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Honduras ratifica Ley que bloquea el derecho de las mujeres a decidir

El Congreso Nacional (CN) de Honduras inició su cuarta legislatura con la discusión del proyecto de ley “Escudo contra el aborto en Honduras”, presentado el 11 de enero por su vicepresidente, Mario Alonso Pérez, y aprobado en la legislatura anterior. La ley busca impedir cualquier avance en la legalización del aborto en Honduras.

Con 86 votos de 123 legisladores, el Estado de Honduras empezaba a cerrar cualquier posibilidad de debate futuro en torno a la despenalización del aborto legal y seguro, una reforma más que añade barreras al derecho a decidir de las mujeres. Este jueves 28 de enero, 90 legisladores ratificaron la decisión.

En tercera y cuarta legislatura, el Congreso Nacional aprobó una Ley que prohíbe cualquier avance en el derecho a decidir de las mujeres.

El proceso de esta Ley fue sorprendentemente acelerado. El 11 de enero, el vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Mario Pérez, diputado nacionalista, presentó un proyecto de ley llamado “Escudo contra el aborto” en el que, además de volver inconstitucional el aborto legal y seguro, también modificaría el artículo 112 de la Constitución Nacional de Honduras e impediría que exista la posibilidad de una discusión legislativa sobre el Matrimonio Igualitario en el país.

Una discusión desigual

La socialización del proyecto se realizó en menos de una semana, en la que se brindó prioridad a los grupos conservadores para reunirse con la Comisión Especial asignada para su revisión. Tomás Zambrano, quien presidía dicha comisión recibió a la Confraternidad Evangélica, miembros de la Iglesia Católica y el Comité Pro Vida, representado por Marta Lorena, una de las personas en la prohibición del uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) en 2009, aún vigente en el país.

Los grupos de la sociedad civil, de mujeres organizadas y feministas no fueron convocadas al mismo nivel que los grupos de iglesias: “Para sentarse con las iglesias evangélicas, católicas y todos sus representantes, sí hicieron una convocatoria, sí hicieron la transmisión por los canales virtuales y por los canales de televisión del Congreso Nacional, pero para las organizaciones feministas no fue igual, no hubo transmisión ni la socialización (…), entonces desde ahí se ve la falta de voluntad política”, expresó a Corresponsales Clave Claudia López abogada y representante de la Red de Mujeres Jóvenes Feministas de Cortés.

Un hecho que -para ella-, de cualquier forma, era un arma de doble filo, porque asistir era legitimar el proceso, pero no asistir también les dejaba sin oportunidad de exponer por lo que han venido articulándose y trabajando con diversas organizaciones del país.

El debate sobre la ley fue apresurado y muy desigual. Foto: Martín Cálix – ContraCorriente.

En las cuentas oficiales del CN y de su página web se pueden ver las diferentes notas relacionadas a esté proyecto. De siete notas, solo una expone, en menos de 15 líneas, los argumentos y el trabajo que las organizaciones como Colectiva Matria, Comisionado Nacional Derechos Humanos (CONADEH), Médicos del Mundo, la articulación de organizaciones feministas Somos Muchas, entre otras, han realizado sobre el derecho al aborto en Honduras.

Las seis notas restantes exponían las diversas miradas de líderes religiosos, citando a cada uno de ellos en diferentes notas.

La respuesta de organismos internacionales y nacionales

Ante estos acontecimientos, Naciones Unidas de Honduras expresó su preocupación y advirtió a través de un comunicado especial y dijo que, de llegarse a aprobar dicha ley, Honduras estaría yendo contra los estándares internacionales y las recomendaciones específicas que diferentes órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos han hecho al país. En el comunicado se puede leer:

“El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recomendado al Estado de Honduras que: “Debería modificar con carácter urgente su legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deban recurrir a abortos clandestinos que pudieran poner en peligro sus vidas y salud. En este sentido, el Estado parte debería asegurar el acceso a un aborto legal y seguro, incluyendo los casos de amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalía, y considerar la descriminalización del aborto (…).”

Además, resalta que se profundizaría el problema de salud pública que la penalización del aborto en todas sus modalidades provoca, al obligar a las mujeres a practicarse abortos de forma insegura. Estos atentan contra la salud y el derecho a la vida y las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad. La reforma también podría incrementar la situación de desigualdad y discriminación por razones de género.

Organizaciones de mujeres se manifestaron en contra de la Ley. Foto: Martín Cálix – ContraCorriente.

Para la abogada Nadia Mejía de la Red Lésbica Cattrachas, esta era una estrategia que se podía intuir desde el momento en que Argentina aprobó la ley de aborto legal el 29 de diciembre de 2020. “Nosotras ya habíamos visto que en la región se presenta esta dinámica. Es decir, que en un país ocurre un avance en derechos, que los conservadores los llaman progresistas, y en algunos países, para evitar que ocurra ese tipo de avances, actúan para blindarlos (…) y ese es el caso de Honduras”, habló Mejía con Corresponsales Clave y resaltó que este año, en particular esta acción, está vinculada a las próximas elecciones: “Nos estamos enfrentando a un contexto de elecciones y usualmente este tipo de limitaciones en derecho forma parte de agendas políticas porque involucran el poder de la iglesia y de la Confraternidad Evangélica; ahí son votos que se negocian también por parte del Partido Nacional y del Partido Liberal, entonces usualmente utilizan este tipo de temas para que sean parte de sus campañas políticas y de su agenda política”, dijo.

En 2004 ya había sucedido algo similar, luego que España aprobara el matrimonio igualitario, en Honduras, durante el periodo del ex presidente Porfirio Lobo, se realizó una modificación en el artículo 112 de la Constitución Nacional, que pasó de ser un artículo inclusivo se reformó de manera que quedará especificado que el matrimonio solo podía ser entre un hombre y una mujer.

Derechos sexuales y reproductivos en retroceso en Honduras

En una sesión de casi tres horas y sin tener claridad de cuántos votos se podían contabilizar, el Congreso Nacional de Honduras, mediante una sesión virtual, debatió y aprobó la propuesta de reforma “Escudo contra el aborto”, en un solo debate, la reforma del artículo 67 de la Constitución Nacional que añadió a la redacción existente: “se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetársele la vida en todo momento. Serán nulas e inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario”.

Esta reforma también indica que lo dispuesto en el artículo sólo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del Pleno del Congreso Nacional y que sus disposiciones no perderán vigencia o dejarán de cumplirse cuando sea supuestamente derogado o modificado por otro precepto constitucional.

“Es bien difícil lograr ese tipo de números (…), y en esa reforma también te blindan posibles reformas, es decir que es nula todas aquellas leyes que vengan a contradecir esta reforma constitucional; entonces viene construyendo este tipo de proyectos prácticamente como un artículo pétreo. Cuando ocurren reformas constitucionales, según la propia Constitución de la República, esta exige que se apruebe esa reforma Constitucional en una legislatura pero que se ratifique en la siguiente, es importante recordar que esta legislatura terminó el 24 de enero y a partir del 25 de enero comienza la cuarta legislatura de este gobierno, entonces prácticamente ellos querían de que esta reforma se aprobara en esta legislatura, así la ratificación no quedaría a dispensa de otra legislatura donde no esté este grupo de diputados sino que esté bajo las manos de este grupo de diputados actual” mencionó Mejía.

“No es tan sencillo para el cuerpo de las mujeres; cada vez son más limitantes para que puedan decidir libremente”, comenta la abogada feminista Claudia López, quien también resalta que el Estado ha privado a las mujeres de decidir sobre sus cuerpos no solo en cuanto al aborto sino también desde la prevención del embarazo no deseado, con la prohibición de la anticoncepción de emergencia.

Según una nota del medio digital Contracorriente el “registro estadístico de Medicina Forense, ha contabilizado que en los últimos diez años, las denuncias por violencia sexual aumentaron a un poco más del doble: durante 2008 se contabilizaban 1241 mujeres violadas, mientras que para 2018 se contabilizaron 2598 casos, todos ellos sin un protocolo de atención y sin un método para prevenir embarazos.

Entre 2016 y junio de 2019, Médicos sin Fronteras (MSF) atendió a 2,048 pacientes sobrevivientes de violencia sexual en Tegucigalpa: 86% mujeres, 51% menores de edad.

Y a pesar de estos datos, el Estado de Honduras no ha aprobado el Protocolo de Atención a víctimas de violencia sexual, negándole la oportunidad a miles de mujeres y niñas el derecho de prevenir un embarazo mediante la PAE.

Por otro lado, Honduras es el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alta en América Latina, con una tasa de fecundidad en las adolescentes de 101 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. Una de las cifras demográficas más preocupantes son las de partos en niñas y adolescentes. Entre los años 2009 al 2018 suman un total de 215,623 niñas menores de 18 años que dieron a luz en los hospitales públicos del país, según el observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de la Mujer.

Represalia contra la defensa de los derechos LGTBI

“Creemos que el actuar del Congreso (también) es una represalia a la defensa de los derechos LGTBI que se han hecho en instancias internacionales. Nosotras (Cattrachas) llevamos un caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el año pasado. En noviembre, se llevó a cabo la audiencia del caso de Vicky Hernández donde, además de mostrarle a la corte que existe una violencia letal y no letal hacia las mujeres trans y las personas LGTBI en Honduras existe una cantidad de leyes que discriminan y no les reconocen derechos”, dijo Nadia Mejía,  lo que legitima las acciones violentas contra las personas LGTBI.

La apreciación de Mejía se basa en que la modificación al artículo 112 también añade el párrafo que señala que solo podrá modificarse con las tres cuartas partes de los votos y que su aplicación permanecerá aun después de su derogación.

Según Mejía, el Congreso Nacional pudo haber visto como un riesgo la audiencia que se llevó a cabo por el caso de Vicky Hernández en la CIDH y que traería otras recomendaciones o exigencias con respecto al reconocimiento de derechos de las personas LGTBI. Para Nadia, el Gobierno de Honduras está realizando todo este tipo de acciones adelantándose a posibles acciones de la Corte.

Pese a diversas acciones y recursos interpuestos por sociedad civil en la búsqueda de la reivindicación de los derechos de las personas LGTBI, estos no han avanzado ni siquiera a ser discutidos en el pleno con los diputados. Por el contrario, se ha legislado en contra.

Honduras ha retrocedido, la ratificación de la Ley en la nueva Legislatura obligará a la clandestinidad a miles de mujeres, poniendo en riesgo sus vidas. A nivel de América Latina, las organizaciones feministas continuarán vigilantes a este tema, acompañando el trabajo de SomosMuchasHn,  Cattrachas y la Colectiva por el Derecho a decidir.

País: Honduras

Acerca del autor

Catherine Aurora Calderón

Comunicadora Social | Honduras
Organización: Fundación Llaves

Catherine Aurora Calderón es una joven hondureña, quien trabaja en la respuesta al VIH desde los 17 años, se enamoró de ella y siguió trabajando en ella como voluntaria a través de la Organización Llanto, Valor y Esfuerzo (Llaves). Ha trabajado como periodista de la Revista LLAVES Informativa en Honduras y colaborado en la Revista IMPACTO, ambas enfocadas a dar información clave sobre el VIH y temas relacionados, además trabaja en una agencia de publicidad tradicional y digital. Actualmente es la oficial de comunicaciones de Llaves y es Corresponsal Clave.

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