El 8 de marzo, mientras en la mayoría de los países de América Latina y el mundo se oían discursos en favor de los derechos de las mujeres en toda su diversidad, mientras las marchas de miles de mujeres en Colombia celebraban el respeto pleno del derecho de las mujeres a decidir, el Congreso guatemalteco aprobó una Ley que violenta a las mujeres, de manera particular, y obstruye los derechos de la comunidad LGBTIQ. Hoy, dos días después, el presidente Alejandro Giammattei ha pedido su archivamiento y anuncia que la vetará.
La Iniciativa 5272 o mal llamada Ley para la protección de la vida y la familia (disponible en este vínculo) fue presentada en 2017 y al año siguiente, luego de dos debates, fue archivada. Sin embargo, poco tiempo después fue puesta nuevamente en discusión por el ex presidente Jimmy Morales para distraer a la población de las acusaciones que se tenía en su contra sobre sus vínculos con el narcotráfico.
Hace dos días, en medio de nuevas acusaciones de corrupción al gobierno de Guatemala que involucran al propio presidente actual, Alejandro Giammattei, el Congreso aprobó la cuestionada iniciativa y desató las protestas de diversos grupos de defensores de derechos humanos tanto dentro como fuera del país y motivó el rechazo de organismos internacionales.
Mujeres sin derecho a decidir
La pretendida norma establece multas y penas de privación de libertad para las mujeres que aborten -voluntaria e involuntariamente-, así como penas para el personal de salud que practique el aborto. Las penas pueden llegas hasta los 25 años y no son conmutables.
Las organizaciones de mujeres y defensores de derechos humanos se pronunciaron de inmediato y se han manifestado incansablemente en las calles de la Ciudad de Guatemala para expresar su rechazo a esta ley que significa un retroceso en los derechos a la salud y la vida de las mujeres.
“Guatemala había sido uno de los países que había avanzado en materia de derechos humanos y específicamente de la población LGBTIQ, de las mujeres, de la niñez; hoy estamos retrocediendo muchos años”, manifiesta una líder comunitaria en una de las protestas que se motivaron en los útlimos días.
Otra manifestante instó a los diputados a “googlear para que se enteren un poco como es el proceso de la reproducción humana, no lo van a encontrar en la biblia, lo van a encontrar en los libros de biología”, en respuesta a las afirmaciones que algunos hicieran durante el debate, aduciendo que para la prevención de los embarazos existen los anticonceptivos.
No hay derechos para las personas LGBTIQ
La iniciativa 5272 también pretende establecer barreras para el avance en el respeto de los derechos de las personas del mismo sexo. Tras argumentar aspectos del derecho civil, prohibe el matrimonio entre personas del mismo sexo, invalida cualquier unión de hecho de parejas del mismo sexo y, aunque sutilmente, valida los discursos de odio, al señalar que “Ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género, siempre que no hubiere infringido disposición legal alguna o hubiere atentado contra la vida, la integridad o la dignidad de las personas o grupos que manifiesten conductas y prácticas distintas a la heterosexualidad”.
Las organizaciones de defensa de los derechos de las personas LGBTIQ también expresaron su rechazo frente a estas pretenciones de retroceso en derechos de la diversidad sexual. A través de las redes sociales, la Asociación Somos emitió algunos videos con las declaraciones de personas que rechazaban la ley. “Es terrible ver como Guatemala sigue desangrándose por los deseos de unos cuantos, (…) la ley 5272 es un gran crimen a los derechos humanos de las y los guatemaltecos, (…) que juzga los esfuerzos de miles de familias que no están en sus cánones idealizados; (…) criminalizando a mujeres por decidir sobre sus cuerpos, criminalizando a la comunidad LGBTIQ…”, dice un activista.
Guatemala sin educación sexual integral y sin familias diversas
El articulado de la ley también señala que los únicos responsables de la educación sexual son los padres de familia y prohibe cualquier programa o política de educación en sexualidad en instituciones públicas o privadas.
Por otro lado, señala que la familia es aquella constituida por el hombre, la mujer y los hijos, desconociendo la realidad que millones de familias guatemaltecas diversas.
El veto o la inconstitucionalidad, el camino
La ex diputada Sandra Morán, ferviente opositora a la iniciativa desde que fuera propuesta en 2017 y partícipe de su archivamiento en 2018, se manifestó de inmediato a través de sus redes sociales y se unió a las manifestaciones en contra de la Ley: “ahora (sigue) la anulación de la ley en el Congreso, eso se exige. Si no sucede, se exige el veto presidencial y si eso no funciona la inconstitucionalidad. Esa es la ruta en los próximos quince dias”, expresó en su cuenta de Facebook con firmeza.
El 9 de marzo, el presidente Alejandro Giammattei, celebró la declaración de Guatemala como la Capital Provida de Iberoamérica y develó un monumento por la vida en el Palacio Nacional. Estas actividades hacían prever que la aprobación final de la Ley sería inevitable y que las organizaciones de defensa de derechos humanos debían ir por denunciar la inconstitucionalidad de la nueva norma.
Sin embargo, esta tarde, en un discurso a la prensa, el presidente pidió al Congreso que archive la norma ya que viola la Constitución de la República. También dijo que en caso no sea archivada por el Congreso, vetaría la norma si llegara a su despacho.
Las próximas tres semanas son decisivas para detener la promulgación de esta ley; pero es importante anotar que las fuerzas conservadoras del Congreso han ido promulgando normas en los últimos meses que limitan derechos para las comunidades más vulnerables y que ponen en evidencia una estrategia que va más allá de esta grotesca iniciativa.
Las organizaciones de la sociedad civil deberán mantener la unidad que han mostrado en estos últimos días para enfrentarse a estos embates conservadores y hacer prevalecer el respeto de los derechos humanos.
Guatemala 
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