La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica envió un comunicado el pasado martes informando la decisión de retirar a dicha instancia de la subvención financiada por el Fondo Mundial. La preocupación de las organizaciones de sociedad civil ha motivado diversas reacciones.
La situación de la respuesta al VIH se vio sacudida la semana pasada cuando se conoció la decisión de la Defensoría de los Habitantes, representados por Catalina Crespo, de abandonar la subvención “Costa Rica un modelo de sostenibilidad de prevención combinada y atención a la población de hombres que tienen sexo con hombres y Trans femenina”.
En el comunicado la Defensoría de los Habitantes manifiesta “la precariedad de la situación presupuestaria” de la institución y hace una alusión a que no puede ser juez y parte ante un reclamo que se presente. “(…) Frente a la precariedad de la situación presupuestaria de la Defensoría de los Habitantes, se torna materialmente imposible para la institución continuar con el Convenio Marco con HIVOS (…) Conforme lo expuesto, con todo respeto se comunica a HIVOS que la Defensoría de los Habitantes lamentablemente debe dar por terminado el Convenio Marco”, dice el documento.
Esta decisión, que será efectiva a partir del 10 de marzo, alertó a las organizaciones involucradas en la respuesta al VIH y que atienden a las diversas poblaciones clave del proyecto país que desarrollan actividades orientadas a mejorar el entorno legal, social y político para el ejercicio pleno de los derechos humanos de los hombres que tienen sexo con otros hombres y poblaciones trans que viven con VIH.
Es importante recordar que ONUSIDA señala que “Un enfoque basado en los derechos humanos es esencial para poner fin al sida como amenaza para la salud pública. Los enfoques basados en los derechos crean un entorno propicio para que las repuestas al VIH puedan tener éxito, y reafirman la dignidad de las personas que viven con el VIH o que son vulnerables a él”, por lo que el involucramiento responsables de velar por el respeto de los derechos humanos es clave en la respuesta a la epidemia.
La respuesta de la sociedad civil
Las organizaciones de sociedad civil se han unido en una estrategia articulada, que permita frenar esta decisión que debilitaría los procesos avanzados en materia de salud y derechos humanos en el país.
Algunas personas temen que esta decisión sea parte de acciones articuladas de un movimiento antiderechos y que evidencia alguna suerte de acuerdo entre la Defensora de los Habitantes y los grupos fundamentalistas que la llevaron a ese puesto.
La Defensoría de los Habitantes ha estado comprometida en velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Así lo reconoce Rosibel Zúñiga, directora ejecutiva de la Asociación Esperanza Viva, formada por personas con VIH que brinda servicios a personas con VIH, en una carta enviada a la Defensora: “(…) El papel de la Defensoría de los y las Habitantes de la República (en adelante la Defensoría), ha sido esencial para el seguimiento y garantía de los derechos de las personas con VIH en el país”, señala. Y añade que “el involucramiento de la Defensoría, en temas relacionados con el VIH es por lo tanto parte de sus funciones legales, no sólo en cumplimiento de la ley indicada, sino también de múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos que fortalecen nuestro Estado Social de Derecho y ello ha permitido que en Costa Rica las personas con VIH cuenten con un marco jurídico que busca proteger y garantizar sus derechos”.
Finalmente, solicita que la Defensoría de los Habitantes se retracte de dicha decisión y retome el trabajo de protección y defensa de los derechos humanos de las personas más afectadas por la epidemia.
La respuesta del Ministerio de Salud
La viceministra de Salud, Alejandra Acuña, también envió una comunicación a la defensora de los habitantes para solicitar que reconsidere la decisión y continúe con el apoyo al proyecto país de forma que pueda recibir el soporte financiero que estaba previsto y que aliviaría a la Defensoría del recorte presupuestario que sufrieron.
Acuña fue clara en su comunicación al señalar que “la ruptura del convenio podría significar un mensaje ambivalente a las personas que viven con VIH, las poblaciones afectadas y las organizaciones de sociedad civil, pues en un momento de crisis financiera más bien supondría el aprovechamiento de los recursos disponibles de dicho financiamiento, siendo un medio para las instituciones nacionales en la ejecución de sus acciones y competencias”.
Las diversas organizaciones, activistas y representantes de las poblaciones más afectadas por la epidemia han mostrado su preocupación por esta comunicación. Además de las comunicaciones descritas en este artículo, otras organizaciones han publicado pronunciamientos al respecto.
La respuesta al VIH debe estar fuertemente ligada a la defensa y protección de los derechos humanos, por lo que es imperativo que las instancias responsables de velar por ellos se involucren directamente en dicha respuesta. Esperamos que la Defensoría de los habitantes retome las actividades comprometidas honrando los principios que guían su trabajo.
Añadir comentario