Tras casi once años de largas discusiones en el Congreso, la ley Acuerdo de Unión Civil –anteriormente conocido como Acuerdo de Vida en Pareja, AVP-., que fuera aprobada por la Cámara Baja en su segundo trámite la semana pasada, fue ratificada ayer por el Senado y despachada para su promulgación. Ahora, el Acuerdo de Unión Civil debe pasar al Tribunal Constitucional para luego ser promulgada como Ley de la República por la presidenta Michelle Bachelet, en unas semanas.
La normativa regulará los efectos jurídicos de la vida en común y afectiva de dos personas del mismo o distinto sexo, y beneficiará a más de dos millones de personas en el país, lo que equivale al 12,5% del total de la población nacional.
La noticia fue ampliamente celebrada por el movimiento LGTBI como un triunfo en el reconocimiento de derechos civiles y la eliminación de brechas sociales hacia las personas homosexuales. Al respecto Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales expresó: “Estamos felices que el Estado reconozca, por primera vez, que una pareja del mismo sexo también constituye una familia y merece protección. Es un paso adelante a la valoración de la diversidad”. Asimismo destacó que con la aprobación de este cuerpo legal «se reconozca que dos personas que viven juntas, que se aman, que tienen un proyecto de vida en común son una familia. Pasamos a ser parte del ordenamiento jurídico, pasamos de tener sólo deberes a tener derechos. Este es un día histórico para nosotros».
Por su parte, el Ministro vocero de gobierno Álvaro Elizalde destacó que «la unión civil es una institución fundamental para aquellas parejas que hoy conviven sin estar casadas. Se trata de un estatuto jurídico que no discrimina, que se aplica a todo tipo de parejas y, lo más importante, que nos permite reconocer las distintas formas de familia y protegerlas. Son avances de los que nos sentimos orgullosos como gobierno».
Por su parte, Rolando Jiménez, Presidente del Movimiento de Integración homosexual – MOVILH, sostuvo en una entrevista a un medio de circulación nacional: “queremos dedicar este triunfo a las familias homoparentales, a todas aquellas parejas heterosexuales que no quisieron casarse y que fueron estigmatizadas a lo largo de la historia»; y agregó: “Esta es una legislación que va a permitir dignidad, reconocimiento y derechos. Estamos muy contentos y queremos agradecer a quienes han apoyado esta lucha. Chile hoy es un mejor país para vivir. Este es el primer paso para la igualdad plena de la diversidad sexual. Vamos a trabajar por matrimonio igualitario, por la ley de identidad de género”.
El Acuerdo de Unión Civil dentro de su articulado contiene diversos resguardos en materia de formalización del vínculo, patrimonio y seguridad social para las parejas, las que podrán acceder al sistema de salud público y privado como beneficiarias o cargas, pactar regímenes económicos, optar a pensiones de sobrevivencia y a la compensación económica, además de concurrir a la sucesión de bienes en calidad de heredero/a de su conviviente civil.
Asimismo, reconoce los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo, las que podrán gozar de los efectos del Acuerdo de Unión Civil en el territorio nacional dando un reconocimiento a la diversidad de familias. También protege el interés superior del niño y deriva los asuntos referidos a menores a los Tribunales de Familia, dando la posibilidad de optar al cuidado personal de hijos/as en caso de inhabilidad de los padres, sin órdenes dilatorias.
Para la plena vigencia de esta Ley, sin embargo, se necesitan de seis meses para efectuar todas las modificaciones y consideraciones para su correcta implementación. Por ejemplo, el Registro Civil deberá desarrollar un software que consignará a los y las convivientes civiles, el estado civil que otorga el acuerdo. Entre otros aspectos.
Con este avance, el movimiento LGTBI destacó que no se trata del fin de la lucha de la diversidad sexual. Esta ley, si bien políticamente es un paso hacia el matrimonio igualitario, no eliminará los prejuicios y mitos de sectores de la población más conservadora. No obstante, es un punto de partida para generar políticas de educación respecto a la protección del derecho que tienen dos personas que se aman y tienen una vida en común y que éstas puedan regularizar su situación y, así, construir una sociedad más inclusiva.
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