Por Eduardo Juárez.-
Los recientes comicios electorales, a diferencia de los anteriores, tuvieron como tema de debate y controversia la agenda LGBTIQ, que en los últimos años viene posicionándose y abriendo un acalorado debate. Así como ha traído vientos esperanzadores de un país un poquito más justo, plural e inclusivo, también se han desatado fuertes corrientes de odio e intolerancia desde ciertos sectores.
En estas contiendas tuvimos varias promesas: desde un Plan arcoíris, bastante integral, propuesto por el candidato de Juntos por el Perú; una propuesta de registro de cohabitación y convivencia entre parejas del mismo sexo, planteada por el candidato de Peruanos por el Kambio; una ordenanza metropolitana contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, propuesta por el candidato de Acción Popular; hasta programas de protección y prevención de la violencia hacia personas LGBTIQ planteados por el candidato de Somos Perú. Otros candidatos, como el de Siempre Unidos, Fuerza Popular y Podemos Perú tuvieron palabras y gestos de apertura, pero que no se tradujeron en propuestas.
En el otro extremo, hubo candidatos como el de Avanza País que en pleno Debate Electoral en televisión abierta señaló que defendería la “familia natural” y acusó al presidente de turno de promover la “familia gay”.
En términos oficiales, la plataforma Observa Igualdad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señala que solo cuatro de los 21 partidos políticos consideraron a las personas LGBTIQ en sus planes de gobierno: dos partidos políticos incluyeron a las personas LGBTIQ únicamente en sus principios, misión, visión y/o valores, otros dos identificaron problemáticas que afectan a dicha población, y solo un partido político la consideró en todos los criterios señalados e incluyó alternativas de solución, promoción de la participación política y un acápite específico sobre esta población. Otros 17 partidos políticos no incluyeron ninguna propuesta para las personas LGBTIQ.
En este contexto, resultó alentadora la elección de Carlos Manuel Siccha Chipana como regidor metropolitano por el partido político Acción Popular para la gestión 2019-2022. Él es un joven de 28 años, activista LGBTIQ, feminista, limeño y ferviente defensor de los derechos humanos en nuestro país. Es bachiller en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres con un Diplomado en Gestión Municipal por la Escuela Nacional de Estudios Gubernamentales, becario de la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Escuela de Líderes Políticos de la Escuela Superior Electoral y de Gobernabilidad, de la Escuela de Formación Política “EMPODERA” para Líderes LGTBI del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX). Siccha ocupó el cargo de director de la ONG Empoderadxs y fue tesorero del consejo directivo de Amnistía Internacional Perú. Desde Corresponsales Clave conversamos con él sobre la representatividad y los desafíos en la gestión municipal en materia de políticas públicas para la población LGBTIQ.
¿Consideras que la orientación sexual o identidad de género de las personas son una razón legítima para ser elegida?
Bajo la teoría de la representación política, todo aquello que motiva un voto representativo involucra legitimidad, en tanto las personas expresan su voto (de confianza) a los o las postulantes. Decir, por ejemplo, que voto por una persona abiertamente LGBTIQ y que ha llevado su campaña electoral como un disidente sexual es sentar una posición respecto a un criterio y aquel criterio es válido. Habrá otras que, además de valorar la identificación abierta y pública desde la orientación sexual e identidad de género, destacarán que se esté llevando la agenda de derechos humanos, de diversidad sexual y de género. Yo apuesto por esto último.
¿Fue más fácil, a comparación de décadas anteriores, participar en política siendo abiertamente LGBTIQ?
Sí, definitivamente. En particular tengo un análisis de este último proceso (…): por un lado, identifico que hay liderazgos desde nuestras disidencias sexuales formados en política y con una trayectoria de participación en diversos estamentos que potencian más su activismo, y con ello no se puede negar la capacitación constante y fundamental que nos han permitido acceder a diversos espacios de formación, entre ellos, la experiencia de la Escuela de Formación Política EMPODERA y que se gestó gracias a una articulación con el Jurado Nacional de Elecciones, así como otros espacios que apuestan por la continua formación política. En mi caso, vengo -además- de la experiencia del Diplomado Superior de Derechos Humanos y Diversidad Sexual de la FALGBT y CLACSO lo que me ha permitido conocer diversas experiencias de autoridades LGBTIQ cercanas -y ahora amigas-. También reconozco la apertura del debate al interior de los partidos políticos, claro está, seguimos en un porcentaje menor con relación a los partidos que se presentaron, pero quiero mirar con optimismo que ese debate al interior se ha traducido en términos de inclusión de políticas públicas en planes de gobierno o en inclusión de cuotas LGBTIQ o en gestos simbólicos.
Finalmente, los dos puntos anteriormente anotados no serían posible, y lo decimos hasta el cansancio en el activismo, sin la lucha de muchas y muchos compañeros disidentes sexuales quienes hasta hoy siguen librando batallas por el reconocimiento de nuestros derechos y quienes ya nos dejaron. Es fundamental para todas las personas LGBTIQ y otras identidades hacerle el reconocimiento debido.
Que yo esté participando en política, aunque no ha sido fácil, sí ha sido un camino un poco más abierto y eso me lo han dejado mis hermanos y hermanas de lucha. Yo espero seguir luchando desde el espacio político por abrirlo más y que sea el espacio atractivo para toda cabra, traca, maricona que quiera incursionar en política. Sé que será posible.
¿Cómo percibes en Perú la participación política de líderes y lideresas LGBTIQ en la actualidad?
La percibo con optimismo. Quizá sea demasiado optimista frente a un escenario nacional de incremento de discursos de odio y rechazo a nuestros cuerpos disidentes de la cis-heteronorma, pero quiero verlo así. Quizá ese optimismo se potencie, pues conozco al igual que en mi caso a otras y otros compañeros que también están formados en política, con una trayectoria de aportes desde lo social y con años de lucha que, si así lo desean, podrán aportar a los partidos políticos democráticos que tenemos en el país.
¿Existe apertura desde los partidos y organizaciones políticas?
Veo también con optimismo a esos partidos políticos porque milito en uno tradicional que ahora mismo está abrazando la diversidad y donde muchas personas, que estamos dentro, estamos generando esa renovación. Eso entusiasma grandemente. Si en algo puede aportar mi experiencia y llegada a un espacio de toma de decisiones en la capital de mi país como una cabra feminista, disidente y joven es que es posible que los partidos reflexionen cuestiones sociales como la que hoy plantea este discurso latinoamericano de luchas sociales y que sirva para aggiornarse y plantear disputas al interior y que en tanto ello pase busquemos aliados y aliadas. Para mí fue fundamental la alianza de juventudes de Acción Popular, sin el apoyo y respaldo por abrazar la agenda de género y diversidad sexual difícilmente estaría donde estoy ahora.
¿Cuáles consideras son las competencias del gobierno metropolitano en materia de inclusión de las poblaciones LGBTIQ?
El gobierno metropolitano tiene que ser (y será) un gobierno de renovación de la gestión pública, con una mirada abierta al diálogo y a la construcción colectiva, que además reconozca a los movimientos sociales y las luchas que abrazamos. Es curioso que nosotros hayamos dejado de lado esa instancia metropolitana, quizá porque nuestras demandas requieren ser aprobadas por el Legislativo y a nivel nacional, pero es cierto que las decisiones del gobierno metropolitano o gobiernos locales repercuten de manera directa y rápida en la vida de ciudadanos y ciudadanas, a diferencia de las decisiones del gobierno nacional. En ese sentido, la totalidad de competencias que tiene el gobierno metropolitano debe tener esa mirada de género y diversidad sexual que además reconozca nuestras ciudadanías como disidentes sexuales.
¿Qué le compete hacer en materia de políticas públicas?
Entre sus competencias, de manera prioritaria, que además deben formar parte del plan de trabajo del Concejo Metropolitano se requiere retomar la aprobación de una ordenanza contra la discriminación por, entre otras categorías, orientación sexual, identidad de género y expresión de género; desarrollar y difundir ampliamente la capacitación al personal edil respecto a la promoción de derechos LGBTIQ y prevención de las violencias ejercidas contra nuestra comunidad; asimismo, promoción de campañas de salud sexual dirigidas personas LGBTIQ a fin de coadyuvar a reducir los nuevos casos de VIH y sida en poblaciones claves en Lima Metropolitana.
Desde Corresponsales Clave agradecemos la disposición de Manuel para esta entrevista y le deseamos éxitos en su gestión.
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