Por Jairo Ordóñez.-
Todo empezó cuando Martha Álvarez, una mujer lesbiana y que había vivido abiertamente su orientación sexual en el distrito de Castro en San Francisco, fue encarcelada en Colombia a inicios de los años 90.
Martha pidió lo que le pareció más lógico: que le permitieran una visita íntima como a sus pares heterosexuales. Esta sencilla petición, el derecho a ejercer su sexualidad como cualquier otro ciudadano, encontró un profundo rechazo en el sistema carcelario y originó una demanda contra el Estado colombiano. Como lo explicó Viviana Bohórquez, Colombia Diversa asumió este caso para hacer litigio estratégico, buscando sentar precedente para muchos otros casos similares.
A partir del momento en que Martha hizo su solicitud fue estigmatizada; se le trasladó de cárcel en 17 ocasiones para dificultarle las visitas íntimas y, de paso, impedirle sostener una relación sentimental estable.
El caso de Martha sentó un precedente para que se les permitiera a las personas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) el derecho de una visita íntima. Actualmente, Martha está libre y el Estado colombiano está demandado por este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues Martha fue discriminada por ser lesbiana y se le negaron derechos básicos como el de la sexualidad.
Discriminación y hacinamiento imposibilitan la aplicación de la ley
De acuerdo al estudio, el hacinamiento es el principal factor que determina el grado de vulnerabilidad de la población carcelaria LGBT. Si bien la ley estipula que se deben permitir las visitas íntimas a personas LGBT, muchas veces debido al hacinamiento (que puede ser de más del 400%), no hay cómo brindar un espacio para estos encuentros, lo que aunado a la corrupción y a la discriminación dificulta en extremo la aplicación de la ley.
Ante esta situación, muchos optan por pagar una celda, alquilada por otro interno, para disponer de un espacio privado cuando lo necesiten. Pero por pertenecer a la comunidad LGBT el precio de la celda es más alto que el que pagan los heterosexuales. A pesar del alto costo muchas personas escogen esta opción, ya que les permite un mayor manejo del tiempo y no les obliga a visibilizarse como LGBT, lo cual acarrearía ser víctima de acoso y discriminación tanto por parte de los directivos de la cárcel como por los guardias y los demás internos.
Según el estudio, en la mayoría de las cárceles se permiten las demostraciones afectivas entre parejas LGBT de lunes a viernes, pero los fines de semana se prohíben, pues es día de visitas y a los ojos de la dirección “las familias y niños no pueden ver esas cosas”, enfatizó la investigadora Viviana Bohórquez.
Una forma de discriminación es asignar la visita íntima para el mismo día de la visita familiar, obligando a los internos a escoger entre la familia o la pareja. También se suele castigar a los miembros de la comunidad LGBT cancelándoles la visita íntima, lo que se suma al habitual castigo que supone la falta de aceptación y comprensión de la diversidad sexual en el ámbito de la cárcel.
El prejuicio y la discriminación son de tal grado, que en cárceles como la de la ciudad de Valledupar se traslada a otros establecimientos a quienes solicitan la visita íntima. Otras prisiones optan por crear una zona especial para parejas del mismo sexo, con el fin de que no “perturben” a los demás reclusos.
Continúa el litigio estratégico
El próximo 30 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana deberá pronunciarse sobre el caso de Martha Alvárez. En caso de que la comisión se pronuncie a favor, se podría sancionar al Estado colombiano y obligarlo a respetar y permitir que la población LGBT que vive en cárceles ejerza su sexualidad de manera libre, que no se pongan trabas a las visitas íntimas, y que no les discrimine por tener una sexualidad diversa.
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