El pasado 31 de enero activistas por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+ se apostaron a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Caracas, Venezuela, para exigir una vez más la derogación del artículo 44 del Código Civil que reconoce como única unión válida el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que obstaculiza la aprobación del matrimonio civil igualitario en ese país.
El artículo 44 del Código Civil establece: “El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se reglamenta por el presente Título, siendo el único que producirá efectos legales, tanto respecto de las personas como respecto de los bienes”.
Para Giovanni Piermattei, presidente de Venezuela Igualitaria, organización que introdujo una demanda ante la Sala Constitucional del TSJ para exigir la inconstitucionalidad de ese apartado legal, y que aún a 7 años de esta acción no ha recibido respuesta, el mencionado artículo, “no está en congruencia con el espíritu de pluralidad que expresa la Constitución Nacional y es el único instrumento jurídico que se interpone en el matrimonio entre personas del mismo sexo.”
Por su parte Quiteria Franco, coordinadora de la organización Unión Afirmativa, señaló en una entrevista concedida al periodista Román Lozinski, en su programa radial, que las exigencias de la comunidad LGBTI+ en Venezuela se han mantenido en el tiempo, es decir, han sido las mismas desde hace años.
Entre las principales se encuentran – según destacó- que exista una ley que contemple todos los tipos de discriminación y las sanciones y responsabilidades a quienes incurran en este tipo de vulneraciones, que el matrimonio civil sea accesible para todos por igual, con todos los derechos que se establecen y que no hayan limitaciones por ser personas del mismo sexo y el reconocimiento de la identidad de las personas trans y de las personas intersex.
Franco aseguró en su intervención que el desinterés por parte del Estado venezolano en dar una respuesta a las demandas de la comunidad LGBTI+, viene dado por la falta de voluntad de las instancias que lo representan. “Cuando en las conversaciones y en los acuerdos los interlocutores no tienen la disposición de escuchar; y además no están conscientes de su responsabilidad para con la ciudadanía y la protección de sus derechos humanos, todo pasa a formar parte de la propaganda”, afirmó.
Señaló también que en Venezuela existen muchos ejemplos que demuestran que no existe voluntad para ejercutar los cambios legales y socioculturales para la inclusión de personas LGBTI+.
A pesar de los obstáculos, los activistas y organizaciones que promueven y defienden los derechos de la comunidad LGBTI+ continuarán exigiendo ante las diferentes instancias igualdad, pluralidad e inclusión: « TODOS los DERECHOS para TODAS las PERSONAS»
“Vamos a seguir insistiendo y dejando claro que existe un Estado que no responde a las necesidades de su ciudadanía, que no reconoce los derechos de las poblaciones vulnerables, como las mujeres y las personas LGBTI+, mientras enarbola una bandera de inclusión social que en la práctica no existe”, finalizó Franco.
Venezuela 
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