¿Cómo se financian los servicios de salud?
Será quizás la pregunta que nos hacemos cuando pensamos sobre la necesidad de aumentar significativamente el acceso y la cobertura, incluyendo su sostenibilidad. La realidad es que 800 millones de personas pagan de sus bolsillos el acceso a los servicios esenciales de salud, especialmente en países en vías de desarrollo. Esto significa que cualquier condición de salud en un integrante de la familia puede tener consecuencias catastróficas.
En este artículo les compartimos también un video de la OMS producido para la discusión de Cobertura Universal que se centra en este tema: https://youtu.be/azbaxrg75A4
Quizás sea obvio, pero si no se destinan mayores recursos financieros en los países, la Cobertura Universal será una quimera. Y en este sentido, aunque parezca un juego de palabras, es clave reforzar la noción de acceso a la salud, pues esta nos permite siempre pensar en los condicionantes socio-económicos que son una barrera para recibir servicios sanitarios oportunos y de calidad.
Es más común ver organizaciones de personas con enfermedades incidiendo para aumentar el acceso, la cobertura y cuidar el impacto económico de los usuarios de los sistemas. Pero muchas veces queda en un segundo plano la prevención y la promoción de la salud. Y cuando hablamos de vidas y de recursos financieros, no cabe duda que para nuestros sistemas, como para nuestras personas, “es preferible prevenir que curar o tratar”.
Si seguimos la postura que la salud es un derecho y como tal es responsabilidad de los gobiernos protegerla, estos deben destinar los recursos financieros necesarios y los medios para que esto llegue a los servicios en tiempo y de manera sostenida.
¿Dónde están los recursos para la salud?
En los presupuestos nacionales y provinciales de salud; muchas veces pobremente asignados, con bajo nivel de gasto y eficacia, y susceptibles a la corrupción. En países de Renta Media, en particular, sorprendería una auditoría sobre la gestión de los presupuestos de salud, con servicios de salud con profesionales precarizados y falta de insumos, al final de cada ejercicio fiscal la cartera de salud devuelve dinero no utilizado.
Aun así, para cumplir las metas del tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible y lograr una Cobertura Universal Sanitaria para el 2030, la mayoría de nuestros países, no sólo necesitarán ser más eficientes en la gestión, sino que -sin lugar a dudas- se requerirá más dinero. La Organización Mundial de la Salud estima que se necesitarán casi cuatro trillones de dólares americanos para prevenir la muerte prematura de 97 millones de personas y que los países deberán incrementar no menos del 1% de su Producto Bruto Interno en inversión en salud. Para estos esfuerzos financieros para temas como son la cobertura sanitaria, medidas ambientales, educación, entre otros, es necesario aumentar el la disponibilidad presupuestaria por medio del aumento del espacio fiscal.
¿Qué es el espacio fiscal y cómo se usa?
En sentido estricto, el espacio fiscal se refiere a la cantidad de libertad que tienen los gobiernos para controlar tanto sus ingresos como sus gastos. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirá que los gobiernos hagan el mejor uso posible tanto de sus ingresos a nivel nacional como de la ayuda internacional.
La definición del Fondo Monetario Internacional para el espacio fiscal es el margen que existe dentro del presupuesto público para adjudicar mayores recursos sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la de la economía. Esta definición hace foco en la cantidad de recursos que se encuentren actualmente disponibles.
En cambio desde la perspectiva de la sociedad civil, por el contrario nos enfocamos en la capacidad del gobierno para financiar la infraestructura económica y social necesaria para contribuir al crecimiento y al desarrollo, sin tener que limitarse necesariamente a los recursos existentes. Los recursos adicionales, incluyendo el incremento o inclusión de impuestos estratégicos (como por ejemplo a la renta financiera o la reducción de la evasión), ampliarían el espacio fiscal de forma tal que se podría invertir más en las actividades prioritarias. La ampliación del espacio fiscal es una de la principales herramientas de movilización de recursos domésticos en forma sostenible que se puedan dirigir con autonomía para atender temas sociales, sanitarios y del desarrollo.
Asignar los recursos necesarios
Durante la presentación del informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 realizada en junio en el Centro para el Desarrollo Global, en Washington, Estados Unidos, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, reafirmó la importancia de fortalecer los ingresos públicos para tener mayor capacidad de movilizar recursos internos que permitan financiar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y los requerimientos de desarrollo de la región. La CEPAL ha dado un mensaje muy claro, si en nuestra región no se aumenta significativamente el espacio fiscal no se podrán cumplir las metas 2030, entre ellas las de Salud.
Así también, CEPAL considera que más allá de la determinación de la renta per cápita que reciben nuestros países del Banco Mundial, es prematura la retirada de la cooperación internacional para el desarrollo. El principal impedimento para un mejor acceso a los recursos del espacio fiscal es la pobre gestión, la evasión y la corrupción. La corrupción, un problema sistémico en la mayoría de los países en vías de desarrollo, se traduce por ejemplo en infraestructura sanitaria con sobreprecios que nunca se terminan, por ende la ecuación es que la corrupción enferma y mata.
Será necesario incrementar las asignaciones para los programas de salud del presupuesto nacional, con decisiones basadas en evidencias; saber dónde y en qué focalizar los recursos es clave y la información estratégica en salud es vital. En América Latina y el Caribe, en cada uno de sus países, están los recursos financieros para cumplir con las metas de desarrollo y, en particular, para responder a la demanda de la Cobertura Universal Sanitaria, lo que hace falta es decisión política. Seguramente las prioridades y asignaciones cambiarían si la salud, el medio ambiente y la educación fueran una variable electoral, por ahora son una obligación incumplida de los Estados.
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