La iniciativa 4826 de la Ley de la Juventud, impulsada por la mesa Nacional de la Juventud, generó disensos en los diputados del hemiciclo, derivados que dos de los sectores más influyentes en el país; el sector empresarial y los representantes religiosos han centrado su presión sobre la “Educación Sexual Integral”, porque incluye el acceso a anticonceptivos y un aumento a la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La iniciativa garantizaría la educación sexual a los jóvenes y les permitiría el acceso a “anticonceptivos modernos” desde los 13 años, sin presencia de los padres; sin embargo los diputados del Congreso interpretan el contenido como una medida que podría “promover el aborto, el matrimonio igualitario y el libertinaje sexual”.
La Conferencia Episcopal de Guatemala se ha pronunciado a través de un comunicado refiriéndose a que las enmiendas violentan la naturaleza de la sexualidad al incluir cierta terminología ambigua propia de la ideología de género -habitual argumento de la Iglesia-, y desvirtúan la naturaleza del hombre y la mujer; ya que, según el comunicado, la ley plantea una sexualidad “arbitraria”, fruto de una construcción social y desvinculada de la ley Natural.
A través de un juego de doble moral, Guatemala sigue en retroceso en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, a pesar de los tratados y convenios a los que se ha comprometido el Estado para disminuir embarazos en adolescentes, disminuir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, entre otros.
Stayci Velásquez, de la Organización Otrans Reinas de la Noche, manifestó que han participado en este proceso desde el año 2009, dentro de la mesa de trabajo del movimiento de Juventud, en el tema de Política Pública y Ley de Juventud. En este espacio las organizaciones trataron de incluir los temas de Salud Sexual, LGTBI, y los DDHH de los jóvenes viviendo con VIH. Es la segunda vez que la iniciativa es presentada al Congreso, en el debate han ido desapareciendo temas como la educación sexual, la diversidad y el VIH.
“Negociaron nuestros derechos de la comunidad LGTB”, dice Stacy. Y es que no se tomó en cuenta que las mujeres trans no pasan de los 30 años cuando son diagnosticadas con VIH porque lo adquieren a temprana edad. Es pertinente señalar que la prevalencia de VIH en trans se estima en 21.8 % y 8.9 en hombres que tienen sexo con hombres en Guatemala, según la Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento Sexual y Prevalencia del VIH e ITS en poblaciones vulnerables y en poblaciones clave. “Veo con mucha preocupación que al final será un proyecto para legislar para jóvenes heterosexuales y no para jóvenes de la diversidad sexual”, finaliza la líder trans.
Un oponente poco habitual ha surgido frente a esta iniciativa legislativa. El sector empresarial no ve con buenos ojos que se incremente el impuesto sobre la renta (ISR) del 5 al 6 por ciento para financiar la Secretaría de la Juventud, instancia que supervisaría la aplicación de la ley y la salud de los y las jóvenes.
Los diputados del Congreso han convocado a conformar la Coordinadora Nacional de la Juventud que tendrá a su cargo revisar el anteproyecto y llegar a consensos para que luego sea presentado nuevamente para su lectura.
Algunas organizaciones de la sociedad civil repartieron condones y volantes informativos a los congresistas para que se informen y reconozcan la realidad de la juventud. La coalición de organizaciones de VIH también se ha unido al movimiento para impulsar la Ley y que se tome en cuenta las necesidades de los jóvenes y las poblaciones clave.
Guatemala 
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