Después de haber superado una grave crisis política en el 2015, el pueblo guatemalteco salió nuevamente el 20 de setiembre a protestar contra las medidas adoptadas por el gobierno actual que pretenden dejar en la impunidad graves actos de corrupción. El gobierno de Jimmy Morales retiró el apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, al declarar “no grato” al Comisionado Iván Velásquez por revelar datos sobre financiamiento no reportado en el partido político del cual fue secretario el actual presidente de la República.
También aportó a la indignación de la población general, el intento fallido de generar la impunidad y ocultar la corrupción de 104 diputados del Congreso de la República, que aprobaron los decretos 14-2017 y 15-2017 que transferían la responsabilidad penal del financiamiento electoral ilícito a los contadores de los partidos políticos y eximían a los secretarios generales, por lo que el actual presidente podía salir librado. Las reformas también permitían que quienes reciban condenas menores a diez años de prisión puedan pagar una caución económica para recuperar su libertad.
Aunque la Corte Constitucional suspendió la aplicación de dichas normas y los diputados tuvieron que pedir disculpas a la población que se volcó a las calles a expresar su rechazo; los hechos han generado inestabilidad en el gobierno. Varios funcionarios clave han renunciado; el ministro de Finanzas Públicas, la ministra de Trabajo y el ministro de Gobernación manifestaron, a través de un comunicado, que su renuncia obedece a la crisis política que a traviesa el país y consideran que los acontecimientos recientes en el país han cerrado los espacios para los programas de trabajo bajo sus respectivas carteras.
Otro caso que impacta la agenda en VIH, Malaria y Tuberculosis, es la renuncia de la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Mack, quién dejó la cartera de salud con procesos iniciados de trascendencia para las poblaciones clave, como el Modelo Incluyente en Salud, la nueva propuesta de VIH a ser financiada por el Fondo Mundial, los acuerdos para incidir en las patentes de determinados medicamentos, entre otros.
“Los programas de VIH y tuberculosis se ven afectados por la inestabilidad política, el alto nivel de corrupción, el cambio constante de autoridades en el Ministerio de Salud Pública (…) y ya se empieza a hablar de desabastecimiento parciales de tratamiento antirretroviral por no tener una compra adecuada”, dijo a Corresponsales Clave Iris López, directora de Asociación de Mujeres Gente Nueva (Amugen).
La organización OTRANS Reinas de la Noche, que actualmente promueve la implementación de la Estrategia Nacional de Atención Integral en Salud para personas trans, ve con preocupación los cambios en las instancias de salud ya que hay procesos que han llevado varias gestiones al interior de los programas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y, con nuevas autoridades, será necesario validar nuevamente los acuerdos, documentos y procesos avanzados.
El paro nacional fue multitudinario y evidenció la indignación del sector campesino, el sector académico, las ONG, el sector privado y la población en general, quienes exigieron 1. La renuncia del presidente, 2. Que se abra proceso de antejuicio al presidente de la república por financiamiento ilícito, 3. Que renuncien los 104 diputados que votaron a favor de la impunidad y 4. Que se realicen las reformas a la ley de partidos políticos que transparente los procesos de financiación.
Ya se han escuchado algunas promesas de los diputados que señalaron que aprobarían el antejuicio contra el presidente de la república; sin embargo, esto no es suficiente para la sociedad civil organizada que busca un país más transparente y sin corrupción y que se mantendrá vigilante de la situación de los programas de salud, en particular de la atención a las personas que viven con VIH.
Guatemala 
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