El estado de Querétaro figura dentro de las entidades de México que reconocen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, a pesar de la jurisprudencia temática publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2015 en la que avala el matrimonio como la unión entre dos personas sin distinción de su género.
Pese a las restricciones al matrimonio igualitario en el estado, las exigencias por parte de la sociedad civil organizada no se han hecho esperar, es el caso de la “Acción Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales” formada en el primer semestre de 2015 como un esfuerzo por posicionar el tema del matrimonio igualitario, las familias diversas y la no violencia contra la mujer en las agendas de los candidatos a ocupar cargos públicos. Esta iniciativa se ha mantenido en el tiempo y de ello hablamos con Lluvia Cervantes integrante de la acción y coordinadora en Querétaro de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser).
Dos de las actividades realizadas en el último bimestre de 2015 por la “Acción Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales” fue la presentación del informe “Niñas y Mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México”, que documenta las violaciones a derechos de mujeres en la entidad, y segundo, fue el foro ciudadano “La mía también es familia”, que contó con la participación de funcionarios públicos y mesas de trabajo, entre ellas una correspondiente a familias homoparentales.
Con ambas actividades se buscó generar espacios de interlocución entre sociedad civil y gobierno. La importancia de ello, explicó Lluvia Cervantes, es que el reconocimiento del modelo de familia homoparental “tiene que ver con protección jurídica para que no tengan trabas al momento (…) de ejercer sus derechos en acceso a vivienda, en prestación de servicios públicos (…) cuando la persona se presenta como integrante de una familia no tradicional o está tratando de conformar una nueva”.
Sin embargo, algunos funcionarios públicos en Querétaro, provenientes de las filas del Partido Acción Nacional, han insistido en la idea de crear un Instituto de la Familia desde una visión singular. Al respecto Lluvia Cervantes explicó que el sentido de las declaraciones visibilizan que en el estado “van esfuerzos directos para limitar los derechos”, pese a la obligación que tienen los funcionarios de rendir cuentas y generar políticas públicas desde el reconocimiento de la ciudadanía y no desde sus intereses personales.
Para Cervantes, en Querétaro “son indispensables políticas públicas para (…) poblaciones que todavía, en lo concreto, están presentando vulneraciones”. Así, planteó que los esfuerzos de funcionarios públicos y, en particular, la legislatura estatal tienen que modificar las leyes locales con base a las recomendaciones de la SCJN en materia de matrimonio igualitario y hacer del tema una vía de sensibilización a la sociedad.
Hablar hoy en día de matrimonio igualitario es reconocer jurídicamente a las personas que viven en un modelo de familia distinta a la heterosexual y proveer a este grupo del acceso a servicios públicos como aquellos que están encaminados al cuidado de la salud. Punto que, sin escusas, nos remite a ver, en la práctica, la prevención combinada del VIH, que entre sus componentes incluye generar cambios en las leyes que reconozcan los derechos de las personas afectadas por este virus.M
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