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Discriminación: el “costo adicional” de los servicios privados de salud por tener VIH

Discriminación y abuso de las clínicas privadas no son reportados a las entidades defensoras de los derechos en salud por miedo a la revictimización de los afectados.

En noviembre de 2020, tiempos en que la segunda ola por la pandemia del covid-19 se asomaba en el Perú, Roberto* dio positivo a la prueba de VIH en su natal Arequipa, ciudad situada al sur del país.

Habían pasado apenas dos meses de conocer su situación de salud y Roberto acudió a una clínica de la ciudad para una operación de vesícula. Roberto quedó sorprendido que la información de su diagnóstico ya fuera de conocimiento de un lugar privado y, peor aún, que ello significaría desembolsar más dinero para la intervención quirúrgica.

“La secretaria del lugar me indicó que debía pagar un dinero adicional debido a que era código blanco”, comentó Roberto a los encargados de hacer monitoreo de denuncias por desabastecimientos de medicamentos y discriminación del colectivo GIVAR.

En más del 99% de los casos de VIH, la transmisión es por la vía sexual. NO existe envidencia de casos de transmisión de pacientes a personal de salud.

“Código blanco” es el nombre con el que, en los años 90, se acuñó a las personas con VIH en los hospitales de la Seguridad Social para “evitar” la identificación del diagnóstico, pero que en estos tiempos ya dejó de ser un secreto médico, sino una clara asociación con el virus de inmunodeficiencia humana.

“La operación, que debía costar 3 mil soles, ahora me cobraban 4 mil soles (1,300 dólares aproximadamente) por ser código blanco”, recuerda Roberto, que accedió a la operación, pagando el 25% adicional del cobro regular, debido a la crisis de su temprano diagnóstico y para evitar algún escándalo.

Entre los argumentos para incrementarle la tarifa, le dijeron que el personal médico debía usar doble protección para evitar riesgos, así como las herramientas médicas debían ser descartables y hasta le cobraron por el cambio de sábanas de la cama hospitalaria.

Roberto nunca denunció el caso, pese a que hasta el momento dice sentirse humillado y discriminado. Pero él no es el único afectado de los cobros abusivos y discriminatorios de las clínicas privadas en el Perú.

En mayo de este año, una persona con VIH acudió a una clínica particular en Lima, para una cirugía estética. Quería que le removieran la grasa acumulada en los pechos, un efecto colateral común por el uso de medicamentos antirretrovirales.

Los médicos del lugar ofrecieron operarlo si pagaba un adicional del 50% del costo frecuente, la razón del incremento: tener VIH. También debía presentar exámenes de carga viral y CD4 para no “exponer” a los médicos de alguna transmisión.

El usuario había juntado 7 mil soles para realizarse la ginecomastia, cuyo valor se oferta en 6 mil soles, pero durante la consulta ambulatoria, manifestó su condición de salud, por lo que de inmediato el personal incrementó el precio a 9 mil soles (2,800 dólares aproximadamente).

El término “código blanco” se utiliza para identificar a las personas con VIH en el sistema de salud.

“El mismo médico me dijo que era injusto que me cobran demás, pero que eran las reglas de la clínica”, reveló en una llamada telefónica con integrantes de GIVAR, enviando cotizaciones de la cirugía.

Corresponsales Clave cotizó la misma operación en la misma clínica y el precio era el 50% menos, tal como lo había denunciado el usuario, de quien reservamos su nombre, al igual que la razón social de la empresa.

En las estadísticas de casos de transmisión por VIH, se indica que la más alta incidencia es por la vía sexual en un 99. 4 % de los casos, 0.4 % por la vía vertical (madre a hijo) y apenas 0.1 % de forma parenteral, que por lo general se da por el uso de drogas inyectables y en casos de negligencias médicas por transfusiones de sangre.

Los datos hablan por sí mismos, las probabilidades de transmisión del VIH de un paciente al personal de salud es casi imposible si se toman las medidas de bioseguridad, las mismas que deben utilizarse en cualquier intervención quirúrgica, por lo que no se necesitan dobles guantes, o máquinas “especiales” para las operaciones.

Para el experto en temas de derechos de los pacientes y usuarios, Mario Ríos Barrientos, el mercado de las clínicas privadas se basa en la oferta y la demanda, pero dar precios diferenciados para personas con ciertas patologías, significa un acto de discriminación que es sancionable.

La Superintendencia Nacional de Salud- Susalud, encargada de supervisar el servicio de las instituciones de salud privados y estatales y sancionar el mal servicio, no genera acciones de control o de investigación que puedan advertir de este u otro tipo de situaciones, ya que funciona en base a las denuncias. Para demostrar los cobros adicionales, hace falta evidenciar que el propio pago fue superior, de acuerdo con la comparación con los precios ofrecidos a otras personas.

Según GIVAR, se han reportado más de 11 casos de presunta discriminación a usuarios de hospitales del Ministerio de Salud y la Seguridad Social, entre los que también se reportan desatención por tener VIH en consultas odontológicas y rechazos en contratación laboral debido a las consideraciones de vulnerabilidad de las personas con VIH frente al Covid-19.

País: Perú

Acerca del autor

Marlon Castillo Castro

Periodista | Perú

Me apasiona informar y más aún cuando dicha información educa e intenta hacer cambios sociales a favor de los derechos humanos.

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