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La salud es el derecho más vulnerado en Guatemala

En el 7mo Informe Nacional sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas con VIH y las poblaciones en más alto riesgo en Guatemala, se evidencia que el derecho más vulnerado de las personas con VIH es la salud, derivado del constante desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales que provee el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, institución más denunciada.

Desde el año 2010, el Informe ha sido una práctica ciudadana promovido por la Red Legal y su Observatorio de DDHH y PEMAR en coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- y el apoyo de las agencias de cooperación internacional.

Roció Samayoa, Abogada y Coordinadora del Observatorio, manifestó que el objetivo del informe, además de sistematizar la violaciones a los DDHH en VIH y poblaciones en mayor riesgo (PEMAR) que ocurren cada año, y que son atendidas por las ONG y la PDH, es identificar todas aquellas normativas que a la fecha el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no implementa y que pueden contribuir a mejorar la respuesta a la epidemia del VIH, como el Plan Estratégico Nacional 2017-2021, la Estrategia Nacional de Condones, Estrategia Integral y diferenciada en salud para las personas trans en Guatemala, entre otras.

 

Samayoa refiere que como resultado de este seguimiento se da a conocer la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las acciones constitucionales de Amparo conocidas y resueltas por la Corte de constitucionalidad, que se encuentra vigentes en protección de los derechos humanos con relación al VIH, y las iniciativas de Ley que se encuentran en el congreso de la república cuya aprobación vendría a fortalecer la respuesta y la protección de las poblaciones clave.

Durante el 2017 y el 2018, las ONG registraron 2793 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en personas con VIH y poblaciones en mayor riesgo a la infección y la PDH únicamente 33 denuncias. Esto obedece a que la subvención del Fondo Mundial contribuyó al pago de abogados -a través de las ONG que participaron del proyecto- y esto permitió impulsar más la promoción de los derechos humanos y brindar mayor asesoría.

La vulneración de derechos en números

Los casos acumulados del 2010 a octubre de 2018 son 5451 y las instituciones más reportadas han sido el Seguro Social con 2532 denuncias; el Ministerio de salud, con 600 denuncias, y Gobernación/SP/PNC con 374 denuncias, el resto corresponde a varias entidades, incluyendo 154 denuncias en empresas privadas.

Los derechos más vulnerados que registra el informe son por el derecho a la salud con 2933 registros, el derecho a la dignidad, con 657 registros; el derecho al trabajo, con 334 registros; el derecho a la vida, con 234 registros, derecho a la familia, con 187 registros; el derecho a la educación, con 167; el derecho a la no discriminación, con 164, y el derecho a migrar, con 124. El resto de denuncias tiene que ver con vivienda, acceso a pruebas, libertad de locomoción y libertad sexual.

Los casos de lesbianas y gais representan la mayoría de los casos denunciados.

El informe revela que son las personas lesbianas y gais las que más han documentado las denuncias, seguido por las mujeres trabajadoras sexuales y las personas con VIH; las personas trans son las que menos denuncias registran, lo cual no significa que no existan casos de vulneración de derechos.

A partir de este informe, la Red Legal y su Observatorio de derechos humanos han solicitado al Estado de Guatemala que se dé solución a las necesidades de las personas con VIH en cuanto al acceso a pruebas de diagnóstico de VIH en todos los Centros de Atención en Salud, priorizando a las poblaciones de mayor riesgo; se provea tratamiento antirretroviral para todas las personas con diagnóstico positivo al VIH; se garanticen los insumos necesarios para acciones de prevención y atención, priorizando a las poblaciones en mayor riesgo y en la prevención materno – infantil del VIH y otras infecciones. Asimismo, se solicita que se actualice y homologuen los esquemas de tratamiento antirretroviral entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para garantizar una atención en salud actualizada y estandarizada y la implementación de protocolos en salud, acorde a las dinámicas de las poblaciones en mayor riesgo.

Entre los aspectos normativos y legales, la Red ha planteado que se dé cumplimiento a la sentencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos y se aprueben las leyes que favorezcan el abordaje del VIH en el país y garanticen los derechos humanos de las poblaciones claves.

La Red legal y su observatorio se mantendrá vigilante y monitoreando la respuesta del Estado al VIH y la defensa de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables a la epidemia.

País: Guatemala