Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en enero de 2017, firmó la salida de su país del acuerdo transpacífico de cooperación económica (TPP), se pensó que dicho tratado había llegado a su fin. Las organizaciones de la sociedad civil, que habían alertado sobre el impacto que tendría sobre ámbitos claves para la vida diaria de las personas, como el acceso y precio de los medicamentos, respiraron aliviadas.
Sin embargo, no contaron con la porfía de Chile que logró resucitarlo y que los 11 países restantes, entre ellos Perú y México, firmaran el texto del ahora CPTPP o TPP11 (Tratado integral y progresista de asociación transpacífico), el pasado 8 de marzo, en su capital, Santiago, quedando ahora pendiente la ratificación por los parlamentos de las naciones que lo suscribieron.
Ante este escenario, la Corporación Innovarte y la Fundación Equidad que se han opuesto al TPP desde su inicio, advirtieron a Corresponsales Clave que el tratado beneficiará a la industria farmacéutica, con mayores plazos para las patentes de medicamentos biológicos y químicos, a costa del bolsillo de los ciudadanos y de las arcas fiscales.
Lo anterior, paradójicamente, cuando el Ministerio de Salud de Chile, por primera vez en la historia, y en medio del cambio de mandato presidencial, declaró una licencia obligatoria para un medicamento clave (y de altísimo costo) para el tratamiento de la Hepatitis C, enfermedad que, en el país, podría afectar a más 150 mil personas.
Datos de prueba
Tomás Lagomarsino, de Fundación Equidad y vocero de la Plataforma Chile Mejor sin TPP, en un contacto con Corresponsales Clave, manifestó que le parece una vergüenza que Chile insista en un tratado que viola sistemáticamente derechos fundamentales, entre ellos, el acceso y la disponibilidad de los medicamentos.
Explicó que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) ya establece 20 años de protección para todas las industrias, incluida la farmacéutica. Sobre esto, dijo, el TPP11 contiene disposiciones para que los países miembros estandaricen sus normativas para ampliar este plazo para los laboratorios en lo vinculado a la protección de datos de prueba o información no divulgada.
Esto quiere decir que estas transnacionales pueden impedir que la competencia inscriba y comercialice medicamentos genéricos o bioequivalentes, al restringir el acceso a los estudios que han demostrado la eficacia y seguridad de estos.
Así, Perú y México sumarían 5 años adicionales para los fármacos tradicionales a base de compuestos químicos (en Chile ya está vigente desde su TLC con Estados Unidos); este plazo extra afectará también a todos los países miembros en caso de que se demuestre que un medicamento es útil para otra enfermedad o “información no divulgada para segundos usos”, lo que puede afectar la capacidad de compra de los estados para implementar políticas públicas en salud.
Lagomarsino enfatizó una disposición suspendida transitoriamente en el TTP11 respecto a la información no divulgada para medicamentos biológicos (cuya sustancia activa es extraída de un organismo vivo) que agrega 8 años a los 20 de propiedad intelectual y que podría tener un gran impacto en fármacos que son de altísimo costo, debido a la tecnología que involucran, y que ofrecen terapias para los cánceres y las enfermedades autoinmunes.
El vocero advirtió que esta disposición suspendida puede ser reactivada, en cualquier momento, por la comisión de seguimiento del TTP11 sin que tenga que mediar el pronunciamiento de los congresos de los estados miembros.
Licencia obligatoria
Luis Villarroel, de Corporación Innovarte, también conversó con Corresponsales Clave, y coincidió con Lagomarsino en que las disposiciones sobre protección de datos para medicamentos biológicos son perjudiciales para Chile, ya que es un estándar que ahora no existe, y porque adicionalmente se entrega a las transnacionales estadounidenses justo lo que desean sin que dicho país esté en el tratado y pueda, por lo mismo, dar algo en compensación.
Sin embargo, en este contexto, para Innovarte es más prioritario el trabajo que llevan adelante para implementar la inédita licencia obligatoria del Ministerio de Salud de Chile para el antiviral de acción directa: sofosbuvir del laboratorio Gilead (y distribuido por Gavor) para el tratamiento de la hepatitis C.
Este mecanismo excepcional, previsto en el TRIPS y en el TPP11, si bien no revoca la patente a su titular, permite al estado autorizar a una tercera empresa producir o importar el medicamento, mediando el pago de una compensación al dueño, lo que redunda en un costo final menor para el mismo Estado o para los consumidores.
Villarroel comentó que es un instrumento usado, en Latinoamérica, por los gobiernos de Brasil y de Ecuador, por ejemplo, para la respuesta al VIH en la compra de antirretrovirales; y que, en el caso de Chile y Perú, no ha prosperado por falta de voluntad política.
El abogado recordó que Chile, a través del sistema de garantías explícitas en salud o Plan Auge, da cobertura al diagnóstico, control médico y tratamiento de la hepatitis C, pero que el presupuesto disponible solo alcanza para 300 tratamientos de sofosbuvir, en circunstancias que hay 8 mil casos reportados y que estos podrían ser, en realidad, 150 mil. Lo anterior porque el antiviral patentado tiene un costo para el estado de 10 mil dólares por tratamiento, lo que podría bajar a menos de 400 con un genérico.
Por lo mismo, hace dos años inició un trabajo con agrupaciones de pacientes y parlamentarios para educar respecto a las licencias obligatorias, hacer una solicitud formal al Ministerio de Salud en marzo de 2017 respecto a este fármaco y lograr que emitiera un decreto el 9 de marzo pasado, a pocos días de la salida del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Lo que se viene
Tanto respecto a la ratificación definitiva del TTP11 como al resultado final de la licencia obligatoria para el sofosbuvir todavía hay etapas que quemar que podrían poner en entredicho un resultado satisfactorio para las organizaciones de la sociedad civil.
Lagomarsino de Fundación Equidad afirmó que tienen un trabajo avanzado en el congreso, ya que lograron que distintos candidatos, ahora parlamentarios en ejercicio desde el 11 de marzo, firmaran una moratoria para no ratificar más tratados de libre comercio a menos que el Estado dé cuenta de estudios de impacto de los TLC ya vigentes. “Y les seguiremos informando sobre los efectos del tratado no solo en medicamentos sino en la soberanía nacional”, dijo.
Respecto a la licencia obligatoria para la hepatitis C, acotó que el Ministerio de Salud debe sentarse ahora a negociar con el laboratorio Gilead. Si la empresa baja sus precios a un nivel asequible podría no perseverar en el mecanismo o, de lo contrario, continuar con el trámite ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI). En este último escenario, agregó, la farmacéutica podría apelar al Tribunal de Propiedad Intelectual y a la Corte Suprema, lo que implicaría unos 5 años.
Villarroel, por su parte, espera que se dé un debate parlamentario informado respecto al TTP11 y que los congresistas se tomen el tiempo necesario para analizar los beneficios y costos del tratado. “Cuando se discutió el TLC con Estados Unidos, se hizo en dos días. Así no se puede discutir el contenido de estas propuestas”, opinó.
En cuanto a la licencia obligatoria del sofosbuvir aclaró que una opción abierta es que una entidad privada o de la sociedad civil utilice el decreto de la autoridad de salud para gestionar su importación. De todos modos, prevé que un impacto inmediato sea que el laboratorio baje sus precios, ya que estos mecanismos son una señal clara para que las farmacéuticas no sigan abusando y sean más cautelosas. Sobre una eventual apelación, afirmó que aún no saben qué hará la empresa, pero que “significaría mucha madurez de parte de ella aceptarlo”.
Asimismo, confía en que el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera avance en la implementación de este decreto, ya que “ha dicho que el tema de acceso a la salud es una prioridad y ha propuesto un pacto nacional y está consciente de los precios abusivos”.
Chile 
Hola, sin tanto rodeo, quisiera comentar que como alumna de 3ro medio de un colegio municipal y de clase baja, me gustaría que las informaciones que involucran a toda la comunidad sean redactadas con un lenguaje menos rebuscado o menos culto. Comprendo que es un texto informativo que requiere de un grado de formalidad, pero en mi opinión, el lenguaje debe de adaptarse al público, que en este caso es toda la comunidad. Queda al descubierto el intento de redactar correctamente este comentario, que quizás contiene algunos errores ortográficos.
Por favor, adapten la redacción para un público más popular. En mi caso, me cuesta comprender la información a pesar de intentar, pero Qué sucede con los obreros que quizás quieren informarse, pero por no tener una educación que alcance el nivel de este texto