Como comentamos en un artículo anterior, el ambiente político guatemalteco y las dinámicas de las instituciones legislativas constituyen el principal obstáculo para garantizar una transición armoniosa entre las fases del proyecto financiado por el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial) en Guatemala
El día miércoles pasado, la Procuraduría de Derechos Humanos se sumó a los movimientos sociales involucrados en la respuesta al VIH y a la tuberculosis y al Mecanismo de Coordinación de País (MCP) para hacer un llamado al Presidente de la República para que, con carácter de urgencia, emitiera un acuerdo gubernativo, para que antes del 31 de marzo sea aprobado por el Congreso.
Al día siguiente, el jueves por la mañana, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado y celebró una misa de rogativa para hacer un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad con los más vulnerables por parte del estado de Guatemala. Luego de la misa, los y las participantes se encaminaron hacia el palacio legislativo para continuar el diálogo con las diferentes bancadas, donde se percibe apertura y voluntad política para conocer y votar la iniciativa a la brevedad.
El mismo jueves por la mañana, una comisión integrada por la Presidenta del MCP, Ana Castellanos; el Coordinador de la subvención de VIH, Efraín López; Hugo Valladares, representante de las personas afectadas; Aldo Dávila, representante de la Asociación Gente Positiva; Silvia Navarrete, Directora de Defensorías de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Secretaría Técnica del MCP, Dory Lucas, sostuvieron una reunión con el Presidente de la Comisión de Salud, Roberto Kestler, para garantizar que el martes próximo sea leída y aprobada la Iniciativa de Ley 4825, que autorizaría al Ministerio de Salud recibir donaciones del Fondo Mundial.
El retraso en la emisión del decreto 4825 trae a la mente la sombra del desabastecimiento de medicamentos que afectaría a las más de catorce mil personas que reciben tratamiento antirretroviral, ya que es por todos conocido que la permanente crisis presupuestaria del actual gobierno, no ha permitido que éste asuma los procesos de adquisición y costos de los medicamentos, ni mucho menos la contratación del personal clave a cargo de estos procesos que se ha formado y capacitado a través de los años del proyecto.
Pese a la premura y los retos que supone la transición de una fase a otra del proyecto en el país, sorprende la lentitud de algunos actores políticos para movilizar acciones que contribuyan a consolidar la respuesta nacional a la epidemia.
Sin embargo, con el documento redactado y presentado formalmente por el ejecutivo, algunos jefes de bancada del Congreso de la República han asumido verbalmente el compromiso para postergar sus agendas y priorizar la presentación de la iniciativa, la cual –si todo va bien- se aprobaría con carácter de urgencia nacional.
Toda esta situación hace que las organizaciones y activistas involucradas en la respuesta al Sida se pregunten: ¿Qué nivel de importancia o prioridad tiene la respuesta nacional a la epidemia para los actores políticos? ¿Cómo asumirán los movimientos sociales esta nueva fase, matizada por las resistencias políticas y el inminente año electoral?
El día de mañana sabremos si al final el tema se asumirá con la madurez necesaria o si nuevamente se postergará en la agenda legislativa. Por ahora, los movimientos sociales afinan sus estrategias para incidir en las y los legisladores y consolidar así el proyecto que, por ahora, es el eje medular de la respuesta nacional a la epidemia en Guatemala.
Nota
Luego de la publicación de este artículo, el día jueves 27 de marzo fue aprobado por el Congreso del a República de Guatemala el Decreto 4825 que autoriza la recepción de los recursos del Fondo Mundial.
Puede encontrar información adicional en los diarios locales: http://www.prensalibre.com/noticias/politica/donacion-sida-vih-mocion_privilegiada-congreso_0_1109289282.html
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