La reducción de los índices de prevalencia de VIH y SIDA y el impacto que la epidemia tiene en la sociedad global –y de manera particular en la República Dominicana- depende fundamentalmente del respeto a los derechos humanos tanto de las personas que viven con VIH o con SIDA como de todos los ciudadanos dominicanos.
Y, aunque desde la sociedad civil se tome en cuenta este enfoque en el diseño y desarrollo de sus programas e intervenciones, el esfuerzo es reducido en relación con el impacto que se necesita, ya que dicho sector no cuenta con los medios suficientes. Más bien, esta es una responsabilidad del Estado dominicano, porque los derechos humanos son una cuestión de Estado.
El derecho a la educación está íntimamente vinculado con la prevención del VIH y su tratamiento. Todas las personas tienen derecho a acceder a servicios de educación e información sobre cómo prevenir el VIH y acceder a servicios de salud para recibir tratamiento y cuidados. No obstante, la Encuesta Demográfica y de Salud 2007 (ENDESA 2007), último estudio oficial en el país, revela que menos del 41% de las mujeres y 35 % de los hombres dominicanos tienen información suficiente sobre VIH o SIDA.
Todas y todos tenemos derecho a acceder a servicios de salud integrales en forma gratuita. Sin embargo, la encuesta ENDESA muestra que cerca de 100 mil personas en el país viven con VIH o con SIDA, de los cuales aproximadamente 23.000 (apenas un 23%) reciben tratamiento antirretroviral. Es decir que existe una brecha de 77% de personas que viven con VIH o con SIDA que no reciben una adecuada atención de su salud.
De manera que el éxito en la respuesta a la epidemia depende significativamente de la aplicación del enfoque de derechos humanos como eje transversal en las intervenciones. Y esto nos remite a la voluntad de los gobiernos de considerar este tema como prioritario en sus agendas. Una causa por la que debemos seguir abogando las organizaciones de la sociedad civil y los activistas.
República Dominicana 
Añadir comentario