Sí, esto sucede en Guatemala, donde nadie podría pensar que personas abiertamente LGBTI debatan oficialmente (es decir, en instancias oficiales, como el Congreso), acerca del reconocimiento de derechos que el Estado históricamente ha negado a sus habitantes.
El 30 de enero, grupos de la sociedad civil acudieron a la tercera convocatoria de la diputada Sandra Morán, con la intención de aportar elementos para comprender los crímenes de odio y la falta de protección a las familias diversas. Por la sociedad civil llegaron activistas de Oasis, Odasa, Somos, Mujeres en Tacones, Rednads, Idso y Otrans; y por el Estado estuvieron representados el Ministerio Público, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y se contó con la presencia del Viceministro de Gobernación para la Prevención del Delito, Axel Romeo García.
Jorge López Sologaistoa, conocido activista gay y director de OASIS, expresó que las posturas conservadoras de sectores poderosos y las dificultades de la sociedad civil para llegar a acuerdos concretos han imposibilitado que los esfuerzos (para proteger los derechos de la diversidad sexual) lleguen a la esfera legislativa; situación que es comprensible si se considera que el diálogo político solo es posible cuando todos los sectores involucrados tienen condiciones óptimas de participación.
López Sologaistoa presentó durante la reunión información sistematizada de crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTI y las obligaciones incumplidas por el Estado de Guatemala.
El Viceministro de Gobernación, por su parte, reflexionó sobre el reto de abordar la orientación sexual y la identidad de género en una sociedad tan conservadora, pero dijo estar dispuesto a hacerlo y auguró la posibilidad de alcanzar respeto y reconocimiento para la población LGBTI.
Es claro que es necesaria la disposición política de hacer visible un problema que afecta a un grupo de personas, así como tener deseos genuinos de encontrar resultados significativos para ellas. Esta reunión evidenció una nueva fórmula de coordinación en la sociedad civil, que permitirá dar pasos hacia la integración y aprovechar los nuevos liderazgos acompañados por personalidades y funcionarios públicos con gran trayectoria en la defensa de los derechos humanos que están dispuestos a apoyar cambios estructurales en el sistema guatemalteco.
La diputada Sandra Morán se ha mantenido cercana a esta lucha desde que salió elegida y reiteró su apoyo para lograr leyes que protejan a la comunidad LGTB. “Yo estoy con ustedes, sigan trabajando coordinadamente y presentaremos las políticas, leyes y las propuestas que nazcan desde las comunidades”, dijo.
Esta Mesa de trabajo multisectorial ha generado grandes expectativas en los participantes de la comunidad LGBTI, porque se ha mostrado un sincero compromiso de las autoridades actuales en poner sobre la mesa de discusión, las problemáticas que aquejan a las personas de la diversidad y su solución.
En una siguiente reunión se conocerán las acciones que se han llevado a cabo de parte del Estado y las acciones que se tienen contempladas para el futuro inmediato, y se continuará la discusión sobre propuestas de Ley concretas que lleven a Guatemala a convertirse en un país respetuoso de los derechos humanos.
Aún no podemos ver resultados concretos, pero la formación de esta Mesa de trabajo, su duración y la participación sostenida de representantes de sociedad civil y de gobierno, son indicadores importantes de los avances que están sucediendo en Guatemala a nivel de discusión de políticas.
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