Hace diez días que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva a solicitud de Costa Rica. El pequeño país centroamericano que ha cambiado la historia de América Latina preguntó a la Corte si la Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho a cambiar de nombre según la identidad de género; si debería garantizarse que el proceso pueda realizarse por la vía administrativa y no judicial, como ocurre actualmente en el país. También consultó si, según la Convención Americana, deben reconocerse derechos patrimoniales a las parejas conformadas por personas del mismo sexo, y si debe existir una figura jurídica que regule esos vínculos.
Conversamos sobre el proceso con Dayana Hernández, directora de la Asociación Transvida. “La consulta se pide porque desde el 2010 las personas trans exigimos el derecho al nombre y el respeto a la identidad (en Costa Rica) y en el 2012 presentamos una acción para cambio y corrección de nombre; la archivan, y entonces vamos a Defensoría de los habitantes, nos pronunciamos y luego presentamos un recurso de amparo en la Sala Constitucional contra el Registro Civil, por haber archivado y no tomar el tema con seriedad, ya que es el encargado de esta instancia el responsable de resolver administrativamente”, contó Hernández.
Luego de varios plantones y marchas en el Poder Judicial e introducir un Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa, las organizaciones que promueven el respeto del derecho a la identidad de género se acercaron al Poder Ejecutivo para buscar un camino que hiciera posible el respeto a la Identidad de género y el ejercicio pleno de sus derechos.
“Me impresionó la respuesta (de la Corte); las personas defensoras de derechos humanos tenemos claro que el Sistema Interamericano es la instancia internacional de protección máxima, resuelve lo que los países internamente no pueden resolver; no me sorprendió, yo sabía que iba a haber una respuesta positiva, que es vinculante para los 20 países que conforman la OEA”, mencionó la activista.
La Opinión de la Corte allana el camino para que Costa Rica implemente una vía administrativa muy sencilla que garantice el derecho al nombre y a la identidad de género de las personas trans.
Corresponsales Clave también conversó con Larissa Arroyo, abogada especialista de derechos humanos y directora de Acción Estratégica por los derechos humanos (ACCEDER), para conocer sus impresiones: “fue de mucha sorpresa, de mucha alegría y lágrimas, muchas personas han quedado en el camino después de sufrir violencia y discriminación por su orientación sexual e identidad de género (…) y las personas que hemos estado luchando algunos años por el derecho a la igualdad y no discriminación. Yo, honestamente, sabía que esto iba a pasar, pero jamás pensé que fuera a pasar tan pronto; esto significa un impacto no solo para el país con obligaciones Estatales, sino para la región; incluso para el mundo”, dijo.
Para Arroyo, esta Opinión Consultiva además pondrá en la discusión otros temas que van más allá de la orientación sexual y la identidad de género; como la discriminación por raza, etnia o género.
La respuesta de la Corte también ordena a Costa Rica a que garantice todos los derechos existentes en la legislación a las personas del mismo sexo, incluyendo el derecho al matrimonio, y que no exista ninguna distinción respecto de los derechos que le asisten a las parejas heterosexuales.
En la región, los países que contaban con el matrimonio igualitario hasta ahora eran Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y algunos estados de México, por lo que esta segunda parte de la Opinión Consultiva significará un gran cambio a nivel regional.
Es importante mencionar que detrás de todo este escenario jurídico, hay personas celebrando este logro, donde el amor ha ganado y triunfado.
Mañana, 20 de enero, un lugar muy frecuentado por las personas LGBTI de San José será testigo del primer matrimonio entre dos personas del mismo sexo: Roberth Castillo y Mario Arias. “Para nosotros, el fallo de la corte fue sorprendente, maravilloso, nunca esperamos que fuera así de contundente, la primera impresión fue celebrar, sobre todo porque gracias a él mi vida cambiará para bien”, dijo Castillo a Corresponsales Clave. Sin embargo, Arias y Castillo aún tendrán que esperar algunos días para que el matrimonio sea inscrito en el Registro Civil.
Costa Rica ha demostrado estar comprometida con la Opinión Consultiva de la Corte y ya ha cursado comunicaciones oficiales a las diversas instituciones para que adecuen sus procesos a la misma. “Lo que esperamos de parte del Estado es que cuando nos casemos acate el pronunciamiento de la Corte de forma inmediata, sin esperas ni excusas”, manifiesta Roberth.
El documento de la Corte entusiasma a todas las personas defensoras de derechos humanos de las comunidades LGTBI de América Latina y anima a decir que el amor y la lucha por los derechos de las personas LGTBI triunfarán.
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Nota de actualización: En la tarde del 19 de enero, luego de la publicación de esta nota, Roberth y Mario debieron posponer su boda ya que la Dirección Nacional de Notariado prohibió a la notaría que certificaría el matrimonio que casara a parejas del mismo sexo. Puede ver más información aquí.
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