El viernes recién pasado, representantes de las comunidades LGTBI convocaron a una conferencia de prensa para señalar las implicaciones de las declaraciones presidenciales y los efectos inmediatos en la vida de las personas de la diversidad sexual, ello en medio de una crisis política muy profunda que vive el país.
La corrupción del sistema político nacional ha sido desenmascarado por la Comisión Internacional Contra a Impunidad en Guatemala -CICIG- revelando las enmarañadas estructuras tejidas por las élites políticas, económicas y militares. Durante su misión en Guatemala, la CICIG logró ligar a proceso a un ex presidente, una vicepresidenta, exministros, ex congresistas militares e incluso empresarios que han reconocido financiamiento electoral ilícito a gran escala.
Las pesquisas alcanzaron al actual partido de gobierno y otros con los cuales han establecido el popularmente llamado “pacto de corruptos”, propiciando que el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público recomendaran la cancelación de dichos partidos por enriquecimiento ilícito y financiamiento electoral irregular.
Para desviar la atención de la opinión pública -y generar impunidad- el ejecutivo recurrió a plantear a Naciones Unidas el cese del acuerdo con CICIG a partir del 2019 y promover una iniciativa de ley para vulnerar el sistema de pesos y contrapesos de los tres poderes del Estado (Iniciativa 5300) a través de la modificación a la Ley de Antejuicios, la cual permitiría, a conveniencia, el relevo -o venganza- de funcionarios probos del la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Procuraduría de Derechos Humanos, entre otras instituciones clave para el ejercicio democrático.
Con la intensión de generar otros distractores, el gobierno actual impulsó -junto al pacto de corruptos- la discusión en el Congreso de la República de la iniciativa 5272 -mal llamada ley de protección a la familia- la cual, entre otras arbitrariedades, pretende cerrar la puerta al matrimonio igualitario, la educación y salud incluyentes, restringe el establecimiento de programas de Diversidad Sexual y Género y promueve la intolerancia veladamente: “Toda persona tiene Derecho a su libertad de conciencia y expresión, derecho que implica no estar obligado a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales”, dice el artículo 18. Todo esto en un país donde en lo que va del año, se han documentado catorce muertes violentas de personas LGTBI en el país.
La anacrónica iniciativa se ha visto sustentada por la indolente complicidad de las iglesias, las cuales, en una marcha, movilizaron a su feligresía para patentizar su respeto a la vida y los valores tradicionales, aunque siempre encabezada por los más oscuros actores políticos.
La iniciativa generó la reacción de los principales actores globales de protección encabezados por funcionarias y funcionarios de Naciones Unidas: Dainius Puras -Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental- Ivana Radacic-Presidenta Relatora del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica- y Víctor Madrigal- Borlóz -Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de Orientación Sexual o identidad de género.
También provocó una amplia reacción de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación -RIOOD-, la Asociación Internacional de gais, lesbianas, bisexuales trans e intersexuales -capítulo Latinoamérica y el Caribe- ILGALAC y CEJIL. En el país, la iniciativa ha sido cuestionada por la Procuraduría de Derechos Humanos, la oficina local de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, un amplio espectro de movimientos sociales y reconocidos actores sociales, políticos e intelectuales.
El miércoles recién pasado -en el marco de un plantón de colectivos LGTBI a las afueras del Congreso de la República- la principal aliada de las comunidades –Sandra Morán– anunció el engavetamiento de la iniciativa, pese a haber sido debatida en dos momentos. Aunque el anuncio fue recibido con esperanza, el jueves por la mañana, el presidente Jimmy Morales activó nuevamente las alertas al retomar el tema en el marco de una conferencia de prensa: “Finalmente –les pido una vez más- que luchemos por nuestros valores humanos como el derecho a la vida, la familia y el matrimonio entre hombre y mujer, Guatemala debe ser un ejemplo ante el mundo y cada acción que emprendamos debe estar orientada al respeto de nuestros principios y valores nacionales en pro de la paz, la estabilidad y la prosperidad de todos los guatemaltecos”, dijo Morales.
Por ahora, la clase política tradicional se ha ensañado con las comunidades LGTBI impulsando esta iniciativa, por demás retrógrada, dictaminando de manera desfavorable la iniciativa 5395, Ley de Identidad de Género, y plantando como estrategia electoral el amarillismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Los principales temores de los movimientos LGTBI giran en torno a la politización malintencionada del tema en el marco del próximo año electoral y -de ser aprobada – en los profundos efectos que tendría en el ejercicio de los Derechos Humanos y las ciudadanías.
Guatemala 
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