Información sobre el presupuesto asignado para la respuesta al VIH, así como la adquisición inmediata de medicamentos fueron los puntos clave de exigencia en la manifestación del día lunes. El temor al desarrollo de resistencia a los medicamentos por el tiempo de interrupción de la terapia movilizó a varias personas.
“Recordamos al gobierno de Guatemala y al IGSS que este país asumió el compromiso de avanzar hacía las metas 90-90-90 y consideramos muy peligroso que este tipo de desabastecimientos sigan ocurriendo cuando ya los países de la región están mostrando un avance significativo, y que definitivamente creemos que Guatemala no debe quedarse rezagado. No es aceptable que después de los avances logrados en años recientes en materia de garantía de acceso permanente, empecemos a vivir nuevamente desabastecimientos”; expresó Ricardo García Bernal, Director de País de ONUSIDA, en referencia a las denuncias difundidas a inicios de mes por la Asociación Vida.
Como informamos en un artículo previo, son más de medio millar de denuncias las que ha hecho la sociedad civil ante diversas instancias del Instituto Guatemaltego de Seguridad Social (IGSS), a las que adjuntaron informes y oficios, con el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y aún no hay noticias de la regularización de la entrega de los medicamentos.
“Lamivudina de 150mg es parte de mi terapia, tiene más de un mes –si no es más– en escases. Me dijeron que pusiera denuncia en la PDH con esta sería mi segunda vez, porque resulta que lo que tienen es un problema de licencia para emitir el medicamento y traerlo nuevamente. Lo hice, pero es otra denuncia más que se pone; sólo para que uno vaya llenando y archivando papeles allí” , expresó con algo de decepción Luis Martínez, un usuario del IGSS, a Corresponsales Clave.
La Asociación Vida, quien hiciera público la situación de desabastecimientos recurrentes en el IGSS, manifestó nuevamente su preocupación porque se corre un riesgo que para marzo del 2016 quede desabastecida totalmente, debido a los irregulares procesos de adquisiciones y limitaciones en el presupuesto.
“Guatemala tiene los recursos del Fondo Mundial, los recursos de cooperación internacional etc; entonces no hay ninguna justificación para que exista un desabastecimiento” -dijo Rodrigo Pascal, asesor en DDHH y género de ONUSIDA- “esto ya es grave; pero será más grave cuando llegue el momento en el que el Fondo Mundial se retire, ¿cuál va a ser la asignación presupuestaria que tiene el gobierno para proveer TARV y todos los productos tanto médicos como de prevención para el próximo año?”.
Se logró constatar que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) está recibiendo a los pacientes del IGGS para evitar que se prolongue por mucho más tiempo la interrupción del tratamiento. Sin embargo, dentro de las limitaciones para esta recepción se identificó que dentro de los esquemas que provee el MSPAS no se incluye el medicamento Maraviroc, un medicamento más o menos nuevo cuyo uso responde a una mutación muy específica del VIH, que requiere pruebas de genotipo, pruebas con las que no cuentan los usuarios. Por otro lado, se estima que el medicamento en cuestión, tiene un costo cercano a US$1300, que se considera bastante alto para ser asumido por un Ministerio de Salud bastante debilitado y cuyo presupuesto pende de un hilo.
Los activistas guatemaltecos reunidos frente a la Corte este lunes último también reclamaron por un presupuesto adecuado para la respuesta al VIH. En las últimas semanas trascendió que el proyecto de ley para el presupuesto de 2016, reducía en 60 millones de quetzales (casi $7.8 millones) la asignación para la respuesta al VIH y 9 millones de quetzales ($ 1.2 millones) para Tuberculosis.
“La cooperación internacional en determinado momento va a retirarse del país y el Gobierno debe empezar a asumir su responsabilidad y garantizar la vida”, dijo Iris López, secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional de Sida (CONASIDA), hace unos días a propósito de esta potencial reducción de recursos.
Aun cuando el proyecto de ley todavía no ha sido aprobado en el Congreso de la República de Guatemala, las propuestas de reducciones ya han tenido impacto; según la secretaria ejecutiva de la CONASIDA se habría empezado a planificar despidos o rescisiones de contratos a personal altamente capacitado que se desempeña en las Unidades de atención integral (UAI).
La sociedad civil exhortó al procurador de los derechos Humanos a que dé seguimiento a las denuncias y busque rápidas soluciones a la crisis que presentan ambos sistemas de salud del país.
Guatemala se encuentra en una crisis en salud pública que refleja la falta de voluntad política para responder eficientemente a un problema agudo, como es el desabastecimiento, así como el desinterés por responder de manera oportuna a la epidemia para evitar nuevas infecciones o más muertes.
Guatemala 
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