Preocupación ha generado entre activistas y personas que viven con VIH de Chile, la información de trasladar algunas prestaciones de salud, actualmente ofrecidas en los hospitales de mediana y alta complejidad de la red pública de salud, hacia los centros de salud familiar – CESFAM- dependientes de la atención primaria (APS). Según el MINSAL la medida apuntaría a descentralizar y optimizar recursos humanos y financieros en la respuesta al VIH y sida en el país. De cualquier forma, se trata de una decisión inconsulta.
Es importante señalar que esta medida obedecería a un plan de trabajo informado por el Ministerio de Salud a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en un esfuerzo por fortalecer las estrategias de intervención aplicadas en materia de VIH a lo largo del país, pero que aún no ha sido regularizado formalmente. La respuesta de la autoridad ministerial se materializa luego de la publicación del Informe anual sobre sida, sistematizado por ONUSIDA, que posiciona a Chile como el país con el mayor aumento de nuevos casos de VIH a nivel latinoamericano.
Tal como lo ha señalado Corresponsales Clave en notas previas, las alarmantes cifras han puesto en evidencia que las medidas implementadas por el Estado de Chile para dar respuesta al VIH fueron insuficientes y su impacto muy limitado en la población. Al respecto, diversos actores sociales y comunitarios venían denunciando desde hace más de un año en distintas instancias una serie de brechas en el acceso al diagnóstico, políticas de prevención efectivas y actualización de diversos instrumentos técnicos, y solicitando por diversos medios, una mayor participación e involucramiento en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas públicas.
Exigen mayor participación de organizaciones de sociedad civil
Ante la ausencia de una respuesta clara y la limitada información sobre los mecanismos y estrategias de intervención en VIH, un grupo de personas que viven con el virus y que se atienden en diversos hospitales a lo largo del país, lideraron un fuerte movimiento comunitario exigiendo al Ministerio de Salud, a través de sendos requerimientos ante la Contraloría General de la Republica, el Poder Judicial y los medios de comunicación, una mayor participación e involucramiento de sus organizaciones e información sobre las políticas en salud y VIH. Sin embargo, el Programa Nacional de Prevención y Control del VIH-Sida se ha limitado a entregar información genérica y no oficial, dificultando el seguimiento.
La crisis del VIH se ha agudizado en el país, entre otras razones, debido a la falta de espacios para el diálogo y el involucramiento real de las comunidades afectadas, lo cual evidencia la ausencia de un modelo de participación de las organizaciones de personas que viven con VIH y otras poblaciones vulnerables en los espacios de decisión.
Si bien la Ley de Sida es clarificadora en cuanto a disponer que la comunidad afectada debe involucrarse en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, lo cierto que esta importante materia, queda a la interpretación y al buen o mal criterio de las autoridades de turno, a quienes corresponde definir caso a caso, el alcance y especificidad de esta participación.
Sin diálogo, sin intersectorialidad
La crisis ha puesto sobre el tapete diversos temas que no se discutían desde hace mucho, como la intersectorialidad de la respuesta al VIH.
El trabajo intersectorial es casi inexistente. El Ministerio de Salud se ha limitado a suscribir convenios de colaboración con otros actores gubernamentales sin resultados específicos, como es el caso del Ministerio de Educación que no ha asumido el rol que le corresponde en cuanto a establecer estrategias y políticas educativas en sexualidad por citar un ejemplo.
Punto aparte es la respuesta regional con escasa participación intersectorial; el presupuesto disminuye año a año y achica con él las estrategias de entrega de preservativos, dejando de asegurar su disponibilidad para las poblaciones claves. A pesar de los anuncios de las autoridades ministeriales, muchas regiones carecen en este momento de preservativos, por retrasos en los procesos de compra.
La respuesta al VIH en el país, enfrenta desafíos que deben ser abordados integralmente, y en cuyo abordaje la participación de las comunidades claves debe ser efectiva y garantizar la representación de todos los colectivos a través de líderes que cuenten con las capacidades técnicas y políticas necesarias, con respaldo institucional y credibilidad social. La puesta en marcha de los espacios de discusión deben garantizar la participación democrática y -sobre todo- un flujograma de acceso a la información, que permita una efectiva interacción entre todos los actores involucrados que, a pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones de la sociedad civil, no se ha podido concretizar.
Las organizaciones sociales deben fortalecer los caminos para el diálogo y la participación en igualdad de condiciones, a fin de generar liderazgos que restablezcan las confianzas interinstitucionales. Por su parte, el Estado de Chile, debe generar espacios de discusión, entregando información oportuna, de calidad y veraz, para avanzar hacia sus compromisos internacionales.
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