Los procesos democráticos de adquisición de derechos para la población trans de Argentina, obtenidos como resultado del trabajo de la sociedad civil y política, no serán abandonados por el activismo. Hoy, las luchas se centran en lograr la aplicación efectiva del artículo 11 de la Ley de identidad de Género, reglamentado hace tres años y que estipula el acceso a través del Plan Médico Obligatorio a intervenciones quirúrgicas; y la sanción del cupo laboral trans, iniciativa parlamentaria que promueve el acceso a la planta estatal de empleados a personas trans.
Pasada la sanción inicial de la Ley de Identidad de Género en 2012, el Poder Ejecutivo que encabezaba la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de un decreto, insertó laboralmente a tres personas trans a la planta de trabajadores del Estado en el área del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esta acción fue la primera muestra post ley del lugar que ocuparía la lucha por la incorporación al mercado del trabajo formal en la agenda pública.
Gabriela Abreliano (36), una de las personas trans insertas laboralmente por este decreto, llegó a los 16 años de la Provincia de Chaco a la Ciudad de Buenos Aires. Es militante de Derechos Humanos en la organización Personas Trans Autoconvocadas y está sindicalizada en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), “hoy tenemos conciencia que los derechos hay que conseguirlos y defenderlos desde nuestro ideal como trabajadoras”, nos dice. “La ley de identidad es una ley bebé”, asegura, y propone: “profundizar la mirada para ir por los derechos que faltan”.
Muestra descontento con la situación del cupo laboral trans en la Ciudad de Buenos Aires, “hay varios proyectos de cupo en la Legislatura, pero también existe una norma, la Ley de Política Pública 4379 sancionada en 2012, en dónde en el artículo quinto, inciso C, marca la incorporación de un 5% de personas trans a la planta de empleados estatales. Eso jamás fue reglamentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, sostiene.
Parte de su trabajo como activista, fue la participación articulada entre organizaciones civiles y el espacio sindical de ATE Pensiones. “La alta prevalencia de VIH de la población trans y la falta de inclusión laboral, sumada a la exposición al comercio sexual, necesitaba que la política de acompañamiento a las personas trans viviendo con VIH sea integral, y utilizando los mecanismos existentes del Estado conseguimos que el 100% de población trans viviendo con VIH pudiera acceder a pensiones no contributivas”, nos cuenta con gran satisfacción, y remarca que “muchas no llegaban siquiera a comer todos los días”.
El Estado sostiene, a través del Programa Nacional de VIH/SIDA, los tratamientos antirretrovirale; sin embargo hay factores relacionado al abandono de la construcción identitaria de las personas trans por parte del Estado que lleva a poner el peligro la vida, como son los biopolímeros, quistes de silicona industrial con la que se hacen modificaciones corporales rudimentarias y en cero condiciones de salubridad y que derivan en absesos, cáncer, filtraciones internas y otras afecciones, un factor principal de la baja expectativa de vida de las mujeres trans. “Los factores de vulnerabilidad social juegan como determinantes de las condiciones de vida de las personas trans, no podemos desentendernos de eso”, explica convencida Gabriela y propone “incluir sanitaria y laboralmente a las compañeras trans y entonces, después, ocuparse de su proceso de formación; hay necesidades urgentes que se resuelven con salud y trabajo”.
En cuanto a la atención integral a la salud del colectivo trans, Abreliano cree que “el desafío de construir un sistema de salud inclusivo, es enorme, y hay pocas instituciones en el país que pueden dar respuesta médica efectiva a la comunidad trans”, y prefiere distanciarse de la acción de “algunas organizaciones que trabajan en la línea de crear consultorios inclusivos en hospitales del país”, a lo que considera “que va en contra del espíritu del artículo 11 de la ley que es inclusión al sistema, no un microespacio”.
“Sostengo, con todas las conquistas que nos faltan, que es el mejor sistema de salud y el más inclusivo con la población trans, de toda Latinoamérica”, nos dice convencida, al final de la entrevista.
Desde la central gremial de ATE Pensiones, hace meses, se emitió un comunicado oficial al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, organismo del que depende, pidiendo la incorporación del cupo laboral trans en dicha cartera, todavía no recibieron respuesta de parte de la Ministra Carolina Stanley. La reglamentación del cupo laboral con su consecuente discusión presupuestaria en la provincia de Buenos Aires por parte del Poder Ejecutivo, brilla por su ausencia hace tres años y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, varios proyectos de ley aguardan ser tratados.
Valentina Pereyra (35), es una mujer trans de la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires. Es referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), como trabajadora sexual integrante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) sostiene que “la necesidad de dar respuesta al colectivo de mujeres trans que quieren trabajar en otra cosa que no sea el trabajo sexual, no puede seguir esperando” y nos cuenta cómo se transforma el escenario de lucha por la efectivización del cupo laboral trans.
“Desde ATTTA en conjunto con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), presentamos un recurso de amparo colectivo a la Justicia, de 20 personas trans de diferentes ciudades de la provincia, demandando al Poder Ejecutivo provincial por incumplimiento de la ley de cupo laboral”, y remarca que esto “conlleva a una judicialización de la norma”. El amparo colectivo se declaró “inadmisible” y Valentina lamenta la resolución, pero nos expresa que “era obvio que lo iban a rechazar, hay una decisión política de no incluir ni discutir presupuesto con las personas trans”.
La población trans de la provincia de Buenos Aires es la más grande del país. El 80% tiene al trabajo sexual como única alternativa de subsistencia. La violencia institucional y social todavía se mantiene en niveles preocupantes. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, el 58% de los crímenes de odio en Argentina tienen a la población trans como víctima de violencia y el 84% de las víctimas de asesinatos son travestis, transexuales y transgéneros.
Cuando habla del acceso al sistema de salud, Valentina sostiene que “generar guetos para el acceso no es una solución” y que “el derecho a la salud debería ser integral de por sí, pero no lo es”. Afirma que la “formación profesional sigue siendo binaria y los profesionales terminan siendo de manual”, y cree que “no se puede acceder al sistema de salud actual sin incurrir en la discriminación positiva”.
“Los microespacios sensibilizados son necesarios como herramienta de cambio”, afirma, y pone en la misma línea los consultorios inclusivos con el cupo laboral trans, “no deberían existir, en un ideal de sociedad, pero los necesitamos para mostrar que sí se puede construir un sistema inclusivo y para dar respuesta a necesidades urgentes de la población trans”.
Valentina nos cuenta en la conversación telefónica que ya se encuentra rodeada de sus compañeras de AMMAR para iniciar una reunión en donde definirán la organización para marchar al próximo paro determinado por las Central de Trabajadores de Argentina (CTA), espacio en dónde se nuclea y otros sectores gremiales y sindicales. “Hay que pelear por nuestros derechos, ahora como trabajadoras”, nos dice al despedirse.
El proceso político que devino de la lucha de los movimientos sociales y civiles por el reconocimiento a la identidad de género por parte del Estado nacional, generó el reconocimiento de derechos y el ejercicio de los mismos en una comunidad que no había podido experimentar los beneficios de una democracia activa.
El cambio de esquema económico y político que impregna la actualidad de la Argentina, los factores sociales que lo componen, las decisiones internacionales impuestas por el FMI, son muestras de un proceso que va en detrimento del ejercicio del Estado en pos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Hoy la reducción del déficit fiscal, es también la reducción de políticas de inclusión.
La población trans tiene amplia experiencia en soportar dichas exclusiones, pero se está haciendo de otras, que son de participación ciudadana, política y comunitaria activa, con discursos emitidos desde las propias voces, disputando espacios de poder, convirtiéndose en protagonista de este nuevo ciclo político.
Las personas trans empoderadas de Argentina dan la lucha en esta nueva coyuntura. La participación, la representación y las estrategias las plantean ellas mismas desde diversos espacios políticos, oficialistas y opositores.
Determinadas por cuestiones de género, las problemáticas y desafíos tienen las mismas características. Solo el tiempo y los consensos dirán cuánto avanza el modelo de igualdad de derechos en Argentina.
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