El informe fue construido con información de la Procuraduría de los Derechos Humanos, conformada por 32 auxiliaturas y 16 defensorías de los Derechos Humanos, siendo la Defensoría de la salud y la Defensoría de la Diversidad Sexual, las vinculadas directamente a la protección de los DDHH de las Personas con VIH y población en más alto riesgo (PEMAR).
La Defensoría de Salud tiene por objeto fiscalizar a las instituciones que deben velar por el derecho a la salud integral establecido y garantizado por la Constitución Política de la República, mientras que la Defensoría de la Diversidad Sexual tiene por objeto velar por todos los derechos de las personas de la diversidad sexual, promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión, la participación, la no discriminación y el respeto de esta población.
La sociedad civil organizada que conforma la Red Legal, quien ha impulsado esta práctica que ahora asume la IPDH, también contribuyó al octavo informe, entre ellas Asociación LAMBDA, Red Legal, Asociación Vida, Organización Mujeres en Superación, Organización SOMOS.
De la identificación de casos y denuncias de violaciones a DDHH registradas por la Procuraduría de Derechos Humanos y organizaciones de sociedad civil, en el período comprendido del 01 de noviembre del año 2018 al 31 de octubre del año 2019, se presentaron un total de 1,666 registros de violaciones a derechos; 1,512 corresponden a situaciones individuales y 154 a violaciones a derechos humanos que afectaban a una colectividad determinada tanto de persona con VIH como de PEMAR.
El informe tiene como propósito, en primer lugar, evidenciar y documentar el estigma y la discriminación, que se traduce en violaciones a los derechos humanos que sufren las personas por vivir con el VIH o por pertenecer a una población vulnerable en el país y, por otra parte, para orientar líneas de trabajo para reducir sus efectos negativos. A la fecha los derechos más violentados han sido la salud, la dignidad y el trabajo, según se observa en la gráfica de Derechos más Vulnerados.
Dentro de las instituciones más reportadas se encuentran el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto de Seguridad Social y los Centros de Salud, debido a los desabastecimientos que se han presentado en el país durante el año.
En áreas de trabajo, se ha identificado a empresas privadas, con un 5% y otras dependencias del Estado con 0.9%, con denuncias por despidos injustificados por VIH, o derivados por orientación sexual, o exigir la prueba para contratar a una persona.
Guatemala ya había recibido algunas recomendaciones de parte de la CIDH a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entre ellos se señalaba que “47. Los Estados deben asegurar que estas estadísticas estén desagregadas respecto de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, así como por factores como la raza, etnia, edad, condición migratoria y situación de desplazamiento, condición de discapacidad y situación socioeconómica, entre otros…” y “En cuanto a la falta de normativa específica de protección para las personas LGBTI, “62. El Estado de Guatemala observó que el inconveniente no está generado en la falta de normativa, sino en la manera como se aplica y la influencia en la aplicación de normas culturales, religiosas y morales que se sobreponen a la aplicación material de la ley para todas y todos. El pensar en lo binario del mundo deja afuera múltiples realidades que al no entender o ir en contra de preceptos sociales o culturales privan y excluyen a las personas LGBTI del efectivo goce de sus derechos”
Según la Licenciada Claudia Maselli, Procuradora adjunta de los Derechos Humanos, el informe será entregado en enero 2020 a las nuevas autoridades para posicionar en la agenda el abordaje a los problemas estructurales del VIH, que requieren una respuesta integral.
Guatemala 
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