Por Manuel Osorio.-
El 11 y 12 de septiembre se realizó en Bogotá el primer encuentro nacional con víctimas de los sectores LGBTI, organizado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al cual asistieron 38 personas víctimas del conflicto armado, lideres e integrantes de las diferentes mesas de participación municipales y departamentales del país.
El encuentro tenía como objetivo principal identificar las condiciones y necesidades diferenciales de las víctimas pertenecientes a los sectores LGBTI. Según Gabriel Bustamante, subdirector de Participación de la Unidad para las Víctimas, “su participación va a ser esencial para frenar las mal llamadas políticas de limpieza social, porque estas personas son las primeras que los actores armados ponen en sus focos de las acciones degradantes”.
Y es que según Colombia Diversa, desde hace varios años, la población LGBTI se ha convertido en uno de los principales objetivos por parte de grupos armados al margen de la ley, que amenazan, humillan, desplazan y en muchos casos asesinan a personas LGBTI. Estos grupos se han aprovechado de la invisibilidad y la marginalidad que el Estado colombiano ha dado a esta población.
Como lo menciona Dayana*, líder trans y participante en el encuentro, “las personas LGBTI son doblemente víctimas, “no sólo sufrimos el maltrato y violencia por parte de la guerrilla, los paramilitares y las BACRIM, también somos víctimas del ejército y la policía, todos ellos vulneran nuestra integridad y nuestras vidas, pero creo que los últimos son los más peligrosos, ellos están amparados por el Estado”.
Durante el encuentro, las denuncias por los abusos y excesos de las fuerzas militares y la policía fueron permanentes; el reclutamiento forzado de la población trans para el servicio militar obligatorio, negando su condición y vulnerando su corporalidad; el uso de armas no convencionales como gases pimienta y electroshocks por parte de la policía; el abuso sexual, psicológico y/o emocional al cual son sometidos a las víctimas LGBTI por parte de militares y policías.
A esto se suma la falta de preparación de los funcionarios al atender a las denuncias de las víctimas LGBTI, “cuando fui a la Defensoría del Pueblo de Medellín, la persona que me atendió no entendía como yo me asumía mujer, él lleno los documentos a su antojo, según él siguiendo los procedimientos legales, es así como ante la Defensoría soy un hombre y no una mujer trans víctima del conflicto y el desplazamiento”, comento Diana Paola*, otra de la asistentes al encuentro.
Al respecto María Eugenia Morales, coordinadora del grupo de mujeres y género de la Unidad, menciona, “hay un tema cultural muy fuerte y es que los funcionarios no saben cómo atender a alguien que en la cédula tiene nombre de hombre pero se reconoce con nombre de mujer, esa es una primera barrera”.
Además, agrega que “hay un juzgamiento por tener una orientación sexual diversa y hay un tema de seguridad y es que autorreconocerse en algunas regiones como del sector LGBTI pone en riesgo a la población y su posibilidad de acceder a la declaración o a contar los hechos genera temor”. Ese es el caso de María*, la cual escapo de un atentado en el Valle del Cauca en meses pasados, “Aún corro riesgo, he denunciado los hechos a todas la partes, pero no han hecho anda, sólo entrevistas, ya van cinco y nada, aun no sé si es por mi condición de mujer lesbiana, ya que otros líderes si cuentan con protección”.
Pero aun omitiendo ser parte de las poblaciones LGBTI el Gobierno actúa lento frente a las demandas de protección de los líderes, como es caso de Juan*, “Me dijeron que no mencionara que soy parte de la población LGBTI porque me podrían demorar más las cosas, fue así cómo sólo mencioné mi condición de líder, pues he recibido amenazas, una vez en el lugar donde trabajo, otra en un parque y varios en mi correo electrónico”. Pese a ello Juan aún sigue esperando protección.
Aunque la gran mayoría de líderes valoran los esfuerzos del gobierno por incluirlos en los programas de reparación integral, muchos han tratado de desvincularse del Estado; “sí hay discriminación con la población víctima del conflicto armado en Colombia, aún más con las que somos LGBTI. Es así como hemos optado por buscar proyectos y organizaciones que nos quieran apoyar para implementar proyectos productivos y dejar a un lado la situación política . Ha sido difícil porque no hay recursos”, explicó Juan. Y es que algunos líderes, al percibir lentitud e ineficacia del Estado frente a sus necesidades y reivindicaciones, han iniciado gestiones para crear proyectos que beneficien económicamente su comunidad.
Frente a los esfuerzos por parte del Gobierno, Dayana piensa, “el Gobierno piensa que porque nos pagan los tiquetes de avión, una habitación en un hotel bonito y nos alimenta por un par de días, nosotras debemos estar agradecidas, porque creen que ya cumplieron. Ellos se han olvidado que nosotras padecemos hambre, rechazo, discriminación, que nos ha llevado a la prostitución o la mendicidad; a las víctimas LGBTI se nos ha relegado de las posibles soluciones del conflicto armado y se nos ha dado el papel de parias”.
En relación a esto, María Eugenia Morales menciona: “desde la Unidad se trabaja para que después de haber sido víctimas del conflicto armado, deslazados de sus hogares y en muchos casos, abusados sexualmente, no encuentren nuevas barreras y formas de discriminación a los lugares a los que llegan. Se trata de luchar contra la revictimización en este sector de la población”.
Según cifras oficiales de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el marco de la Ley 1448 de 2011 han sido valoradas 536 declaraciones de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, que manifestaron ser víctimas del conflicto armado. De ellas, 347, fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas.
Pero cabe preguntarse cuántas personas LGBTI no están dentro de dicho Registro y aparecen por capricho, inoperancia o ignorancia del funcionario en otros sectores poblaciones de víctimas del conflicto armado.
No basta que se incluya las siglas LGBTI en una ley, que se inviten a algunos líderes a las mesas de trabajo y las reuniones gubernamentales; se requiere que el Gobierno tenga un compromiso real con las víctimas, esto implica la capacitación seria y adecuada a los funcionarios de las distintas instituciones (Unidad, Fiscalía, Defensoría y Procuraduría), la cual garantice el trato digno, adecuado y oportuno a las personas LGBTI víctimas del conflicto armado. Sólo así se garantizarán estadísticas serias que permitan al Gobierno crear políticas públicas eficaces para abordar las problemáticas de las distintas poblaciones.
*los nombres han sido modificados para garantizar la seguridad de los entrevistados
Ilustraciones: Melisa Machuret
Colombia 
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