Hace un año el congreso de Honduras aprobó la Ley Marco del sistema de protección social bajo el decreto N.56-2015. En el transcurso de los meses se han diseñado leyes y normas de implementación de esta Ley Marco que podrían amenazar el sistema de salud pública y darían un giro hacia la privatización de la prestación de salud, exponiendo principalmente a las poblaciones más pobres y vulnerables que necesitan de medicamentos para enfermedades crónicas.
El Decreto 56 – 2015 vio la luz en julio de 2015, luego que varios hospitales y centros de salud fueran intervenidos por militares en el año 2014 y se generaran inquietudes en diferentes áreas de la salud con respecto al funcionamiento, estructura y presupuesto que le asignarían a este sector.
Frente a las evidencias respecto de las reducciones en el presupuesto para el sector salud (de 27 millones de dólares) y los proyectos de leyes secundarias de Seguridad social y del Sistema Nacional de salud –que allanarían el camino para la privatización de la salud, el Colegio Médico, en conjunto con organizaciones de sociedad civil lanzaron la Coalición de organizaciones en San Pedro Sula, conformada por diferentes instituciones que trabajan en respuesta a enfermedades crónicas como el VIH, diabetes, esclerosis múltiple, enfermedades neurológicas, entre otras, con la idea de discutir el posible impacto de la ley y plantear acciones específicas desde la sociedad civil.
“El Colegio Médico de Honduras (CMH) ha emprendido una lucha porque nos preocupa mucho la introducción de las leyes secundarias a la ya existente Ley marco de sistema de protección social; dentro de las acciones por parte del colegio, se ha estado sensibilizando a la sociedad civil sobre las consecuencias que podrían haber si esta ley se ejecuta”, expresó a Corresponsales Clave Karen Erazo, vice-presidenta del CMH y pediatra del Centro de Atención Integral en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
La Ley marco señala que en el lapso de 18 meses, luego de entrar en vigencia, deben aprobarse las leyes secundarias, entre ellas, la Ley de seguridad social y la de Sistema nacional de salud. “Nosotros las hemos analizado y hemos visto que las consecuencias que pueden traer para la salud de la población de Honduras son graves. Desde que se aprobó la Ley marco de protección social, las puertas para un proceso de privatización a la salud quedaron abiertas, por lo cual nosotros estamos abogando por la derogación de esa ley y por ende que no entre ninguna ley secundaria al congreso”, reitera Erazo.
Privatización y la respuesta al VIH
El panorama en la respuesta al VIH en el sector salud es muy incierto. Hasta ahora Honduras iba por buen camino y ya había absorbido la compra del 80% de los antiretrovirales (ARV) que requieren los usuarios y usuarias que reciben medicamentos de primera y segunda línea.
En caso no se afectaran las compras centralizadas de medicamentos antirretrovirales, aparentemente, el problema principal se presentaría con los servicios descentralizados que brindan los hospitales; se han visto situaciones en las que algunos hospitales remiten a los usuarios al sector privado para adquirir medicamentos para infecciones agudas con gastos que superan las 200 lempiras (5 dólares) en un país donde 6 de cada 10 personas son pobres. Pero no se tiene claridad respecto del financiamiento de los antirretrovirales: “esperamos que no tiren los ARV al olvido, pues realmente desconocemos si dentro del conjunto de servicios que contempla la ley están los ARV y, si están, cuales han sido estipulados en la compra”, comentó Erazo.
Cero Prevención
Según expertos y expertas de la Coalición, dentro de esta ley los programas de prevención han sido eliminados, lo cual ha colocado en alerta roja a las organizaciones de sociedad civil, sobre todo aquellas que trabajan con poblaciones clave. Cabe destacar que durante la reunión llevada a cabo se habló sobre experiencias en otros países con leyes similares, como en Colombia, que desmantelaron las acciones de prevención.
Buscar la derogación de la Ley
Las organizaciones reunidas en esta Coalición decidieron realizar acciones por la derogación de la Ley Marco aprobada y evitar así que las leyes secundarias no entren a debate al pleno del Congreso Nacional de Honduras. Entre algunas de esas actividades se estarán recolectando firmas en diferentes puntos de la ciudad.
Honduras se encuentra en una etapa de transición y no específicamente con el Fondo Mundial sino de la estructura misma de su sistema de salud, amenazando lo que por ley y derecho debe ser público. La atención de la salud de millones de personas está en riesgo y la respuesta al VIH podría retroceder tanto en lo que respecta a prestación de servicios sanitarios como acciones de prevención y promoción de la salud.
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