Más de 8 horas de espera para atenderte en un hospital, un cobro “extra” para una intervención quirúrgica, la expulsión del trabajo tras presentar el documento de consulta médica, la negación de un trabajo por los resultados de exámenes pre-ocupacionales obligatorios o el exilio obligado de una comunidad por tener VIH son algunas de las decenas de historias que ha recibido en los últimos dos años el Grupo Impulsor de Vigilancia del Abastecimiento de Antirretrovirales – GIVAR.
Los casos narran situaciones de discriminación que viven personas con VIH y que, en su mayoría, quedan impunes o no son investigadas, ya que no llegan a denuncias formales ante los organismos defensores de los derechos en salud, laborales, de educación o de justicia.
En total han sido 54 las denuncias recibidas por GIVAR en los dos últimos años, 26 de ellas entre enero y el 25 de noviembre de este año.
De los casos reportados, tres personas perdieron su trabajo y en otros 2 casos los mantienen, pero con la filtración de su diagnóstico en el ámbito laboral.
Los empleadores privados o públicos desconocen que existe la Resolución Ministerial Nº 376-2008-TR en la que se exige la implementación de políticas y programas sobre VIH en el lugar de trabajo destinadas a ejecutar acciones permanentes para prevenir y controlar su progresión, proteger los derechos laborales, así como erradicar el rechazo, estigma y la discriminación de las personas real o supuestamente VIH-positivas.
Sin embargo, el ministerio de Trabajo no realiza una adecuada fiscalización o supervisión que se tengan dichas normas internas y que estas se cumplan cuando ocurre un caso de despido por tener VIH pero que es disfrazado por otros motivos.
Las demás denuncias ocurrieron en hospitales o establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA), seguridad social (EsSalud), clínicas privadas y organizaciones no gubernamentales que entregan tratamiento antirretroviral.
En muchos de los actos, la discriminación ocurre sobre la base a temores infundados por parte del personal médico y en otros por normas internas de las empresas o instituciones prestadoras de servicios de salud que consignan casi explícitamente la discriminación, como en el caso de EsSalud, que en reiteradas oportunidades ha publicado la lista completa de usuarios con VIH en la puerta del consultorio de infectología, incluyendo sus nombres y números de documentos de identidad.
En este sector, también existen leyes expresas para personas con VIH, protocolos de atención y la ley de los derechos de los pacientes y usuarios de los servicios de salud, que constantemente es violada.
La situación de estigma y discriminación no es nueva. La directora para países Andinos (Perú, Ecuador y Bolivia) de Onusida, Andrea Boccardi, nos recuerda que la II Encuesta Nacional sobre los Derechos Humanos, publicada por el Ministerio de Justicia en 2019, revela que las poblaciones que se perciben como más discriminadas son las personas LGBTI y las personas con VIH con el 47% y 46%, respectivamente.
“Cuando una persona es discriminada, se les niega el acceso a ejercer sus derechos humanos, lo que puede poner en riesgo su salud física- mental, no acceder a educación formal, a empleo, no ser protegido por las autoridades ni las leyes, no recibir beneficios de protección social o ser expulsado de su hogar o comunidades de origen”, señala Boccardi.
La experta indica que la discriminación abarca al extremo de la violencia o crímenes de odio contra mujeres transgénero, hombres gais y otros hombres que tienen sexo con otros hombres, así como hombres y mujeres con VIH.
Para Boccardi, generar políticas públicas y marcos legales que protejan los derechos de la población LGBTI y personas con VIH, así como promover un cambio cultural hacia una sociedad más inclusiva sería un gran paso.
“Se debe tener espacios seguros para la denuncia, el monitoreo y la reparación a las personas afectadas”, añade.
Enfocados en llegar a las metas 95-95-95 para erradicar al Sida como un problema de salud pública al 2030, tenemos la gran tarea de eliminar la discriminación y el estigma, ya que ello genera que las personas abandonen su tratamiento o tengan problemas de salud mental.
“Considero importante actualizar o impulsar una nueva ley en VIH que las propias comunidades intervengan, en la que se proteja y se asegure un marco de derechos humanos”, concluye la directora de Onusida en Perú.
Perú 
Añadir comentario