La primera reunión de la Mesa Directiva se orientó a lograr la implementación del Consenso de Montevideo suscrito durante la primera Reunión de la Conferencia Regional en Montevideo en agosto de 2013, para superar las desigualdades en el marco de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, con enfoque de género y diversidad. La reunión contó con la presencia de delegaciones de al menos 25 países, además de una importante presencia de organizaciones de la sociedad civil.
Un tema central de preocupación de las delegaciones asistentes fue que en América Latina y el Caribe, existen altos índices de inequidad en el acceso a los servicios de salud, lo que convierte a la región en un escenario con la mayor fecundidad adolescente en el mundo, después del África Subsahariana. Es importante tener en cuenta que los índices de fecundidad y embarazo adolescente son un indicador de relaciones sexuales no protegidas, que se vinculan a altas tasas de infecciones de transmisión sexual y VIH.
Todo esto ocurre en un marco de incumplimiento de los derechos reproductivos de los y las adolescente y de desafíos pendientes en materia de institucionalidad y políticas en los países de la región. Situación alarmante si tenemos en cuenta que existen cerca de 110 millones de personas de 10 a 19 años de edad.
La distribución social de la maternidad adolescente es un tema crítico en la sociedad contemporánea, lo que le otorga un carácter social, político y cultural particular; allí se condensan no sólo unas orientaciones culturales diversas e incluso contradictorias en el plano de las relaciones de género, la sexualidad y la salud o los derechos sexuales y reproductivos, sino que, al mismo tiempo, expresa inequidades en cuanto al acceso a medios de prevención de riesgos y de reducción de daños, que profundizan las desigualdades sociales y de género.
La Comisión Económica y Social para América Latina – CEPAL en el contexto de esta reunión intergubernamental presentó un estudio que destaca que la tasa de fecundidad adolescente es más alta y su reducción es más lenta de lo que se esperaría si se tiene en cuenta los niveles de educación y salud de la población, que se sitúan por sobre la media de los países en desarrollo.
El estudio concluye que las políticas públicas en esta área, tal como lo plantea el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, y como lo ha subrayado en diversas ocasiones el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), deben incluir la educación sexual integral, la consejería para el ejercicio de sus derechos y la adopción de decisiones informadas que incluyan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y la provisión de métodos de anticoncepción.
La edad, en este sentido puede ser un elemento crucial en la profundización de las desigualdades en relación a la salud, en particular cuando se refiere a la salud sexual y reproductiva y el curso de la infección por VIH.
El informe mundial de ONUSIDA sostiene que aunque la evidencia es limitada en cuanto a la prevalencia del VIH en los jóvenes que integran poblaciones clave con un riesgo mayor, existen algunos pocos informes anecdóticos y encuestas que sugieren que su riesgo de contraer el VIH es sumamente alto. Dicho informe agrega que en 2012, aproximadamente 2,1 millones de adolescentes (de 10 a 19 años) vivían con el VIH en los países de ingresos bajos y medios.
Los datos sobre adolescentes jóvenes (de 10 a 14 años) son limitados, lo que se traduce en poca información sobre el avance hacia la prevención de nuevas infecciones o hacia evitar las muertes en el grupo de adolescentes. Disparidad que se acentúa al carecer de instrumentos formales de caracterización, que fomenta su invisibilidad respecto a los grupos de jóvenes.
En efecto, el documento en mención reconoce que los “obstáculos constantes para la prevención eficaz del VIH en adolescentes y jóvenes incluye el acceso inadecuado a los servicios de salud reproductiva, sexual de buena calidad y relacionados con el VIH y adaptados a las necesidades de los jóvenes (…). Además, la capacidad de obtener servicios esenciales de algunos jóvenes se ve entorpecida por la protección limitada de la confidencialidad y el derecho a la privacidad médica. El acceso inadecuado a la educación sexual integral, que demostró ser eficaz para la postergación de la primera relación sexual y el aumento del uso del preservativo en los jóvenes sexualmente activos, también socava los esfuerzos para proteger a los jóvenes de contraer el VIH.”
En este sentido, es necesario y fundamental que en el marco del proceso de implementación del Consenso de Montevideo y su plan de acción regional, los estados de la región, establezcan un programa intersectorial en el cual se asegure políticas educacionales en materia de educación sexual e incluyendo la prevención del embarazo en adolescentes; que garanticen que los derechos sexuales y reproductivos sean ejercidos con libertad, asegurando la accesibilidad cultural y económica; que garantice el derecho a la intimidad y confidencialidad en los sistemas de registro de los sistemas de salud implementados y dirigidos a la población adolescente.
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