Más de 60 movimientos feministas de todo el país se concentraron el pasado 28 de septiembre en la plaza Morelos en Bellas Artes, Caracas, para marchar a la Asamblea Nacional de Maduro, en el marco del Día de la Acción por el Aborto Seguro y Legal. Exigieron que se tomen en cuenta los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres de Venezuela.
El 28 de septiembre en el marco del Día de la Acción por el Aborto Seguro y Legal el mundo se tiño de verde. En diversos países de la región se realizaron actividades multitudinarias en torno al tema y Venezuela no fue la excepción. Más de 60 movimientos feministas, hombres, mujeres y otras organizaciones de derechos humanos, se movilizaron hasta el Palacio Federal Legislativo para exigir que la interrupción voluntaria del embarazo sea reconocida como un problema de salud pública y de derechos humanos, y que se deroguen los artículos del Código Penal que la criminalizan.
En las cuentas de Twitter de Provea y la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa (AVESA) se publicaron las declaraciones de una activista que decía: “Son 40 años que las feministas llevamos luchando en Venezuela por la interrupción voluntaria del embarazo, es una deuda que el Estado tiene con las mujeres del país. Esto es un asunto de salud pública, es un asunto de derechos humanos. Diversos comités de Naciones Unidas le han recomendado al Estado venezolano que despenalice el aborto, que flexibilice la norma jurídica que lo mantiene sancionado, son mujeres que pierden su vida, que arriesgan su salud porque la práctica del aborto no se elimina con la penalización. Que esté penalizado lo que genera es más muerte (…)
La interrupción voluntaria del embarazo en Venezuela está penalizada en casi todas sus causales, su norma jurídica nacional es una de las más restrictivas de la región y no ha sido modificada desde hace más de 100 años, planteando castigos de entre seis y 10 años de cárcel, excepto cuando la vida de “la parturienta” esté en peligro.
A pesar de la penalización, si bien no se cuentan con cifras oficiales, según Avesa, por cada cuatro partos atendidos en Venezuela uno es un aborto clandestino, cuyos efectos como la muerte y lesiones incapacitantes lo sufren desproporcionadamente las mujeres, adolescentes y niñas de los sectores más vulnerables del país.
En el Comunicado entregado a la Asamblea Nacional y publicado en la cuenta de la campaña Ruta Verde, las activistas mencionan que: “No existen argumentos científicos ni jurídicos válidos que sustenten la criminalización del aborto, prácticamente sin excepción, aún vigente en Venezuela. Lo previsto en el Código Penal sin modificaciones desde hace más de cien años, no supera una interpretación coherente del marco constitucional e internacional de los derechos humanos (…).”
En el escrito las organizaciones y personas firmantes exigen: 1) Derogar los delitos sobre el aborto previstos en los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal; 2) redactar, con la participación de las organizaciones defensoras de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, la legislación para garantizar el derecho de las mujeres al aborto seguro, de modo que sea discutida en la agenda legislativa 2021-2022; y 3) promover el debate en torno al aborto, basado en los derechos humanos, en la ética y la evidencia científica, libre de consideraciones morales y religiosas como corresponde en un Estado laico.
El 28 de septiembre fue un día histórico para Venezuela, tanto por el encuentro multitudinario de centenares de mujeres que se concentraron para exigir sus derechos ante la Asamblea Nacional como por la posibilidad de que movimientos de diferentes tintes ideológicos caminaran juntos partiendo del reconocimiento de la crisis sistémica e institucional que atraviesa el país.
#AbortoLegalYaVzla
#RutaVerde
Venezuela 
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