Todo comenzó el 8 de abril con un reportaje en el noticiero central de Canal 13, una de las principales cadenas de televisión de Chile, llamado “Él me contagió el VIH”. A los dos días, dos diputados, Juan Manuel Fuenzalida y Juan Antonio Coloma, presentaron un proyecto de ley para modificar el Código Penal y tipificar “como delito, el contagio del virus del VIH”.
Así, en menos de una semana, quedaba instalado un tema totalmente ausente del debate sobre el explosivo aumento de personas notificadas con VIH (96% del 2000 al 2017): la criminalización de las personas con VIH; una estrategia que, hasta el momento, ha sido descartada de plano por los nuevos funcionarios del Ministerio de Salud en las reuniones que han tenido con dirigentes de la sociedad civil en respuesta al VIH.
Sin embargo, la moción parlamentaria aún sigue su trámite; de hecho, ya pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, lo que pone en entredicho el logro de las organizaciones que, el año 2001, lograron una Ley del VIH que no incluyó la persecución penal de la transmisión intencional.
Las pretensiones de criminalizar la transmisión del VIH ha estado presente en propuestas normativas en Perú, República Dominicana, El Salvador y Panamá. En algunos países, se han aprobado artículos que obligan a revelar el diagnóstico a las parejas sexuales, cuyo incumplimiento podría conllevar a una sanción.
“El me contagió”
La periodista Claudia Godoy de “Tele13”, nombre del noticiero central de Canal 13 en horario prime, empezó así su reportaje: “¿Cuántas personas que caminan a nuestro lado, actualmente, viven con VIH? Solo el 2017, se confirmaron más de cinco mil nuevos casos y hay personas que se dedican a transmitir el virus intencionalmente, destruyendo la vida de otros”.
Con estas palabras profundamente estigmatizantes, la periodista dio cuenta de la primera acción legal en Chile por transmisión intencional de VIH, a raíz de una denuncia de un joven gay de Santiago contra un médico que conoció a través de la aplicación Grindr. Las críticas llovieron por redes sociales, donde líderes de opinión calificaron el reportaje de “morboso, oportunista e irresponsable”.
Michael Díaz, de la Coordinadora Nacional de Atención en VIH/Sida del Maule, hizo una declaración pública en la que afirmó que “es injusto culpabilizar a priori a las personas viviendo con VIH, las que a su juicio son agentes de prevención. Estigmatizarlos por casos puntuales atenta contra la ética periodística. Esto no niega que la transmisión dolosa deba ser investigada y sancionada, pero ello no implica generalizar una conducta reprochable con las prácticas de sexo seguro de miles de personas que viven con VIH-Sida, consecuentes de su estado y que aplican medidas de prevención.”
Hasta tres años de cárcel
La moción parlamentaria de los diputados Fuenzalida y Coloma, ambos del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), tiene un preámbulo en el que pretenden justificar la criminalización en vista del aumento de casos de VIH en el país y la experiencia de otros países en esta materia, como Estados Unidos y España.
Asimismo, detalla las condiciones en que habría un delito de este tipo: “a) Conocimiento por parte del Infractor de ser portador de la enfermedad; b) Intención de contagiar a otra persona; c) Transmisión del VIH a otra persona y d) Participación en conducta que eleva el riesgo de transmisión”.
De esta forma, el proyecto de ley busca que se agregue un nuevo artículo al Código Penal para sancionar esta conducta con cárcel, que podría ir de los 61 días a los 3 años: “El que a sabiendas de ser portador del virus del VIH y que se encuentra en el período que puede efectivamente transmitirlo, contagiare o pusiere en peligro la vida o salud mediante relaciones sexuales a otra persona sin contar con su conocimiento o anuencia, se le aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”.
NO a la criminalización
Rosa Trigo, de la agrupación Juntos por la Vida de Arica, y Claudia Vargas, de la agrupación Pukara de Coquimbo, participaron en una jornada de trabajo con la sociedad civil convocada por el Ministerio de Salud, el 7 de mayo, para aunar criterios para el nuevo Plan nacional de respuesta al VIH que será lanzado oficialmente en las próximas semanas.
Ambas dirigentes conversaron con Corresponsales Clave desde Santiago y afirmaron que, en esa reunión, tanto la encargada nacional del programa de VIH, Ana María San Martín, como el médico asesor de dicho programa, Carlos Beltrán, fueron enfáticos en rechazar el proyecto de ley de criminalización por ir en el sentido contrario a las medidas de salud pública que busca impulsar el actual gobierno de Sebastián Piñera.
Trigo y Vargas comentaron que los argumentos contra el proyecto de ley estuvieron centrados en que agudizaría la problemática de estigma y discriminación contra las personas con VIH, que pondría en riesgo la confidencialidad del diagnóstico que garantiza la actual legislación; y que tendría un impacto negativo en el diagnóstico, ya que sería un enorme desincentivo para solicitar el test de ELISA o el test rápido de VIH. Ambas enfatizaron que la ruta correcta es la corresponsabilidad y el autocuidado.
A estos argumentos habría que sumar la declaración pública del 12 de abril de la coordinadora del Maule: “Es penoso intentar detener la propagación del VIH con este tipo de leyes que solo fomentan la ignorancia, castigan a las víctimas y aumentan las probabilidades de que el VIH continúe en aumento”.
Chile 
Todavía me impacta la irresponsabilidad con que se manejan algunos comunicadores con su lenguaje prensado de odio.
Estimada Miranda: Estoy de acuerdo y agrego que también mucha gente se cuelga de este periodismo y de leyes como esta para validar el odio y la discriminación como estrategia de respuesta al VIH. En twitter una persona me decía que estaba de acuerdo con castigar con cárcel a los hombres que transmiten el VIH a sus esposas y parejas en situaciones de violencia de género… Estoy de acuerdo que la violencia pone a las mujeres en vulnerabilidad frente al VIH, pero creo firmemente que encarcelar a las personas con VIH no es la solución. La solución es más lenta, difícil y trabajosa, como es empoderar a las mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos.
En Bolivia, el Código Penal sanciona con 5 a 10 años de privación de libertad a la transmisión dolosa del VIH (y con otras penas a ITS y otras enfermedades). Aunque los legisladores actuales han sancionado un Código del Sistema Penal que no eliminaba este extremo pero disminuía la pena a menos años de reclusión. El Código de Sistema Penal fue derogado antes de su aplicación y es un tema pendiente que la SC debe atender.
Aun en la región, la progresividad de los Derechos Humanos es la deuda social que no deja de crecer en materia legislativa, calificativos como; “las personas con vih son un problema” y, “las intenciones de criminalización de la transmisión intencional”, deja en evidencia la ausencia de un compromiso responsable de parte de los Estados en materia de protección contra la discriminación a las personas que viven con vih y la respuesta del control y prevención de la epidemia como garantía del Derecho Humano a la vida.