Por Juana Miranda Suero
La reforma migratoria dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha expuesto a la deportación inmediata a miles de haitianos o descendientes de haitianos que viven el país en situación migratoria irregular. Esta medida afecta de manera especial a las personas con VIH que reciben tratamiento.
Según un informe del año pasado, se estima que al menos el 3.2% de la población haitiana residente en suelo dominicano tiene VIH, ya sea que estén en tratamiento o no. Sin embargo, la doctora Rosanna Carpio, voluntaria en uno de los bateyes –comunidades rurales que surgieron en torno a la industria azucarera- al oeste de la ciudad de Santo Domingo, comentó a Corresponsales Clave que ese porcentaje podría estar por encima del 5%.
El temor a la expatriación se percibe en los servicios de atención integral que se encuentran en las zonas más céntricas. “Cerca del treinta por ciento de los inmigrantes haitianos (a quienes) se les brinda servicio aquí han desaparecido; entiendo que algunos han sido repatriados y otros se mantienen escondidos. De igual forma es triste, porque no vislumbro muchas opciones de vida para ellos, y más triste aún es el caso de los que tienen niños, cuán grande debe ser su pesar”, dijo a Corresponsales Clave Héctor Mateo, consejero de pares en la Unidad de Atención Integral del Hospital Luis E. Aybar, quien compartió su preocupación por las y los usuarios que asistían a consulta de manera adherente.
Otro factor que estaría afectando la adherencia son las mudanzas a los bateyes que se encuentran retirados del centro, mientras que otros habrían optado por enviar a sus familias a su país de origen mientras que tratan de continuar con sus trabajos a la espera de resolver su situación migratoria.
Aunque no se logró encontrar datos específicos sobre las detenciones a migrantes, las personas vinculadas a la respuesta al VIH con las que se conversó hicieron notar que vivir con VIH coloca a los migrantes haitianos en mayor desventaja, ya que deben transitar por las zonas céntricas de las ciudades en busca de atención, lo cual los expone a ser detenidos por las autoridades de migración.
Por otro lado, quienes están en proceso de legalización temen que su condición de salud sea tomada como excusa para negarles la residencia. El clima de inseguridad se ha tornado tan angustiante que muchos han optado por no someterse a la prueba de detección de VIH, a pesar de tener orden médica para realizársela.
No obstante la inseguridad y los temores, hay lugares en los que la afluencia de usuarios y usuarias si se ha mantenido; este es el caso del Hospital General Doctor Vinicio Calventi. “Pienso que por nuestra ubicación geográfica, dado que estamos en una zona sub urbana en donde no existe mucha presencia de agentes del servicio de migración, y además mucho más cerca del lugar de origen de los usuarios, estos se sienten un poco confiados; sin embargo es obvia la incertidumbre y cómo se mantienen en actitud de alerta”, expresó Feliciana Pérez, secretaría del servicio integral que está a las afueras de Santo Domingo.
El 23 de septiembre del año 2013 el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 168-13 que desnacionalizó a todas las personas nacidas en el país de padres extranjeros. Esta sentencia entró en vigencia a partir de Junio del 2015 y contempla repatriar a unos 30,000 haitianos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en su momento su profunda preocupación por esta sentencia que no solo era violatoria de leyes vigentes en el país hasta entonces, sino que atentaba contra la Convención Americana de Derechos Humanos ya que podría dejar en situación de apátrida a miles de personas.
En tanto el Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos ( MOSCTHA) ha emprendido diversas movilizaciones sociales y de sensibilización hacia las autoridades con el fin de que sean respetados los derechos de los haitianos, a la vez que piden a todas las organizaciones de la sociedad civil levantar sus voces para que los proceso de expatriación se lleven a cabo de la manera más humana posible, según comentó María Ureña, encargada de planificación de dicha entidad.
La comunidad internacional debe pronunciarse respecto a los atropellos que vive la comunidad de haitianos en República Dominicana y, en particular, por los y las migrantes con VIH, quienes deben recibir un tratamiento especial que les permita continuar recibiendo atención integral en salud y garantizar así su derecho a la vida.
República Dominicana 
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