Por Sofía Brito.-
El acceso a antirretrovirales para migrantes con VIH en Quito, Ecuador, es difícil, mucho más en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Si bien, la obtención de medicamentos, exámenes, consejería y promoción son gratuitos en el sistema de salud pública, no todas las personas los obtienen. Esta situación se exacerba para una persona LGBTIQ+ migrante o refugiada, que, debido a su identidad de género u orientación sexual y origen nacional, es excluida o discriminada.
Las personas LGBTIQ+ migrantes o refugiadas con VIH se han visto limitadas al acceso a medicación y tratamiento, debido a la falta de recursos económicos, limitación de transporte, desabastecimiento de medicinas en instituciones públicas, desconocimiento de sus derechos y discriminación por parte de personal de salud, entre otros.
Tal es el caso de Andrés*, un joven gay venezolano con VIH, que, debido a su orientación sexual, fue discriminado en un hospital público. “Todavía existe estigma. Las personas juzgan, señalan, si se enteran que tienes un diagnóstico. Me recriminaron por ser gay, por tener una pareja y por vivir con VIH”, dijo a Corresponsales Clave.
Andrés, de 30 años, cuenta que, debido a su situación, se enfrenta diariamente a la falta de alimentos y a una precaria situación laboral, pues se dedica a vender cigarrillos en las calles. Si bien en Venezuela la situación era más complicada, en Ecuador no es fácil. Cuando hubo confinamiento en Quito, el joven se vio limitado a trabajar. Incluso la movilización para obtener su medicamento antirretroviral era una odisea. Sin transporte público, tenía que caminar durante más de una hora y media.
Andrés comenta que, si tiene suerte, recibe su medicamento fácilmente, pero la mayoría de las veces debe esperar horas para ser atendido. Hubo una ocasión en donde no recibió sus antirretrovirales por más de dos meses, debido a que no había médicos de turno y a la escasez de medicinas.
Similar es el caso de Yenifer*, una mujer trans de Venezuela, quien se enteró que tenía VIH hace 5 años, en su ciudad natal. Migrar para ella fue una salida para obtener su medicamento antirretroviral. Sin embargo, en Quito, ha tenido que vivir diferentes formas de discriminación principalmente en los ámbitos de la salud y laboral. Debido a esta situación, ha optado por mantener su estado serológico reservado.
A pesar de esta realidad, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en julio de 2021 publicó un comunicado en su página web, en donde afirmaba que la entrega de medicamentos antirretrovirales se realiza mensualmente con normalidad. “El Gobierno Nacional, a través de la Red Pública de Salud, con la rectoría del Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador, garantiza el acceso universal gratuito y solidario de atención integral a pacientes con VIH. En las distintas casas de salud del MSP se registra un stock de medicamentos suficiente para los 9.043 pacientes con VIH, que tienen tratamiento de antirretrovirales, y son atendidos en las Unidades de Atención Integral de VIH/sida ITS ubicadas en las 22 clínicas especializadas en todo el país”, se afirmaba en dicho comunicado.
Asimismo, el 1 de diciembre de 2021, a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Ministerio de Salud Pública manifestó su compromiso de “fortalecer el acceso a los servicios para alrededor de 45 mil personas que viven con VIH en el país, de ellos el 72 por ciento son hombres y 28 por ciento mujeres”.
Danilo Manzano, director de la Fundación Diálogo Diverso, organización que trabaja por los derechos de las personas LGBTIQ+ migrantes, refugiadas y población acogida en Ecuador, afirma que se debe trabajar desde dos enfoques: respuesta del Estado como garante de derechos y en el estigma social.
Por un lado, Manzano reconoce que, aunque Ecuador tenga una constitución amplia y garantista, se debe apostar por la entrega ágil, inmediata y oportuna de atención en salud y medicación antirretroviral, independientemente del status migratorio de una persona. “En más de dos ocasiones el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) se quedó desabastecido. Esto pone en riesgo la calidad de vida de quienes dependen de este medicamento a través del seguro social”, dijo.
Asimismo, comenta que quienes no tienen las condiciones económicas para acceder a medicación de manera privada, dejan a un lado sus tratamientos y ponen en peligro sus vidas.
Para él, es importante, además, la educación a servidores públicos de la salud para fomentar una atención basada en el respeto y la no discriminación. “Quienes son visibles con su estado serológico, tienen discriminación en sus trabajos. Existe rechazo basado en la desinformación”, acota Danilo Manzano. De igual manera, afirma que el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, como Diálogo Diverso, debe centrarse en una observancia permanente para que el Estado cumpla con su rol como garantista de derechos en temas de salud y también en brindar herramientas necesarias para que el estigma y discriminación hacia personas que viven con VIH desaparezcan.
Los casos de Andrés y Yenifer, son similares al de muchas personas LGBTIQ+ migrantes y refugiadas que viven con VIH en Quito y el resto de Ecuador. Para ellas, salir de Venezuela significó una esperanza, pues era imposible acceder a medicación. Sin embargo, en el país destino aún deben atravesar obstáculos para obtener su tratamiento, llevar alimentos al hogar y ganarse unos dólares para enviar a su familia, además de estar constante expuestos a la violencia y discriminación.
*Los nombres han sido cambiados para proteger la confidencialidad de las personas.
** Este artículo ha sido desarrollado en el marco del Curso de Corresponsales Clave 2021.
Ecuador 
Añadir comentario