La sola posibilidad que la atención de las personas con VIH pase de hospitales de alta complejidad a hospitales de baja complejidad, o incluso a los centros de atención primaria de salud (APS), ha generado un amplio rechazo en distintas organizaciones de la sociedad civil de Chile, lo que incluso motivó, en agosto, un recurso de protección en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo, el que fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Este movimiento también incluyó, el mismo mes, una toma pacífica de la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya que este cambio en el modelo formaría parte de las recomendaciones de esa entidad al gobierno chileno para poner fin a la epidemia.
En ambas acciones han estado Fundación Savia, ARPEVIH de Antofagasta, la Red Nacional de Pueblos Originarios en Respuesta al VIH (RENPO), la Coordinadora de Personas con VIH del Maule, la Fundación de Redes de Orientación en Salud Social (RED OSS) y la agrupación de personas con VIH del Hospital San José de Santiago.
En esa línea, RENPO lanzó, en noviembre, una declaración pública –disponible en este vínculo– en la que manifestó al Ministerio de Salud que este nuevo modelo de atención “que implicará el traslado de usuarios desde hospitales públicos especializados a consultorios primarios, violará el convenio internacional, particularmente el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que resguarda el derecho a la consulta” a los pueblos indígenas en materias que les afectan directamente.
Para las organizaciones no indígenas, una medida de este tipo tampoco es bienvenida; primero, porque no ha sido consultada con la sociedad civil; segundo, porque vulneraría el derecho a la privacidad y a la confidencialidad del estado de salud de las personas con VIH, ante la posibilidad de verse expuestas a personas conocidas de sus barrios que se atienden en los consultorios de atención primaria, lo que ahora no ocurre en los hospitales de alta complejidad; el impacto que tendría lo anterior en conductas de estigma y discriminación; y la necesidad de atención médica especializada (por ejemplo, inmunología) no disponible en la APS.
Descentralizar e integrar
Lo cierto es que, a la fecha, el Ministerio de Salud (MINSAL) solo ha manifestado que, dentro de un paquete de medidas para mejorar el modelo de atención, se iniciaría la descentralización desde 35 hospitales a más establecimientos, dentro de las llamadas redes integrales de servicios de salud (RISS), lo que incluiría a los centros de salud familiar (CESFAM) que son del nivel primario.
En una sesión de la comisión de salud de la Cámara de Diputados, el 31 de julio, cuando estaba desatada la polémica por el informe de ONUSIDA que colocó a Chile como el país con más aumento de casos de América Latina y el Caribe, el jefe del programa de VIH del MINSAL, Edgardo Vera, dijo textualmente que “una recomendación fuerte por parte de la Organización Mundial de la Salud es la descentralización de la atención en VIH a hospitales de mediana y baja complejidad, e incorporando a la atención primaria en la atención de los pacientes”.
En otra sesión, en la misma instancia parlamentaria, el 7 de agosto, Vera acotó que este nuevo modelo busca “una integración entre atención primaria y atención secundaria, que esto no implica, como se ha dicho en algunas partes, que se va a derivar a pacientes a la atención primaria; sino que, en el fondo, va a generar protocolos de referencia y contrarreferencia que permiten que, por ejemplo, cosas tan simples como el manejo de la hipertensión, el control de mujer por matronería, el EMPA (examen de medicina preventiva), sean efectivos y las personas viviendo con VIH puedan tener acceso efectivo a estas terapias y considerando a los consultorios que tienen especialistas en atención primaria”.
Ante este escenario, en el que aún no hay detalles operativos de la medida, la confederación de funcionarios de la salud municipal (CONFUSAM), que agrupa a los trabajadores de los CESFAM y de la atención primaria, y la Plataforma Social en VIH-SIDA hicieron entrega pública de una carta –disponible en este vínculo– a la ministra Castillo. En el documento, pidieron todos los antecedentes del caso, ya que tendrían información respecto a que los controles médicos, tratamiento y entrega de medicación para personas con VIH pasarían a ser responsabilidad de dichos establecimientos de salud.
Encrucijada del 90-90-90
Sin duda, los próximos meses serán claves para zanjar cuáles serán las reales implicancias de esta descentralización, que forma parte de un entramado de medidas: plan piloto de test rápido en CESFAM; estrategia pre y post exposición (PEP y PrEP); inicio de tratamiento antirretroviral (TARV) desde el diagnóstico (test&treat); mejoras en la canasta de TARV para reducir toxicidad e incorporar nuevas terapias de una sola dosis; y plan para vincular al control médico a todas las personas con diagnóstico, entre otras.
Todo lo anterior para avanzar en las metas globales de 90-90-90, planteadas por ONUSIDA, que buscan llegar a 90 por ciento de diagnóstico, tratamiento y de carga viral indetectable, entre las personas con VIH.
Ahora, como han dicho las organizaciones de la sociedad civil, estos cambios quedan cojos si no hay una consulta directa a las personas con VIH respecto a lo que quieren y necesitan; si no se asegura la pertinencia cultural indígena de las acciones; si no se asegura la calidad de la atención, libre de estigma y discriminación; o si no hay esfuerzos sistemáticos para prevenir las infecciones desde la educación sexual, las campañas de comunicación social y el acceso masivo al preservativo (tanto masculino como femenino).
En esta encrucijada, queda que el MINSAL aproveche al máximo las mesas de trabajo que ha pactado con la sociedad civil, los pueblos indígenas y las personas trans, para que sean espacios reales de participación y diálogo, no solo para informar, sino para que las organizaciones tomen, junto a la autoridad, decisiones vinculantes en las acciones del programa de VIH.
Chile 
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