Costa Rica tiene casi 4.8 millones de habitantes y, hasta hace unos años, se solía decir -en son de broma- que al menos dos millones eran nicaragüenses, en una mezcla de reconocimiento de la migración del país vecino y diferenciación de los habitantes por su origen.
La situación de violencia en Centroamérica que hostiga, persigue, anula y mata a miles de personas, situaciones que son poco reflejadas por los medios de comunicación, ha generado que los aeropuertos y las estaciones de buses tengan como escenario las salidas intempestivas de personas que huyen para salvar sus vidas, muchas veces hacia Costa Rica ya que históricamente ha protegido a toda la población residente y ha garantizado su derecho a la educación y a la salud.
A nivel micro social, los feminicidios, la xenofobia, las amenazas, la homofobia y el hostigamiento llaman la atención por su recurrencia, sus altas tasas de aparición y, en muchos de los casos, el sub registro o la lectura unilateral de los datos de violencia.
Desde el 18 de abril de este año, Nicaragua atraviesa una situación social y política que ha generado un éxodo masivo de personas buscando salvar sus vidas y han tenido que llegar a suelo costarricense. Ante ello, un grupo de personas realizaron actos xenofóbicos, llenos de odio, por considerar que estaban invadiendo el país, y generaron una ola de violencia.
A raíz de estos actos, varias organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas migrantes realizaron una numerosa marcha para recordar a la ciudadanía los valores ticos bajo el lema “En Costa Rica, la solidaridad es más”.
En ese marco, el Centro cultural España realizó un conversatorio para abordar los actuales hechos xenofóbicos bajo el título: Costa Rica ¿País de hospitalidad para personas en riesgo?, donde participaron representantes de organizaciones de sociedad civil e instituciones del Estado.
Daguer Hernández, subdirector general de Migración y Extranjería en Costa Rica, señaló que “siempre es necesario conversar y hablar sobre estos temas antes de tomar una posición de reaccionar, la migración es algo que hemos tenido por muchos años en Costa Rica, (…) un 20% que ha llegado a Costa Rica, está cumpliendo (con los requisitos) para la solicitud de la condición refugio”.
Ya en el 2016, teniendo en cuenta la característica particular de Costa Rica como país de acogida a migrantes, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había señalado en sus observaciones al Informe de Costa Rica que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”.
Aunque algunos ajustes normativos aún están pendientes, Costa Rica ha puesto en marcha una política y campañas contra la xenofobia y la discriminación para evitar que manifestaciones como las sucedidas en agosto se repitan y que no se ponga en riesgo los derechos fundamentales de las personas migrantes.
Migración y acceso a servicios de salud
Una de las grandes preocupaciones en las organizaciones que trabajan en VIH son las barreras que aún persisten para que las personas que llegan a Costa Rica puedan acceder prontamente a la atención integral en salud.
“Desde la Asociación Esperanza Viva se enviaron escritos a las embajadas de Nicaragua y Venezuela para alertar sobre el flujo de personas con VIH provenientes de estos países, y que desde la ONG estamos anuentes y puertas abiertas a recibirles, pero se necesita una coordinación tal que permita el acceso a sus tratamientos, en ese aspecto el peso y pronunciamiento de las embajadas tiene mucha cabida; sin embargo, han pasado las semanas y seguimos sin obtener respuesta alguna”, indica Mario Bonilla Coordinador de proyectos de la asociación, en una entrevista con Corresponsales Clave esa semana.
Las organizaciones que trabajan de cerca con los servicios de salud en VIH e ITS han notado que las clínicas están recibiendo únicamente personas tengan una condición migratoria regular, es decir, que cuenten con la condición de refugio, visa de turista o permiso de trabajo, o que lleguen al centro médico con una referencia del proyecto de VIH-CR (gais y mujeres trans). “Personas que hayan ingresado al país de manera «irregular» no son atendidas en los centros médicos. Claro está que se les puede atender siempre y cuando paguen el costo económico de la consulta, médica, pero sabemos que la gran mayoría no tiene en esos momentos el ingreso para cubrir el gasto”, señala Bonilla
La crisis nicaragüense como la venezolana han expulsado a miles de personas; muchas de ellas han llegado a Costa Rica y el país deberá organizarse para y proteger sus derechos: “La migración venezolana se ha incrementado en los últimos meses, incluso a nuestra organización han llegado personas de ese país que tienen la condición de salud de VIH”, manifiesta Bonilla.
En los últimos años, la sociedad costarricense ya no es tan tolerante, esto podría atribuirse a diversos cambios. La última campaña electoral evidenció otra forma de intolerancia hacia las personas LGBTI y figuras internacionales con discursos explícitamente racistas y xenófobos han influido en la sociedad tica y en algunos de sus gobernantes; aunque afortunadamente, son los menos.
El derecho internacional de los derechos humanos ha invitado a Costa Rica desde ya a revisar su legislación penal, en aras de incorporar una útil herramienta jurídica que prevenga y sancione la discriminación o los discursos de odio. Entre tanto, corresponde a las organizaciones de la sociedad civil, ponerse firmes en la defensa de los derechos humanos de los migrantes y trabajar para garantizar su acceso a servicios de salud.
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