A partir de una serie de artículos publicados por Corresponsales Clave y discusiones en los foros electrónicos, dio comienzo una fructífera campaña de solidaridad internacional con el propósito de rechazar aquellas partes de la Ley de Sida de la República Dominicana que promueven la penalización de la transmisión del VIH.
Las redes sociales y los foros se hicieron eco y en la actualidad se están presentando cartas a las embajadas de República Dominicana y se están juntando firmas para una carta petitorio al Presidente de la República. El propósito, uno solo, es solicitar la urgente eliminación de los artículos 78 y 79 de la ley 135-11, conocida como Ley de SIDA.
En estos días, comenzó a circular un comunicado oficial con las firmas de la sociedad civil, el presidente del MCP dominicano y de la Comisión Nacional de VIH/SIDA (CONASIDA). Esta comunicación reconoce la necesidad de los cambios y el compromiso de todos los sectores en concretarlos antes que la ley tenga vigencia.
¿Qué dicen estos artículos de la ley?
Artículo 78: Obligación de informar a la pareja sexual. Toda persona que, conociendo su seropositividad al VIH, no comunique su condición serológica a la persona con la que vaya a sostener relaciones sexuales, será castigada con la pena de reclusión de dos a cinco años.
Artículo 79: Transmisión de VIH de manera intencional. Toda persona que, por cualquier medio, transmita el VIH de manera intencional a otra será castigada con pena de reclusión de veinte años.
El artículo 78 penaliza abiertamente la no comunicación o develamiento del estado serológico, es decir que se adelanta y va más allá de criminalizar la transmisión del VIH. Este artículo expone a todas las personas que viven con VIH a una persecución legal por no poder acreditar fehacientemente ante la justica el haber dado a conocer su estado frente al VIH. El artículo 79 ubica a la condenable y repudiable transmisión intencional en el mismo rango que un homicidio, lo que envía un fuerte mensaje a cualquier persona con un resultado positivo: VIH = muerte.
Existen kilómetros de investigaciones, buenas prácticas y estudios escritos y publicados sobre los resultados negativos de cualquier tipo de criminalización de la transmisión, señalándola como persecutorias y violatoria de los derechos humanos, más específicamente los de las personas viviendo con VIH.
A continuación ofrecemos una lista (no exhaustiva) de estos documentos y políticas, algunas de ellas publicadas por Naciones Unidas:
“10 razones para oponerse a la penalización de la exposición al y la transmisión del VIH” es una guía amigable desarrollada por Open Society Foundation (conocida como la fundación de Soros), una organización líder en trabajo con las poblaciones en mayor riesgo en Asia y Europa de Este. Aquí el vínculo.
Informe de política sobre penalización de la transmisión del VIH de ONUSIDA. Es excelente, completo y con todo el peso que las agencias de Naciones Unidas traen. Aquí en este vínculo
Declaración sobre la Penalización de la Transmisión del y Exposición al VIH del grupo de referencia sobre VIH y DDHH de ONUSIDA. Aquí en este vínculo.
En estos documentos podrán encontrar sobradas evidencias de lo que se afirma arriba, que cualquier forma de criminalización lejos de reducir la transmisión contribuye a expandirla, aleja a las personas de los centros de testeo, menoscaba los esfuerzos de prevención, incrementa la marginalidad de las poblaciones más vulnerables, provee un falsa sensación de seguridad, incrementa la opresión social y legal sobre las embarazadas con VIH.
En estos días el principal argumento que hemos escuchado de algunos colegas en República Dominicana y en el comunicado oficial es que la Ley de SIDA ha sido el resultado de un largo proceso signado por la participación, consulta y consenso. Como si estas formas de hacer las cosas fueran un fin en sí mismo, una explicación o justificación para un resultado negativo. Nadie piensa por un minuto que ha habido una mala intención por parte de los autores de la norma. Pero sobra consenso mundial sobre el rechazo a cualquier forma de penalización, que en estos días alcanza a los responsables de la ley quienes se encuentran analizando los cambios.
En la última semana hemos hablado con muchos líderes de las organizaciones de la sociedad civil y personas viviendo con VIH o SIDA en República Dominicana, quienes coinciden en expresar un profundo agradecimiento por el apoyo movilizado en la región, a la vez que piden un acompañamiento para el proceso de exigir las modificaciones.
En un espíritu similar, el comunicado oficial expresa su apertura a recibir “todo aporte, recomendación e intercambio de experiencias en relación con los contenidos de los artículos 78 y 79, que contribuyan a enriquecer esta pieza legislativa, de manera que sus disposiciones sean coherentes en el marco de los derechos reconocidos por la comunidad internacional en materia de VIH y SIDA.”
El pedido está hecho, el problema claramente identificado y el proceso de cambio ha dado comienzo. Descontamos que la comunidad internacional estarán a las órdenes y a la altura del pedido de acompañamiento.
Por desgracia, la República Dominicana no es el único país en la región con leyes, de reciente factura, que penalizan la transmisión o el no develamiento del estado serológico. En próximos artículos analizaremos los otros casos.
Las personas viviendo con VIH necesitamos tratamiento y trabajo, pero para ello no podemos dar a cambio ninguno de nuestros otros derechos.
República Dominicana 
Muy interesante el tema y que bueno que hay entidades que están dando seguimiento al mismo. La sociedad civil también debe estar empoderada. El VIH es un asunto de tod@s, no de un@s cuant@s.