El pasado 7 de abril, Colombia entra en el grupo de países donde las parejas del mismo sexo pueden casarse. Este derecho allana el camino para una total y completa garantía de derechos civiles y políticos.
La histórica decisión tiene como antecedente una sentencia de la Corte Constitucional, la C-577 de 2011, que define que las parejas del mismo sexo son familia, sentencia en la que se exhorta al Congreso a regular el matrimonio igualitario en un plazo de dos años. De no cumplirse esta petición, las parejas del mismo sexo podían acudir a notarios o jueces a solemnizar su unión. La “unión solemne” presentó serias dificultades legales en tanto que era una figura legal nueva que no tenía un soporte claro desde lo normativo en Colombia. El Congreso no cumplió el plazo definido por la Corte y, tras varios aplazamientos en la toma de una decisión definitiva por parte del ente legislativo, se dio el aval al matrimonio entre parejas del mismo sexo.
El respaldo de la Corte Constitucional, se dio por la tutela (demanda constitucional) interpuesta por el líder de la población LGBT, Luis Felipe Rodríguez. Al respecto del fallo, Rodríguez dice que «no se trata de Luis Felipe y su pareja. Esa es una tutela que ha sido apoyada y reconocida por muchas parejas en Colombia y creo que es el triunfo de la población LGBTI en el país», como recoge el diario El País.
Pero la lucha no ha terminado y hay otros temas para seguir trabajando. En esta línea, María del Pilar Escobar, líder trans, más conocida como Twiggy, expresa que “hay cosas más graves para nosotras en las que hay que trabajar, tales como la violencia” a la que siguen siendo expuestas las mujeres trans y lesbianas especialmente. Twiggy también señala que la fobia hacia las personas LGBT “mata con matrimonio o no. No quiero una fiesta de matrimonio y a los cinco días viuda o vivir inválida con mi esposo porque le caiga mal a un transfóbico y me agreda”.
La discriminación y violencia hacia las personas LGBTI es aún una realidad.
La avalancha de críticas de políticos, instituciones y ciudadanos sobre este histórico fallo no se hizo esperar. Por ejemplo, la iglesia católica evidenció su rechazo a la decisión de la Corte, a través del Monseñor José Daniel Falla, secretario general y vocero de la Conferencia Episcopal de Colombia, en declaración al diario El Tiempo: “Rechazamos la decisión de la Corte (…) La Constitución ha sido vulnerada simplemente por una serie de intereses particulares. Nos parece desastroso que le estemos quitando los cimientos a la sociedad”.
Igualmente, el magistrado Jorge Pretelt miembro de la Corte Constitucional quien inicialmente era el encargado de presentar la ponencia ante la Corte, expresa que la Corte usurpó las competencias del Congreso y ha traicionado al Constituyente al aprobar el aborto, la eutanasia, la dosis personal, la adopción (homoparental) “y ahora el matrimonio de parejas del mismo sexo, a sabiendas de que no serán aceptados en el Congreso de la República porque son rechazados por la mayoría de los colombianos”. También el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe criticó a la Corte Constitucional por aprobar el matrimonio de parejas del mismo sexo sin buscar “consensos” con la sociedad, lo que según él hace que esta decisión haya “sido impuesta”.
Pero el camino por la igualdad aún no se termina. Por el momento, hace falta la aprobación de una política pública LGBTI nacional y una ley que abogue por la igualdad en todas las áreas para personas trans. Al respecto, este grupo poblacional, el año anterior, por decisión del Ministerio del Interior, ya puede decidir el sexo que quiere que aparezca en el documento de identidad nacional sin mediar intervención quirúrgica. Ya hace veintitrés años se pueden decidir el nombre con el que se identifiquen.
Es claro, que la discriminación, violencia y exclusión que siguen enfrentando las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans no será disminuida por la promulgación de sentencias, leyes o decretos. Todas las instituciones del Estado y sociales, de la mano de la comunidad LGBT, deben aunar esfuerzos por educar, sensibilizar y promover el respeto e inclusión por parte de toda la ciudadanía. Es deber del Estado y la sociedad propender por la protección de los grupos sociales más vulnerables y vulnerados.
Colombia 
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