La Asamblea Prostituyente

“Al clandestinizar al cliente, nos clandestinizan a nosotras, y eso agrava la trata y la explotación”, afirmó en un periódico local Elena Reynaga fundadora de AMMAR y Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe – RedTraSex , y agregó: “Una vez más no hemos sido consultadas: nos ignoran, nos invisibilizan”

El primer proyecto de ley, que ingresa por la cámara alta, es del Senador Aníbal Fernández, del Frente para la Victoria, y busca penalizar sólo a los clientes que “consuman prostitución de personas víctimas de trata”. Un proyecto que apunta a profundizar la lucha del gobierno contra la trata de personas. Pero al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados ingresará el proyecto de ley de Marcela Rodríguez, del Partido Democracia Igualitaria y Participativa, que penaliza con tres a seis meses de cárcel a quién paga por el “uso sexual de una persona” (cualquier persona). Consumir y hacer uso sexual de las personas es el lenguaje de los proyectos de ley, pues quienes trabajamos en estos temas hemos aprendido de las compañeras trabajadoras sexuales que ellas prestan un servicio para el que emplean su cuerpo (como en otros oficios).

El lema “sin cliente no hay trata” se ha transformado en el grito de guerra que alinea a diferentes activistas, políticos y organizaciones que promueven diferentes formas de abolicionismo y prohibicionismo del trabajo sexual, actividad a la que no reconocen como trabajo, desconociendo la autonomía y libre determinación de una mujer adulta de optar por el trabajo sexual como profesión. Así, con ojos sesgados, toda mujer trabajadora sexual es una mujer en situación de prostitución, una víctima. Tampoco se detienen a analizar el término “trabajo sexual autónomo” que claramente refiere al ejercicio de un oficio o profesión por voluntad propia.

Nunca está de más reiterar el mantra del movimiento de mujeres trabajadoras sexuales: “el trabajo sexual no es igual a trata”.

Muchos argumentan que la opción de la “prostitución” degrada y somete a las mujeres y sus cuerpos. La pregunta es: ¿Eligen otras mujeres (y hombres), por ejemplo, dedicarse a la limpieza, al lavado, a la recolección y reciclado de basura? ¿Cuántas personas tienen la libre elección de su oficio o profesión? O esto esta condicionados por diversos factores sociales y económicos. ¿Quién define lo que es trabajo? Y más importante aún, ¿Quién define lo que es un “trabajo digno”? Por ello, el discurso victimizante es más funcional, poniendo a todas las mujeres trabajadoras sexuales y las víctimas de explotación sexual y trata en un misma bolsa. Y parece que es más fácil manipular y decidir por las víctimas.

Lo que se busca es recrear el modelo sueco que penaliza al cliente. Aquí también es oportuno distinguir otro término; clientes son aquellos que contratan los servicios de una mujer trabajadora sexual adulta, libre y autónoma. Todos los demás que están involucrados en algún grado con la explotación sexual son cómplices o partícipes de hechos criminales.

Penalizar al cliente empuja a las mujeres trabajadoras sexuales a la clandestinidad y las hace más vulnerables. Menos clientes que solo recurren a prostíbulos y departamentos regenteados por proxenetas quienes arreglan con la policía la “protección de la ley” de clientes y trabajadoras. Lugares donde, en muchos casos, se promueve también la explotación sexual de mujeres tratadas pero también la explotación laboral de mujeres trabajadoras sexuales con menos posibilidades de pactar condiciones laborales y proteger su salud. Podemos perder las ganancias en términos de salud y derechos de las últimas décadas, que incluyen la estabilización y reducción de la prevalencia al VIH e ITS.

Según el matutino Página 12, las iniciativas se fundamentan en el informe de la ex Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, Sigma Huda, quien sostiene que “es extremadamente difícil, si no imposible, como una cuestión de hecho para los usuarios de prostitución, evitar usar prostitutas tratadas, aun si de buena fe ellos intentan hacerlo”. Para Huda, los usuarios de prostitución que deseen asegurarse de que no estarán involucrados en el comercio sexual con una víctima de trata “deben desistir del uso de personas prostituidas, porque seguramente si ellos son tan bien intencionados preferirían renunciar a la experiencia del comercio sexual. La mayor parte de la prostitución, tal y como se practica actualmente en el mundo, suele reunir los requisitos para que pueda ser considerada trata. Es raro dar con un caso en que los motivos que llevan a una persona a la prostitución, y las experiencias de esa persona dentro de la prostitución, no incluyan como mínimo un abuso de poder y/o un abuso de vulnerabilidad. En este contexto, poder y vulnerabilidad deben entenderse también desde la óptica de las disparidades basadas en el sexo, la raza, la etnia y la pobreza. Dicho de manera sencilla, el camino que lleva a la prostitución y a ese estilo de vida una vez que se ha caído en ella raramente se caracterizan por el pleno ejercicio de derechos de las víctimas o la obtención de oportunidades adecuadas”.

En otra sección del mismo periódico Elena Reynaga reflexiona sobre la tensión que existe entre lo que legisladores y gobernantes piensan y creen y lo que deben hacer como representantes: “Respetamos lo que cada diputado piense. Pero no los elegimos para que hagan lo que ellos creen sino para que legislen para todas y todos. Los legisladores parecen pensar que la prohibición tiene más impacto mediático, en vez de plantear políticas diferenciadas para la trata, el proxenetismo y el trabajo sexual autónomo. Ya hace tres años hicimos un mapeo y, sólo en las cinco provincias más importantes, se estimaron 80 mil trabajadoras sexuales. Buscamos el reconocimiento, la creación de cooperativas de trabajadoras sexuales autónomas. Y cuando nos movilizamos, la gente se acerca, está dispuesta a firmar, nos dice que ojalá lo logremos.”

¿Por qué no escuchan a las trabajadoras sexuales?

El pedido del colectivo de estas trabajadoras organizadas es muy razonable. Es difícil explicar por qué el gobierno nacional no ha recibido nunca a las Mujeres Trabajadoras Sexuales. Este gobierno y parlamento es muy progresista como quedó demostrado, entre otras cosas, con las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género. Pero, ¿Cómo se construyeron esta leyes? De abajo hacia arriba, los proyectos de ley que se consensuaron en una norma finalmente aprobada fueron impulsados por organizaciones GLTBI argentinas.  No se puede legislar o reglamentar en estos temas sin consultar a las personas directamente afectadas por la situación o la ley.

No han habido fotos, ni reuniones, ni consultas. Pero no se trata de una actitud autista, sino de una clara decisión política, decisión que responde a la agenda abolicionista impulsada por algunas organizaciones de mujeres, cuyas líderes son también legisladoras o funcionarias de gobierno.

No debería ser relevante lo que crea o sienta un Senador, un Diputado o incluso la titular de un Programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino la construcción de un consenso entre todos los sectores y organizaciones, estén dentro o fuera de la órbita del gobierno.

Si algunos de esto proyectos se convierte en ley, además de ser una victoria más de una agenda dogmática elitista y academicista que se arroga el derecho de ordenar y disciplinar las vidas y los cuerpos de muchas “mujeres vulnerables”, correremos el riesgo también de hacer felices a muchos proxenetas y policías corruptos.

País: Argentina