Durante 5 años se hicieron diversos intentos de construir una política pública LGBTI en Guatemala, las organizaciones de sociedad civil orientaron esfuerzos a la coordinación de mesas interinstitucionales de análisis en las que participaron organizaciones de base comunitaria, pero no se alcanzaron resultados concretos hasta la fecha.

En seguimiento de los acuerdos derivados de la audiencia temática sobre “Discriminación por orientación sexual en Guatemala” en el marco del 146 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, Guatemala asumió el compromiso de promover acciones en favor de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y, en esta línea, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos –COPREDEH- convocó el jueves 02 marzo a retomar la construcción de esta importante política para las poblaciones LGBTI de Guatemala.
Para el desarrollo de la misma es imprescindible la participación de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que aporten conocimientos al intercambio de experiencias de trabajo por el respeto de los derechos humanos y que faciliten el diagnóstico nacional de la situación de las poblaciones LGBTI, principalmente a lo que respecta a derechos económicos, sociales, culturales; así como sus derechos civiles y políticos.
El proceso liderado por COPREDEH contará con una serie de cinco talleres en el transcurso del mes de marzo que orientarán la construcción colectiva de un documento de política en el que participarán las diversas instancias convocadas. En la primera reunión, que contó con las intervenciones de OPS/OMS y la Secretaría de Planificación y Programación, se dio a conocer la estructura metodológica que se va a llevar en este proceso de construcción del borrador para que en mayo se presente un documento analizado y consensuado.

La respuesta de las organizaciones LGBTI fue reducida, según Henry Cortez de la Asociación Gente Feliz Diversa, es preocupante que las organizaciones oficiales que han sido siempre tomadas en cuenta no estén presentes, es importante que ahora se estén tomando en cuenta a otras organizaciones que “tenemos la capacidad y el compromiso real de trabajar por las acciones que aporten a la lucha que se reconozcan y reivindiquen los derechos humanos de las personas que pertenecemos a las comunidades LGBTI”. Cortez también señaló que preocupa que organizaciones de mujeres lesbianas no hayan participado en esta importante primera actividad, pero que a la vez le tranquiliza que ahora la convocatoria será más abierta para todos aquellos movimientos de base comunitaria que existen en el país.
En Guatemala hoy en día existen organizaciones de base comunitaria que cuentan con equipos de trabajo comprometidos, multidisciplinarios y con la responsabilidad de trabajar en pro de las poblaciones a las que pertenecen y se deben, las personas encargadas de esta convocatoria deben de hacer un análisis urgente para que todas las organizaciones participen activamente y aporten importantes insumos para este documento de relevancia nacional para las comunidades LGBTI.
De manera paralela, las organizaciones de base comunitaria se organizarán para crear una agenda clara y concreta respecto de las necesidades que consideran deberá quedar plasmadas en la Política Pública LGBTI, ya que tienen claro que la coyuntura que el país atraviesa no es nada favorable para las comunidades de la diversidad sexual y la agenda política de la misma, además se suma como reto a superar, el discurso de los grupos religiosos y conservadores que tienen gran preponderancia en la opinión pública e impide que se aborden con seriedad temas de trascendental importancia como los derechos sexuales y reproductivos y la agenda política LGBTI.
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