El presupuesto para VIH y tuberculosis sufre abrupta caída para el 2022 en el Perú, lo que impactará seriamente en el control, atención y tratamiento del VIH y la tuberculosis. Organizaciones de la sociedad civil exigen explicaciones a instancias responsables y la reposición de los recursos.
El plan de gobierno del presidente peruano Pedro Castillo tenía como estandarte garantizar la salud como un derecho humano fundamental. En ese sentido, señalaba que se debía incrementar el presupuesto del sector y pasar del 5.4% del Producto Bruto Interno (PBI) al 10%, mediante una mejor recaudación tributaria.
Si bien, el Congreso de la República aprobó el presupuesto para el 2022 con un crecimiento en el sector Salud del 5% en comparación al año 2021, la “trampa” está en el detalle de cada una de las estrategias en salud. El programa presupuestal 0016 para VIH y tuberculosis, se ha reducido en más de la mitad para el próximo año, lo que impactará en el control, atención y tratamiento a las personas con VIH.
Son 20 millones de dólares menos (80 millones de soles, en moneda local) para la sección de personas diagnosticadas con VIH/sida que acuden a los servicios y reciben atención integral, según el cuadro comparativo del Ministerio de Economía y Finanzas.
La reducción del 65%, es una cadena de descensos financieros que ha sufrido el programa de VIH en el Perú desde el 2019.
Otra baja es el presupuesto para el tratamiento de las personas con Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que desciende en 1.5 millones de dólares, lo que significa un 24% menos de dinero que el 2021.
Lo mismo ocurre en el caso de tuberculosis, que el próximo año tendrá 4.5 millones de dólares menos para la atención de personas con TB que acceden al tratamiento. También se disminuye el dinero para el tratamiento de TB extremadamente resistente a los fármacos en 22%. Cabe señalar que Perú encabeza la lista de países con más casos de tuberculosis multi drogo resistente en la región de las Américas.
“Lamentablemente los presupuestos de los programas de salud no son intangibles, como lo tiene ahora la nueva ley del cáncer. Aquí se debe priorizar la protección sanitaria de las personas y su cobertura”, sostiene Javier Llamoza Jacinto, miembro titular de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Salud, órgano consultivo del Ministerio de Salud.
Para Llamoza, se requiere recaudar más y mejor los impuestos para garantizar el financiamiento del sector salud, recordando que entre el 2001 y 2017, el Perú dejó de percibir 648 millones de soles (unos 162 millones de dólares) por exoneraciones tributarias a la industria farmacéutica que comercializa medicinas para VIH, cáncer y diabetes.
“El presidente habló sobre una reestructuración de la recaudación fiscal y sería importante evaluar sobre las exoneraciones tributarias y quizás reorientar para cubrir las brechas que existen en salud”, dijo Llamoza Jacinto en una entrevista para Corresponsales Clave.
La sociedad civil no se ha quedado de brazos cruzados frente a esta reducción. Colectivos como GIVAR y el Comité Nacional del Consorcio Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave (ALEP y PC) han enviado cartas a las autoridades de salud, exigiendo explicaciones sobre el recorte, pero no han recibido una respuesta oficial.
Las organizaciones han solicitado, bajo la Ley de transparencia y acceso a la información, que se informe sobre el sustento técnico que respalde la reducción del gasto, además del impacto en la entrega de tratamiento para VIH y tuberculosis.
Es de subrayar que el Perú tiene un precario sistema de información y un débil sistema de suministro de medicamentos que generan constantes desabastecimientos de medicamentos antirretrovirales que no ha sido resuelto desde hace más de 10 años. No obstante, en junio último, el Perú suscribió la Declaración Política sobre el VIH/Sida 2021-2026 donde se comprometió a eliminar el sida al 2030 con las metas 95-95-95: que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas; que el 95% de ellas esté en tratamiento; y que el 95% de ellas cuente con carga viral indetectable y, por tanto, intransmisible. Sin presupuesto y sin voluntad política, esto sólo será una firma declarativa.
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