Maira Rangel tiene un familiar hospitalizado por enfermedad asociada al VIH y comenta a Corresponsales Clave: “es un calvario lograr encontrar los medicamentos para que mi papá no muera, un día no hay luz y las farmacias cierran, otro día no hay sistema para las tarjetas o internet para las transferencias, nos tiene a pan y agua”. A esto se le suma las limitaciones en acceso a transporte público o uso de auto particular por escasez y racionalización de gasolina que requieren horas o hasta días para el llenado de un tanque.
El mes de marzo cerró con más de 270 horas sin luz, entre justificaciones del presidente Nicolás Maduro de un ataque terrorista a la central hidroeléctrica de Venezuela de parte del gobierno de EEUU y sus aliados en el país y denuncias de grupos opositores que reconocen la presidencia de Juan Guaidó que señalan que no es más que el resultado de una década de falta de inversión eficiente en el sector eléctrico entre escándalos de corrupción que se mostraron en un apagón masivo entre el 07 y 12 de marzo y apagones parciales no programados que entre el 01 al 10 de abril sumaron más de 140 horas, más de la mitad del mes anterior, según datos del Observatorio Juvenil en Derechos Humanos de Salud.
La crisis eléctrica restringe las comunicaciones y los servicios de uso de emergencia hospitalarios como cierre total de centros de atención primaria o cierre parcial de consultas de especializaciones en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, (IAHULA) hospital central y principal en el Estado Mérida, al occidente del país, que limitan la atención inmediata de personas que viven con VIH o con enfermedades oportunistas.
La Emergencia Humanitaria en salud es una realidad que principalmente la padecen mujeres, niños, adolescentes, y personas mayores, entre otros grupos de la población que sufren un impacto mayor en la vulneración de sus derechos humanos y de su salud metal y la de sus familiares, a promesas de una Ayuda Humanitaria que deja a un lado a este grupo de la población que necesitan un abordaje multisectorial e integrado.
Entre fotos y risas, personal comisionado de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Venezuela recibió el pasado martes 16 de abril el primer envió de ayuda humanitaria de la que -al 23 de abril- no se ha publicado un cronograma oficial de distribución y de criterios de calificación para la incorporación de otros actores de la sociedad civil. Esto provocó protestas frente a la sede principal de la Cruz Roja venezolana en Caracas para exigir la entrega de medicamentos.
Las organizaciones de la sociedad civil en Mérida siguen trabajando en acompañamiento, consejería preventiva y asesoría psico-juridica a usuarios y familiares del programa regional de ITS y VIH que funciona en el IAHULA, tal como lo comentó la Lic. Diana Lobo, coordinadora de la Liga Merideña de la Lucha Contra el VIH y el sida: “desde las ONG vemos con bastante preocupación que la realidad de las personas que viven con VIH o padecen sida sigue siendo opacada por intereses individuales muy alejados de la promoción y atención de calidad en salud de este grupo de la población (…). La Liga Merideña tiene más de seis meses que no se reúne con autoridades de salud que tienen una coordinación muy distante del trabajo conjunto con las ONG agrupadas en este espacio de articulación”.
El alto costo de la vida, reflejo de una crisis económica y la hiperinflación, no permite acceder a medicamentos genéricos básicos para la prevención o prevención de afectaciones por VIH. Por ejemplo, un blíster de 10 tabletas de aciclovir tiene un costo de 9200 bolívares soberanos (Bs.S) y el ingreso de salario mínimo en Venezuela es de 18000 Bs.S.; para el tratamiento de un mes, Maira tendría que gastar 27600 Bs.S para un solo medicamento indicado para la hospitalización de su padre que ya lleva un mes hospitalizado, lo equivalente al 153% de su sueldo mensual como maestra.
Marzo cerró con el 98% de escasez de medicamentos para enfermedades oportunistas, un escenario que no promete mejoras si la situación continua entre el silencio oficial de autoridades en salud que solo esperan la ayuda humanitaria o el tradicional “no hay”.
Venezuela 
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