Hace dos semanas el Congreso Peruano discutió un Proyecto de Ley “Contra Acciones criminales originadas por motivos de discriminación” que en el camino hacia el debate había eliminado de las causales la orientación sexual y la identidad de género; la intención de la ley era modificar el Código Procesal Penal, entre otras normas, para perseguir y sancionar delitos graves, entre ellos, los crímenes de odio. La cuestión previa presentada por el Congresista Carlos Bruce buscaba devolverle a la ley el espíritu con el que había sido presentada inicialmente: sancionar con penas severas los crímenes de odio que se cometen contra gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales, por el hecho de serlo.
Algo intensa fue la discusión en el Congreso; los congresistas vinculados a las Iglesias cristianas no dejaron de expresar sus algo descabellados argumentos. El parlamentario Julio Rosas, ex pastor evangélico, señaló que no es posible “estar incorporando algunas categorías que tergiversan nuestro ordenamiento jurídico” en alusión a la “orientación sexual” y “la identidad de género”. Por otro lado, el congresista y pastor religioso, Humberto Lay, expuso que una mejor educación solucionaría el problema de la discriminación por orientación sexual y no la inclusión de nuevos agravantes en la ley. Argumentos pobres en todo sentido, pero que aparentemente lograron influenciar en algunos parlamentarios y asegurar el fracaso de la moción; fueron 56 los votos en contra de la incorporación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género como agravante en los crímenes de odio. Hubo 18 abstenciones.
De nada sirvió citar las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, algún congresista incluso restó importancia a los documentos que en la OEA y la ONU se han firmado respecto de la protección de los derechos humanos de las minorías sexuales y las comunicaciones que estos organismos han cursado al Estado Peruano para que legislen sobre la no discriminación a las personas LGTB. Sólo 27 congresistas votaron a favor.
El debate y la consecuente votación en el Congreso encendieron las redes sociales. Rápidamente muchos grupos de personas LGBT y otras organizaciones de Derechos Humanos mostraron su rechazo a esta decisión tomada por los “padres de la patria”. Promsex, una reconocida organización no gubernamental que promueve los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGTB, lamentó en un comunicado que las ideologías extremistas y castrenses se impongan a los principios de Derechos Humanos, sobre todo cuando se apela a la libertad de expresión y de religión para incitar al odio y a cometer actos violentos y crímenes contra las personas LGBT. El Congreso peruano decidió no cumplir con diversas observaciones y recomendaciones del Sistema Universal de DDHH y del Sistema Interamericano de DDHH, expresaron también en comunicado.
Lamentablemente, días después de esta votación “desagradable”, como la ha tildado el Congresista Bruce, la homofobia volvió a cobrar víctimas. El famoso estilista Alex Quiroga fue encontrado muerto en su local, atado de pies y manos; en otro distrito capitalino un adolescente gay se quitó la vida abrumado por los constantes maltratos que vivía por su orientación sexual.
En este contexto, el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) organizó una Vigilia frente al Palacio de Justicia en memoria de todas las lesbianas, gais, trans y bisexuales muertas por la homofobia del Congreso y del Estado y planea seguir con acciones de incidencia política y pública para lograr el respeto pleno de todos los derechos de las personas LGBT.
La homofobia de Estado en el Perú no había sido desafiada y tan fuertemente confrontada hasta estas últimas semanas. 
La discriminación por ser gay, lesbiana o trans se había discutido de manera algo tibia hasta ahora. Pero parece ser que el avance de la protección de los derechos de la población LGBT en los países vecinos -Argentina, México, Brasil y Uruguay-, nos ha hecho pensar que no debemos esperar más, que no podemos seguir muriendo por ser quienes somos, que debemos salir a gritar, que debemos reclamar y exigir que los derechos de las personas LGBT son derechos humanos y que el Estado está obligado a respetarlos y garantizarlos.
La movilización de las comunidades no se detendrá y deberá ser acompañada de finas estrategias de incidencia en las instancias de los poderes del Estado, buscando aliados en los movimientos por los derechos humanos, afianzando la relación con los y las congresistas que votaron a favor y acercándose a aquellos que se abstuvieron de votar.
Se deben unir fuerzas. En las redes sociales se leen mensajes alentadores de personas LGTB, pero también heterosexuales, que reclamana también la igualdad de derechos.
Fotos Facebook de MHOL
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