situación ha puesto en peligro la atención que se brinda a 2,600 usuarios con VIH, según lo dio a conocer la Red Legal y su Observatorio de derechos humanos, VIH y PEMAR en su comunicado.
De acuerdo con declaraciones de Eduardo Arathoon, Director de la Asociación Salud Integral y reconocido infectólogo guatemalteco, quien también labora dentro de la Clínica Familiar, a 11 empleados se les debe el salario de enero a septiembre de 2016; el incumplimiento se debe a un error administrativo en el proceso por parte del Hospital San Juan de Dios. Estas once personas representan casi la totalidad de los trabajadores de la clínica, y de no solucionarse podrían quedar sin atención más de 2,600 usuarios, ya que, según indicaciones de la Ministra de Salud, el empleado antes de laborar tiene que tener contrato firmado.
La ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Hernández Mack, confirmó estos datos a un medio local la semana pasada, e indicó que buscan los mecanismos para cancelar lo adeudado.
Otras clínicas también se han visto afectadas por esta situación en las ciudades de Retalhuleu, al occidente de la capital, y Cobán, al norte, afectando también al personal del departamento de malaria, ya que los directores han optado por no dejar ingresar a laboral al personal que se encuentra sin contrato.
Miguel* usuario de la Clínica Familiar, dijo a Corresponsales Clave que se enteró de la noticia por los medios de comunicación y se preocupó; se comunicó con otros usuarios y supo que sus citas para pruebas de CD4 y carga viral han sido reprogramadas. Él considera que la clínica está haciendo todo su esfuerzo y funcionando con el mínimo personal para no dejar descubierta la entrega de medicamentos.
Miguel se ha organizado con otros usuarios y han solicitado ayuda a organizaciones que protegen los derechos humanos de las personas con VIH para que se garantice el derecho a la salud. También mencionó que como usuarios, deben romper el silencio, mostrar su rostro y exigirle al Ministerio de Salud que se garantice la entrega de los medicamentos, exámenes y la atención. Algunos usuarios, dijo Miguel, han pensado en cambiarse de clínica, sin embargo esto no resuelve la problemática específica y, por el contrario traería otros problemas vinculados a la sobrepoblación de otros servicios.
La sociedad civil en Ciudad de Guatemala se ha organizado, y a través de la Red Legal y su Observatorio, están iniciando acciones con un comunicado y solicitando al Procurador de los Derechos Humanos que supervise 14 Unidades de Atención Integral donde se sospecha existen problemas de este tipo. Las organizaciones han hecho énfasis en que la salud es un derecho fundamental y es obligación del Estado de Guatemala garantizarlo.
De no resolver con prontitud está situación, se abrirá más la brecha para alcanzar los compromisos que Guatemala ha asumido para fortalecer las clínicas de atención integral dentro de la Fase III que actualmente se está ejecutando con el Fondo Mundial, así como eliminar la discriminación a las poblaciones más afectadas por el VIH y alcanzar las metas 90 – 90 – 90.
*Se ha cambiado el nombre del usuario para proteger su confidencialidad.
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