En Perú, las cifras de embarazo adolescente evidencian la ausencia de políticas públicas a favor de esta población, no solo porque en los últimos cincos años está cifra se mantiene, sino porque ello es una grave vulneración a los derechos humanos de las adolescentes, no solo por el riesgo que debe afrontar durante el embarazo, sino también porque suele ir de la mano con la interrupción de estudios secundarios, reduciendo sus posibilidades de concluir la etapa de colegio y lograr estudios superiores que contribuyan a salir del círculo de pobreza en el que se encuentran, ya que en muchos casos estos embarazos se dan en hogares en situación de pobreza.
Según datos del Instituto de Estadística e Informática del Perú (INEI), del Censo 2017, se registraron 1 millón 979 mil 162 mujeres adolescentes de 12 a 19 años de edad. De ese total, 127 017 son madres (6.4%): 4 873 son madres adolescentes de 12 a 14 años de edad (3.8%); y 122 144 son madres adolescentes de 15 a 19 años de edad (96.2%). Es decir, 13 de cada 100 mujeres adolescentes entre 15 y 19, son madres o están embarazadas por primera vez.
Estos resultados dan cuenta de un aumento del embarazo de adolescentes en nuestro país. Entre los factores asociados al incremento del embarazo en adolescentes planteado por la Mesa de concertación para la Lucha contra la Pobreza: la existencia de barreras culturales, económicas, sociales y geográficas que inciden en la alta prevalencia del embarazo en adolescentes en zonas rurales y en situación de pobreza, el limitado acceso a la educación y deserción escolar, la mayor vulnerabilidad y discriminación de niñas y adolescentes indígenas en zonas rurales, el limitado acceso a métodos anticonceptivos modernos.
Esta problemática representa también un asunto de salud pública; un embarazo precoz para esta población representa una amenaza a su salud, justamente porque aún no ha alcanzado un adecuado desarrollo físico y emocional, así lo precisa, un informe del Estado de la Población Mundial 2013 publicado por UNFPA, “…las madres menores de 16 años tienen cuatro veces más riesgo de morir que una mujer mayor de 20 años”. Y una estadística más alarmante es la proporcionada por el Sistema Integral de Salud (2018), el 14% de las muertes maternas son en menores de 19 años.
Otro aspecto relevante es que muchos de los casos de niñas menores de 15 años embarazadas están relacionados con violencia sexual. A través de una encuesta de ENARES 2016; “Más del 30% de adolescentes de 12 a 17 años alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia sexual.” Ese mismo año se identificaron 1702 casos de madres menores de 15 años. De los cuales el 70% de los padres de estos embarazos tenía entre 18 y 20 años, estos casos fueron considerados embarazos productos de violación sexual, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Inicio sexual y educación sexual integral
Algunos estudios revelan que en los últimos 20 años, va en aumento la tendencia de los adolescentes con vida sexual activa. Cabe destacar que el derecho a la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes también fue materia de preocupación en el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, en el que se establecieron medidas prioritarias, considerando los derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es así que, debido a los altos y desiguales niveles de embarazo en la adolescencia, en particular entre las niñas y adolescentes menores de 15 años por uniones forzadas, abuso y violencia sexual; los países miembros y asociados (entre ellos el Perú) acordaron: Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual.
Para conocer más al respecto, conversamos con César Cortez, del Programa para Jóvenes-Advocacy e Incidencia Juvenil, INPPARES, quien nos comentó que gracias a dos proyectos que se ejecutaron el 2018 (Derecho a Decidir e Igualdad en la Escuela); se logró recopilar información con colaboración del MINSA y del Ministerio de Educación, información que se convirtió en un documento que se conoce como ALERTA: “Algunos de los datos que me sorprendieron es que, 13 de cada 100 adolescentes estuvo al menos una vez embarazada; también se visibiliza en dicho documento que hay una relación entre la ESI (Educación Sexual Integral), y el embarazo en adolescentes como una necesidad para la prevención. Es importante señalar que pese a estos datos, aún no se implementa la ESI en las escuelas por parte del MINEDU, en las últimas intervenciones que hemos tenido, por ejemplo, en escuelas deportivas, encontramos que adolescentes entre los 13 y 15 años, ya han presentado algún cuadro de gonorrea, sífilis y verruga genital”.
No tener una respuesta desde el Estado y de políticas públicas diseñadas para esta población cada vez más vulnerable, solo potencializa la injusticia social y la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los adolescentes.
La reflexión viene entonces en por qué aún no se logra ejecutar e implementar una Educación sexual integral. ¿Cuáles son las verdaderas trabas para lograr cumplir con las recomendaciones que ya se han realizado? ¿Falta de voluntad?, ¿miedo?, ¿presión?, o simplemente desinterés.
Perú 
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