Sostenibilidad y VIH: ¿es la solución contratar con el Estado?

La contratación social es la nueva “bala de plata” para resolver, la compleja y multifacética cuestión de la sostenibilidad de la respuesta al VIH, en los países de renta media, de los que la mayoría de los donantes estarían partiendo.

En la región, ya se habla de “contrato social” para referirse a esta forma de contratación, y con esa capacidad de rápida pero pobre concepción de términos (y de conceptos), y aún más paupérrimas traducciones, que tenemos en el gremio del sida, me parecía oportuno recordar qué significa la noción de contrato social.

Usando mal la terminología

En la teoría de la sociología, filosofía y las ciencias políticas, el contrato social se refiere al acuerdo que los actores de un determinado grupo realizan, es un término que se utiliza para definir los pactos realizados entre y dentro del Estado con otros actores, como por ejemplo la sociedad civil. Acuerdo que define los deberes y derechos de cada individuo y organización. También se reconoce la existencia de una autoridad, de normas y leyes. Conocido también, como el pacto social, define un orden y, nada menos, que la existencia del Estado y de los Derechos Humanos.

Llevándonos de encuentro a Rousseau, Hobbes, Locke y hasta Platón, entre otros, irónicamente nos hemos apropiado del mismo término, para referirnos a la contratación de los gobiernos a las ONG (ambas, partes del Estado). Por todo esto, empecemos por pedir que, por favor, hagamos un esfuerzo creativo de buscar un término menos costoso para el difícil equilibrio político, dentro de nuestros países. Algo más preciso y elocuente como: “contratación de la sociedad civil por los gobiernos”. No hay que temer llamar a las cosas por su nombre.

La contratación gubernamental

Sin eufemismos, estamos hablando de la contratación gubernamental de la sociedad civil. La idea, que tiene poco de innovadora, viene siendo empujada por organizaciones multilaterales y de la sociedad civil de países desarrollados, muy acostumbradas a solventar la casi totalidad de sus operaciones a través de contratos con sus gobiernos. Las agencias de desarrollo de estas naciones, canalizan sus contribuciones para luchar contra “los flagelos del mundo en desarrollo” por medio de sus ONG. De hecho, cada vez es más difícil recibir dinero de un gobierno, para una organización que no pertenezca o está registrada en dicho país. Por ello, las agencias, el Fondo Mundial y las ONG Internacionales (salvo las fundaciones privadas filantrópicas) son grandes expertos sujetos de la contratación gubernamental.

Aunque pocos lo dicen, estas organizaciones también son conscientes de las concesiones, cada vez más comunes, que deben hacer con sus contratantes. Hay un cambio de gobierno, hay un cambio en la política de cooperación y programas enteros se cierran, muchos de ellos ejecutados por ONG. Las empresas proveedoras del gobierno lo saben, no hay nada menos sostenible que depender de cualquier de estos clientes,  para una previsibilidad de largo plazo.

La contratación local de ONG

En Latinoamérica, hay media docena de países, que cuentan con sistemas de contratación o subvenciones con fondos del gobierno para la sociedad civil, con mayor o menor grado de institucionalidad y eficacia. Debemos mencionar lo obvio, y es que una organización de la sociedad civil de base es la que mejor dotada está para llegar, con intervenciones, a las poblaciones de más difícil acceso, por ejemplo, trabajadoras sexuales, gais, HSH, mujeres y adolescentes, personas privadas de la libertad, población indígena, etc.

Por ello, desde el punto de vista programático, es un muy buen uso de los recursos; pero desde el punto de vista político, una gran amenaza. No es un riesgo potencial y profético que muchas ONG que reciben recursos de un donante internacional o doméstico perderían su independencia. Es un hecho probado. Basta para ello, analizar el fenómeno de las organizaciones transformadas en sub-receptoras de recursos del Fondo Mundial. Imaginemos, cuando estos recursos provengan sólo del Gobierno Nacional y ya ni siquiera exista un MCP, un agente de cartera o un agente local del fondo con quien quejarse.

Parte de la doctrina política clientelista de muchos líderes y partidos políticos que gobiernan, o gobernarán nuestras naciones, es utilizar los recursos financieros, a través de subsidios y subvenciones, individuales e institucionales, como un mecanismo de control y, en algunos casos, de sometimiento.

Entonces, cuando el Fondo Mundial y las iniciativas bilaterales, finalmente dejen nuestros países, tocará “vivir con lo nuestro” y en algunos casos extremos, “dormir con el enemigo”. Así que empecemos a entrenar nuestra obediencia, si es que queremos mantener las puertas de nuestras organizaciones abiertas. En muchos casos, con la muy noble intención de seguir proveyendo servicios a nuestra gente, ese será el sacrificio.

Mientras tanto, muchas agencias, ONG, redes, y el mismo Fondo Mundial “invierte” millones en pensar recetas, como la contratación gubernamental de las ONG, como fuente posible de la sostenibilidad de la respuesta. Poco sostenible será la respuesta y mucho más difícil alcanzar las metas, si amordazamos a las organizaciones de la sociedad civil con contratos precarios para realizar tareas.

Las fallas fundamentales del modelo

Todas las organizaciones que han abrazado la “contratación social”, reconocen las múltiples amenazas y contradicciones del modelo, pero pareciera que con nombrarlas bastará para eliminarlas. Las únicas evidencias positivas que existen se basan en las experiencias exitosas y buenas prácticas de un puñado de países de renta media de Europa de Este y Asia Central, documentados en estudios de caso, en su mayoría, realizados desde un escritorio. Lo que nadie puede probar es cuál ha sido el destino de las organizaciones que realizan o realizaban trabajo en incidencia política, denuncias, transparencia, derechos humanos, veeduría social y control de los mecanismos institucionales de gobiernos, cuyas políticas y prácticas reprimen y criminalizan a las poblaciones que necesitamos proteger y empoderar.

Nadie alimentará a quienes les ladren y les muerdan la mano que les da de comer. No hay que tener un doctorado en sociología o ciencia políticas para entender esto. En muchos contextos, hay dos escenarios posibles para estas organizaciones: su extinción o su desnaturalización (para volverse contratistas y efectores de servicios sanitarios). Pero, ¿quién va a financiar y sostener a las tan necesarias organizaciones y redes que controlen y denuncien?

De la trayectoria de las ONG de países desarrollados, hemos aprendido también que, aun cuando en casa se porten bien y colaboren con sus gobiernos, estos suelen cambiar de color, por lo que difícilmente estas relaciones (a veces carnales) son sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿por qué exportar un modelo que no funciona?

La contratación gubernamental de la sociedad civil es una posible solución parcial y de corto plazo que no se debe descartar, pero no es un abordaje de sostenibilidad de mediano y largo plazo. Vender servicios no cubrirá los costos de nuestras organizaciones. En contados casos, durará lo que se sostengan los buenos gobiernos. Pero esto, no es otra cosa que cambiar de cliente, del Fondo al Gobierno, y una forma menos culposa para dejar ir a algunos donantes.

Por empezar, y, para terminar, muchos de los que promueven soluciones simplistas son organizaciones y agencias muy poco sostenibles. Mientras tanto, se escriben muchos manuales y estudios de caso, sobre barreras estructurales, como el marco regulatorio y legal local para contratar ONG, la voluntad política, etc., vaciando de contenido político cualquier análisis y reflexión. Para cuando la realidad emerja, sus fervientes impulsores, ya nos habrán abandonado a nuestra suerte.

Este mecanismo es una solución parcial para la provisión de algunos servicios en algunos contextos limitados. Cerrando con un poco de política económica, la contratación social tiene el ADN de Keynes, un teórico neoclásico y liberal, que en silencio, tanto adoran en el llamado “norte”.