La Fundación Margen, integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), presentó esta semana en la ciudad de Santiago un importante estudio sobre el trabajo sexual en Chile, realizado por las propias trabajadoras sexuales, que pone en evidencia un conjunto de situaciones que fomentan la vulnerabilidad de quienes ejercen esta actividad, quienes deben enfrentar un conjunto de brechas institucionales y legales que obstaculizan el ejercicio libre y seguro de un oficio estigmatizado “por constituir una práctica transgresora” para la conservadora estructura social de la sociedad chilena.
El trabajo sexual en Chile, según datos de Fundación Margen, continúa siendo una actividad discriminada, prueba de ello es que aún las trabajadoras sexuales quedan relegadas a los anecdotarios o a la crónica roja de los periódicos y noticieros de televisión, sin ser consideradas en otras facetas de la vida social, cultural o política.
En este contexto, denuncian exclusión de la sociedad, particularmente de las políticas gubernamentales, que no las consideran como sujetas de derecho en el escenario productivo y laboral del país; asimismo, representantes de la institución sostienen que, a pesar de los esfuerzos desplegados, no han logrado poner en el debate público la discusión sobre el carácter de trabajo de la actividad, ni menos la exigencia de una regulación laboral propia.
La realidad del comercio sexual en Chile difiere mucho del lugar en el cual se ejerce y es posible desagregar diferentes modalidades y perspectivas, siendo en primera instancia una actividad de sobrevivencia, parte de la llamada economía informal en la cual un número importante de mujeres locales y migrantes se ven en muchas oportunidades precisadas a ejercer el trabajo sexual como una forma de aportar a la economía familiar, ello considerando que en Chile, aún existen enormes brechas sociales, principalmente en el ámbito rural, cuya precariedad económica se sustenta en el trabajo de temporada. Por otro lado, son cada vez más las mujeres que consideran esta actividad como una actividad económica rentable que les permite alcanzar y mantener un buen nivel de vida.
La legislación chilena no penaliza el ejercicio del trabajo sexual entre personas adultas; por su parte, el Código Sanitario en su artículo 41 reconoce el trabajo sexual, pero lo restringe a espacios cerrados; mientras el artículo 373 del Código Penal sanciona las “ofensas a la moral y las buenas costumbres”, facultad legal que utiliza la policía para hostigar a las trabajadoras sexuales, lo que ellas denominan como violencia institucional.
Según Fundación Margen, los actores implicados en la violencia institucional son principalmente Carabineros de Chile, uniformados y civiles, agentes de la Policía de Investigaciones, inspectores municipales, inspectores sanitarios y, en el ámbito de la justicia, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Las autoridades, justificando su ilegal actuar, se amparan en procedimientos y normativas desactualizadas a la realidad nacional actual, que representan una justificación institucional para vulnerar los derechos humanos al aplicar sanciones y medidas restrictivas a las trabajadoras sexuales, particularmente mujeres migrantes quienes en muchos casos no cuentan con su situación migratoria regularizada, acentuando su vulnerabilidad frente al sistema y fomentando que funcionarios inescrupulosos abusen de su estatus público para conseguir favores o, incluso, obtener servicios sexuales gratuitos. Es necesario subsanar esta situación a la brevedad.
Entre las situaciones de violencia institucional que enfrentan las trabajadoras sexuales en Chile, recogidas en el informe, destaca la constante amenaza de los agentes de seguridad, amparados en la aplicación de la Ley 20.931 que posibilita el control de identidad preventivo. Tal resquicio legal se utiliza no sólo para perseguir a jóvenes pobres y migrantes, sino también a trabajadoras sexuales, quienes se ven expuestas a allanamientos de rutina en sus lugares de contacto, sin orden judicial previa, situación que constituye una estrategia policial de hostigamiento y estigmatización de las zonas de la ciudad donde se concentra el trabajo sexual.
Las denuncias por violación a los derechos humanos de trabajadoras sexuales se reflejan en la “Encuesta de Violencia Institucional” aplicada por las dirigentes de Fundación Margen entre los meses de mayo y agosto de 2017. De entre los resultados, cabe mencionar:
– Un 61,21% de las mujeres que declara haber sido retenida por las fuerzas de seguridad señala que fue debido a un control de identidad preventivo.
– Un 74,39% de las mujeres que relatan haber vivido allanamientos en sus lugares de trabajo menciona que éste fue debido a un control de identidad preventivo.De las mujeres que vivieron allanamientos, un 84,14% señala que éste fue realizado sin una orden judicial.
– Un 73,81% de las mujeres encuestadas declara haber sido detenida por revisión de antecedentes y controles de rutina, ambas medidas superan las facultades de las fuerzas de seguridad.
– Un 63,23% de las mujeres que vivieron algún tipo de violencia no la denunciaron formalmente por miedo a represalias.
Pese a todo, el trabajo sexual en Chile se ha institucionalizado y constituye un espacio que no está ajeno a los alcances de las leyes de mercado y de trabajo, de ahí la importancia de contar con una regulación específica. La regulación del comercio sexual constituye una lucha histórica de las trabajadoras sexuales, que se ha visto dificultado por la indefinición de la legislación chilena respecto del trabajo sexual adulto y consentido.
Por otra parte, en el colectivo social, está fuertemente arraigada la creencia que el trabajo sexual está estrechamente vinculado con la presencia de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, creencia generalizada en los profesionales de salud que abusan de ella para exigir más allá de la exigencia legal los controles sobre salud sexual, controles que no son obligatorios, situación que fomenta la estigmatización sobre la actividad. Este hecho no se condice con la aplaudida preocupación y el constante compromiso por la prevención de las infecciones de transmisión sexual de parte de Fundación Margen, trabajo que día a día, noche a noche, desarrolla con las trabajadoras sexuales entregando información e insumos preventivos, responsabilidad social que no ha sido valorada por las autoridades sanitarias. Las trabajadoras sexuales chilenas son un ejemplo en la región por la baja prevalencia de VIH y otras ITS, que evidencia un trabajo en equipo y constante.
El Estado de Chile y las autoridades de salud y trabajo deben remediar las condiciones laborales de inequidad, precariedad, informalidad y clandestinidad en que se desarrolla el trabajo sexual en el país. Para ello, es necesario profundizar las instancias de diálogo y el trabajo conjunto con las organizaciones sociales con miras a formalizar el comercio sexual como una actividad legalmente reconocida, permitiendo la formulación de políticas que atiendan a las necesidades sectoriales. Asimismo, es esencial una política que diseñe e implemente mecanismos efectivos para prevenir, combatir y sancionar la discriminación y toda forma de violencia en contra de las trabajadoras sexuales en general y, especialmente, en sus entornos laborales.
Chile 
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