Diana era Secretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), integrante del programa de Diversidad Sexual de INADI, coordinadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberaciónón (MAL), referente del colectivo travesti-transexual de la Argentina y una de las impulsoras del debate de la Ley de Identidad de Género, la Ley de Cupo Trans en la provincia de Buenos Aires, y la Ley para el resarcimiento económico de las personas trans privadas de su libertad por las fuerzas de seguridad, quien fuera asesinada el 13 de octubre del año 2015 en su casa del barrio de Flores.
Sumaba al activismo su rol como colaboradora en el suplemento SOY de Página/12 por el que obtuvo una distinción de la UTPBA. Trabajo periodístico que compartía también en la Revista El Teje, primera publicación periodística producida por personas trans, editada por el Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Diana fue una de las primeras travestis en recibir su documento de identidad de mano de la propia ex presidenta de la Nación Cristina Fernández, el 2 de julio de 2012 en la Casa Rosada, en el acto de promulgación de la Ley de Identidad de Género.
Luego de su asesinato compañeras, familiares y diferentes organizaciones sociales y políticas conformaron la Comisión Justicia por Diana Sacayán que bregó para que este crimen de odio y travesticidio no quedará impune, se castigue a los culpables y sea de público conocimiento las condiciones de vida de las personas travestis y la sistemática vulneración de sus derechos que Diana visibilizaba como travesti, como integrante del pueblo originario, como habitante de Laferrere (localidad popular de la provincia de Buenos Aires) y como feminista.
La sentencia de prisión perpetua por homicidio agravado por violencia de género y odio a la identidad de género coincide con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice “Cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de los casos de violencia contra las personas LGBTI, se genera una impunidad frente a estos crímenes que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que puede a su vez generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar del sistema de justicia”.
La misma Diana Sacayán afirmó en vida: “Vengo de uno de los colectivos más marginados en nuestro país, la comunidad travesti hoy en Argentina tiene un promedio de vida de 32 años, el 84% no logró llegar a la secundaria y apenas el 64% pudo pasar por la primaria y entre ellos algunos otros datos alarmantes como, por ejemplo, entre el 90 y 95% se encuentra aun viviendo de la prostitución. Más allá que el contexto social y político para nosotras ha cambiado”.
Después de 11 audiencias, el tribunal -integrado por los jueces Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez- resolvió que Marino, quien cumplía prisión preventiva desde hacía dos años, sea condenado a perpetua, como solicitaron la fiscalía y las dos querellas, que agrupan a representantes de la familia de la víctima y al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Tanto el fiscal Ariel Yapur como Mariela Labozzetta, titular de UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y personas LGBTIQ) y la doctora Luciana Sánchez (abogada por la familia) insistieron desde un principio que la muerte de la activista trans fue un crimen de odio, ejecutado mediante violencia de género.
Este fallo inédito que incluye la figura de travesticidio, homicidio agravado por odio a la identidad de género, sienta una jurisprudencia muy importante para la justicia de la Argentina y para toda la región que posee uno de los más altos índices de crímenes de odio basados en la orientación sexual o identidad de género.
Fotos de Tomás Ramírez Labrousse
Foto de miniatura tomada de la internet.
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